La provincia de Buenos Aires, por sus dimensiones se suele describir como “un país”, pero también lo es desde las diversas realidades que conviven en ella.  

Los municipios, que son los primeros estamentos de gobierno que el ciudadano tiene a mano cada vez que tiene una necesidad, en los cuales se hacen más palpables esas diferentes realidades, situaciones y sobre todo las distintas obligaciones y responsabilidades que ellas generan en quienes las conducen y gobiernan, son tratados desde el régimen jurídico vigente como una misma cosa.  

Así, la ley madre que rige la vida y obra de cada municipio, la llamada Ley Orgánica Municipal, que regula lo concerniente a los estamentos de gobierno municipales en cuanto a su composición, competencias y su funcionamiento, el régimen de contrataciones, el régimen tributario, el electoral, sobre los servicios públicos locales, etc., virtualmente no admite ninguna diferenciación de tratamiento para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esta norma, más que un traje a medida, es un chaleco de fuerza.  

Para entender esto, hay que recordar que los municipios en el esquema constitucional provincial siguen teniendo una autonomía relativa, condicionada, y especialmente contraria a lo que manda la Constitución Nacional. Contar con mayor autonomía les permitiría, en esencia, obtener mayores recursos, organizarse y gestionar más adecuadamente las necesidades locales, sin encontrarse atados a un mismo y único ¨molde¨ jurídico-político como en la actualidad.  

Fruto de la evolución en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en 1994 se incorporó a la Constitución Nacional una nueva cláusula relativa a la autonomía municipal, por la que se ordena a las Provincias a garantizarla, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero (art. 123 CN). 

La Provincia de Buenos Aires, que en el mismo año se encontraba también reformando su Constitución local, no adecuó en nada el capítulo provincial referido al régimen municipal, manteniendo el viejo texto de la Constitución reformada en 1934, que nada expresa sobre la autonomía municipal. Esto conllevó una omisión contraria a la manda del artículo 123 de la Constitución Nacional.  

La actual ley que rige el devenir de los municipios de Provincia, como dijimos, se remonta a un anacrónico decreto-ley (“Ley Orgánica de las Municipalidades”) de 1958, texto que lejos de reconocer autonomía municipal, la desalienta. 

Pocos años atrás la Suprema Corte Provincial en una causa iniciada por el municipio de San Isidro, declaró la inconstitucionalidad de la ley de empleo público municipal, en virtud de que este violaba el régimen autonómico que la Constitución de la Nación garantiza a las comunas, exhortándose al legislador a que la garantice. 

Como suele suceder, la falta de iniciativas legislativas provinciales que permitan superar siquiera el férreo molde de la ley orgánica municipal, y mucho menos se vislumbra la idea de modificar la constitución provincial en ese sentido, algunos municipios comienzan a hacer justicia por mano propia. Así vemos que municipios como Castelli, avanzan en la idea de sancionar sus propias cartas orgánicas municipales (Vgr. Constitución Municipal), por las cuales pretenden autorregular las instituciones municipales, aun cuando aparezca como contrario a la Constitución Provincial, y la propia ley orgánica municipal. 

Claro está, los municipios tienen mayores responsabilidades que en otras épocas, y el referido marco jurídico muchas veces resulta ineficiente para satisfacer una demanda vecinal que es creciente. Es tiempo que los municipios cuenten con un marco autonómico que permita un mejor desenvolvimiento en los planos institucional, político, económico, administrativo y financiero.  

La discusión hay que darla, es necesario repensar todo el régimen, sino los hechos se impondrán, como muchas veces, a la norma, y deberá ser la Justicia la que resuelva cuestiones que deben ser anticipadas y resueltas con madurez, por la política.