La Legislatura porteña aprobó un proyecto de declaración mediante el cual le solicita al Gobierno que se condonen las deudas que estas pequeñas y medianas empresas contrajeron durante el aislamiento social obligatorio.
Con la intención de ayudarlas a atravesar la crisis económica que vive el país a raíz de la pandemia del coronavirus, la Legislatura de la Ciudad aprobó -durante la sesión ordinaria de este jueves- un proyecto promovido por los legisladores de la UCR-Evolución, mediante el cual buscan que Gobierno nacional que gestione -a través de los organismos pertinentes- la condonación de las deudas por los servicios públicos que hayan sido adquiridas durante este periodo y exima del pago total y/o parcial hasta la finalización del mismo a todas las PyMEs del distrito capitalino cuyas actividades no se encuentren enmarcadas dentro de las declaradas como esenciales.
En los fundamentos de la medida, explicaron que “como producto de la pandemia del Covid 19, la economía mundial caerá en 2020 un 5% aproximadamente; para Argentina, las estimaciones arrojan un intervalo de contracción de la actividad económica de entre 7% y 10% respecto a 2019”.
Al mismo tiempo los diputados remarcaron que “tomando el mes de abril como primer mes completo de aislamiento obligatorio, la actividad industrial a nivel país cayó más de 25% interanual según el consenso de consultoras privadas. Las únicas dos industrias que experimentaron un aumento leve a moderado en la actividad fueron las del rubro ‘alimentos y bebidas’ e ‘insumos químicos y plásticos’, debido a su carácter sumamente esencial”.
Asimismo indicaron que “la demanda de energía eléctrica funciona como una buena estimación del ritmo comercial e industrial. En abril, en términos interanuales, la demanda de energía eléctrica del Gran Buenos Aires fue 5.5% menor en el segmento intermedio y se redujo 28.7% en los grandes consumos (más relacionado con la actividad industrial)”.
“El Gobierno porteño cuenta con herramientas limitadas para brindar ayuda a estas empresas. Puede hacer una moderada política tributaria o de créditos a través del Banco Ciudad como hoy está sucediendo; pero a diferencia de las Provincias (excluido el GBA) no tiene competencia regulatoria sobre las facturas de los consumos de los servicios públicos de agua, gas natural y energía eléctrica, que se constituyen como uno de los principales gastos de las PYMES debido a que los entes reguladores han resuelto imputar un consumo estimado ante la imposibilidad de lectura de medidores a consecuencia del aislamiento”, concluyeron.
El proyecto recientemente aprobado lleva la firma de Juan Francisco Nosiglia, Ariel Álvarez Palma, Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín, Martín Ocampo, Manuela Thourte, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Evolución).
