Periodistas y especialistas expusieron este viernes sobre el estado de la libertad de expresión en Argentina y los desafíos en materia de nuevas regulaciones, durante una reunión informativa de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, que preside Alfredo Luenzo (Frente de Todos).

Larisa Kejval, directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, enumeró una serie de “prioridades” que deberían abordarse en la agenda legislativa, y en primer lugar sostuvo que “el Estado debe recuperar un rol activo en la regulación para poner límites a la concentración” de medios.

Para graficar el “grave problema de concentración de las comunicaciones”, Kejval indicó que “solo cuatro grupos de medios acaparan el 74% de los diarios impresos y más del 50% de la radio y televisión abierta del país, es decir que unas pocas empresas privadas producen la información que nutre a los argentinos”.

“Los niveles de concentración de la propiedad de los medios se vieron acrecentados por las políticas desregulatorias de los últimos años”, consideró la académica.

Por otra parte, sostuvo que “el Estado debe tener un rol activo en la producción de diversidad y pluralismo” y en ese sentido pidió “poner en valor a los medios comunitarios”.

También remarcó la necesidad de “una ley que garantice la distribución plural y democrática de la publicidad oficial”, así como otra ley “que garantice un plan nacional de conectividad”, y una última que establezca la equidad de género en los medios de comunicación tanto estatales como privados.

Por su parte, Fernando Ruiz, de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), definió a la entidad que preside como “una organización militante en defensa del periodismo, más allá de la posición personal” de quienes ejercen la profesión.

“Cuando una patota entró a Tiempo Argentino en 2016, cuando agredieron a un móvil de C5N la semana pasada o cuando agredieron a Osvaldo Bazán en 2017 siempre estuvo FOPEA defendiendo a esos periodistas”, aseguró, y agregó: “No nos importa si la violación a la libertad de expresión se produjo en el gobierno de (Mauricio) Macri con el espionaje a periodistas o si se realizó bajo un gobierno peronista o kirchnerista”.

Ruiz advirtió que “a veces se usan expresiones muy agraviantes contra el periodismo y desde voces muy potentes se instalan discursos de odio”. “El país está viviendo momentos muy difíciles y eso no se puede agravar trayendo del pasado esos resentimientos”, opinó.

Además, observó que “hoy se acusa a periodistas de formar parte de asociaciones ilícitas, de ser torturadores, de ser parte de una banda de espías”, y a su vez “desde el Gobierno nacional están pidiendo convertir a los medios públicos en medios de propaganda oficial”.

En otro orden, Ruiz advirtió que el denominado lawfare “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción” y además “se usa contra varios de los mejores periodistas del país”.

El expositor insistió en que “hoy se habla de lawfare para no responder las denuncias” y cuando se lo hace, “se responde ante periodistas que nada saben del tema o que son muy afines”.

Momentos después, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, recogió el guante y le respondió a Ruiz: “Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad”.

Por otra parte, la abogada opinó que “como no es atendible que un Estado censure, tampoco es atendible que a través del control de los medios de comunicación un solo sector de la sociedad pretenda moldear de una sola manera la construcción de sentido”.

Además, se refirió al “nivel dramático de concentración de las carreteras por las que circula la información, que son las redes. “Unas pocas personas, con solo apretar un botón, podrían dejar sin conectividad a buena parte de la Argentina”, afirmó, al hablar de la fusión Telecom-Cablevisión.

Peñafort advirtió cómo a través del no acceso a la conectividad pueden verse vulnerados otros derechos, como el derecho a la identidad, dado que para tramitar el DNI es necesario sacar un turno previamente por Internet.

Por eso, propuso “regular el acceso a las redes y que el ejercicio de derechos a los que se accede a través de las redes no tenga una limitación económica”.

En tanto, la periodista Silvia Naishtat, quien además es secretaria de la Academia Nacional de Periodismo, presidida por Joaquín Morales Solá, explicó que esa entidad busca “generar un espacio de debate sobre el periodismo”.

Asimismo, afirmó que “para quienes vivimos la dictadura, decir que no hay libertad de expresión en nuestro país es una falta de respeto a la historia”, aunque consideró que hay que “estar en guardia”.

A su turno, Agustín Lecchi, del SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) consideró que “la libertad de expresión no es un valor individual ni de los periodistas, sino un valor de toda la sociedad”.

Lecchi denunció que durante la gestión de Macri se vivió “la situación más crítica desde la vuelta a la democracia en nuestro país” para el periodismo, con “la pérdida de 4.500 puestos de trabajo a nivel nacional” y “57 empresas de prensa escrita y 45 empresas de radio menos”.

“La concentración creció como nunca antes y eso es un problema, como también es un problema las condiciones de trabajo en las que realizamos nuestras tareas”, sostuvo.

El dirigente gremial advirtió que “no podemos ejercer el periodismo en las condiciones en las que lo estamos ejerciendo. No hay nada más apremiante que tener que tener cuatro trabajos para tener un sueldo digno a fin de mes”.

En ese sentido, dijo que el salario de los periodistas “cayó un 50% en los últimos cuatro años”, y por ese y otros motivos esta semana se realizó un cese de tareas, un “apagón informativo” de dos horas. “No nos gusta hacer estas medidas, pero nos lleva la presión que vivimos todos los días”, dijo.