Por Melisa Jofré

Luego que el oficialismo en la Cámara de Diputados aceptara postergar una semana el dictamen del proyecto de moratoria ampliada -enviado por el Gobierno-, la oposición pidió este martes introducir una serie de modificaciones al texto, durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Legisladores de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo coincidieron en solicitar cambios, entre los que se destacan la exclusión de las empresas en quiebra, la ampliación del plazo para acceder al régimen y un premio a los contribuyentes cumplidores.

Al comienzo del encuentro, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), anunció que la firma del despacho se realizaría el martes próximo y sostuvo que “esta moratoria tiene un doble propósito”.

“Por un lado, facilitar el ingreso de quienes han quedado afuera por distintas situaciones del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras; pero al mismo tiempo, generar un incremento significativo de la recaudación, que se ha caído de manera notable”, señaló.

El oficialista subrayó también que la moratoria “le permite a quien está en una situación irregular, regularizar su situación, pero al mismo tiempo esa regularización tiene una condición que es cumplimiento hacia adelante de las obligaciones”.

Tras la lectura por parte del secretario de la comisión de todos los proyectos presentados sobre el tema, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (Pro), defendió la iniciativa de Juntos por el Cambio y aseguró que el proyecto del Ejecutivo “se trata de dos leyes” en un único texto.

“La moratoria es algo en lo que todos coincidimos”, expresó el santafesino y, aunque consideró que quizás no sea un “buen momento”, es “una de las moratorias más justificadas que yo recuerde”. A continuación, propuso “dar un premio al contribuyente cumplidor” como sucedió en la moratoria de 2016 y resaltó: “Además del premio queremos generar un incentivo”.

Pero, por otra parte, el macrista cuestionó que “lo que tiene también el proyecto adentro es una ley de amnistía; un traje a medida de las necesidades de OIL Combustibles”, la petrolera en proceso de quiebra de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza.

Laspina indicó que se trata de “una cuestión inédita” incorporar a “los quebrados sin continuidad de actividades”, por lo que el artículo 11 del proyecto sería “un precedente muy negativo” y “podría generar gran perjuicio para la hacienda pública”.

En ese sentido, solicitó que la AFIP remita a la comisión “un dictamen técnico” respecto a “la conveniencia” de avanzar con ese punto, además de “un listado de todos los expedientes susceptibles de ser alcanzados por el beneficio”.

“En lugar de darle un salvavidas a una empresa que ya no tiene continuidad de sus actividades, deberíamos estar discutiendo una reforma a la Ley de Quiebras”, opinó y pronosticó que después de la pandemia habrá “una catarata de quiebras”.

En tanto, Luis Pastori (UCR) pidió introducir “una cláusula que incorpore expresamente el impuesto a los Bienes Personales y el impuesto a las ganancias de las personas humanas” para “poner en pie de igualdad a las personas humanas y jurídicas”.

“También deberían estar incorporadas las obras sociales, que tienen una morosidad bastante elevada; y proponemos que tanto el impuesto a los combustibles como el impuesto a las apuestas permanezcan excluidos”, agregó.

El radical sostuvo que habría que “ampliar la ventana temporal de acceso a la moratoria” porque hasta que se apruebe la ley y la reglamente la AFIP, “el 31 de octubre suena muy próximo”, por lo que señaló que “el 30 de noviembre” sería una fecha adecuada de corte para acogerse al régimen, además de “un plazo de espera de tres meses para el pago de la primera cuota”.

Por su parte, Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) planteó que se puedan regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de octubre -en el proyecto original el plazo es hasta el 30 de junio-, y que haya tiempo para adherirse hasta el 31 de diciembre -en la versión oficial es hasta el 31 de octubre-, es decir, un mes más de lo propuesto por Pastori.

También, el legislador del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo apuntó que “más que invitar” a las obras sociales, hay que “proponerles planes de pagos”, al igual que a las ART. Finalmente, manifestó que “algo que reclaman muchos contribuyentes que están al día” es “algún beneficio” para “seguir cumpliendo con el fisco”.

Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá sostuvo: “No estamos de acuerdo con este tipo de moratorias porque son eternas”. Y se quejó de que “grandes empresas” puedan ingresar a una moratoria cuando “han recaudado dinero de terceros, que se lo han quedado en lugar de transferirlo de forma inmediata al fisco”. “Estamos en presencia de un salvataje y un nivel de subsidio a las patronales que es infernal”, enfatizó.

Desde el Interbloque Federal, Jorge Sarghini, autor de otra iniciativa, dijo que habría que excluir “a aquellas deudas que corresponden a los impuestos indirectos en las apuestas online” y, por otra parte, incluir un artículo “en defensa del Estado” para que los beneficiarios de esta moratoria deban “desistir de toda acción o derecho contra el Estado Nacional por causas relacionadas a este régimen”.

Asimismo, el bonaerense coincidió con lo planteado desde Juntos por el Cambio en eliminar el artículo 11 que permite el ingreso de las empresas en quiebra, las cuales “sus causas nada tienen que ver con la pandemia”, porque se produjeron anteriormente, y además “dentro de ésas, hay quiebras fraudulentas”. Y remarcó que tras la crisis económica provocada por la pandemia, “va a haber un pedido de quiebras en cascadas” y “de eso sí nos tenemos que hacer cargo”.

Sarghini también propuso “incorporar un artículo que premie a los buenos contribuyentes” y “que haga de incentivo para la continuidad del cumplimento de estos contribuyentes hasta fin de año”. “Todas las moratorias son injustas”, expresó el legislador de Consenso Federal, al tiempo que reconoció que “es necesaria” en el contexto actual, pero advirtió que hay que “darle mucha equidad interna, tratar igual a los iguales. No hay que beneficiar a nadie en detrimento de otro”.

En representación del oficialismo, Marcelo Casaretto apuntó que en 2018 y 2019 “cayó la actividad económica en Argentina” y hubo, en ese mismo período, más de tres mil concursos preventivos. “Venimos de una situación en la cual quebraron seis empresas por día en 2018, y siete empresas por día en 2019”, recordó.

“Desde el Gobierno tenemos que permitir que esas empresas puedan normalizar su situación impositiva”, defendió y consideró que “tenemos que tenderle la mano a todos”, abarcando “todos los impuestos”.

El entrerriano subrayó que “todos los sectores de la actividad económica y todos los sectores de la sociedad están pidiendo un régimen de moratoria para enmarcarse dentro de la ley”, e insistió: “Todos necesitan la mano tendida del Estado para volver a crecer”.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos (FdT), solicitó que se mencionen específicamente como beneficiarias de la moratoria a las organizaciones comunitarias, que “han tenido un rol tan notable en el propio desarrollo y contención de diferentes acciones que han permitido mitigar el impacto de esta crisis, sobre todo en los sectores más vulnerables”.

Finalmente, Heller sintetizó las cuestiones planteadas y envió un mensaje a la oposición al decir que “el consenso no puede ser una trampa que le da a la minoría la posibilidad de impedir que se aprueben las cosas. El consenso tiene que ser una cosa flexible e inteligente, y una búsqueda del acuerdo”.

“Cuando no hay consenso, vale la voluntad mayoritaria”, sostuvo y añadió: “Sigamos buscando aquellas cosas que podamos dialogar con el Poder Ejecutivo, y podamos ir incorporando y tratar de llegar al mayor consenso posible. Y en las cosas que no tengamos consenso, tendremos que resolverlo como se resuelve democráticamente, construyendo mayorías para una u otra posición”.