Por Melisa Jofré

Luego de escuchar las voces de representantes del sector empresario, quienes plantearon reparos al texto aprobado en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos decidió avanzar con el dictamen del proyecto que propone regular el teletrabajo sin aceptar los cambios sugeridos desde Juntos por el Cambio.

Durante la reunión de este miércoles, el oficialismo avanzó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el pampeano Daniel Lovera, quien tras despedir a los invitados anunció que la postura del bloque era “acompañar la media sanción que vino de Diputados sin modificaciones”.

Si bien el senador consideró que en algunos temas “tenemos grandes coincidencias”, también “tenemos algunos intereses contrapuestos”. “El teletrabajo debe ser regulado, en eso coincidimos todos”, dijo, pero señaló que “esta iniciativa no busca promover el teletrabajo, esa promoción debe darse por otra vía”.

Además, habló de distintos tipos de teletrabajadores que, de acuerdo al rubro o la empresa, cuentan con diferentes condiciones. “Es difícil hacer una ley marco que contenga a todos, porque estamos hablando de una modalidad que según la actividad que sea, es disímil”, argumentó.

Lovera consideró que la media sanción “establece pautas que consideramos fundamentales” y “es imprescindible contar con un marco regulatorio para evitar que se afecten derechos”.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Julio Cobos lamentó: “Pensamos que existía la posibilidad de acordar una ley. Me parece una lástima porque todos entendemos que esto es necesario”. “Tenemos la oportunidad de regular de la mejor manera, pero la mejor manera va a implicar también no generar obstáculos en la generación de nuevo empleo”, advirtió el mendocino.

“Siento bastante frustración. Creía y creo que es un tema que nos podía encontrar y en el cual tener consenso. Creo que esta Cámara debe actuar mejorando las cosas que recibe y no solamente aprobando”, sostuvo el macrista Esteban Bullrich, que alertó que “no hay comprensión de lo que está pasando y lo que va a pasar”.

En ese sentido, el legislador resaltó que “hoy hay competencia en esta área”, como por ejemplo con países como Uruguay y Chile, “porque los límites están desapareciendo”, por eso “esta ley es una herramienta que tenemos para enfrentar ese futuro incierto”.

“No entiendo que no podamos hacer las modificaciones para cambiar esto. Es una muy mala señal del Senado”, agregó.

En nombre del oficialismo, la correntina Ana Almirón sostuvo que “esta nueva realidad social que se nos vino encima con la pandemia nos obliga a nosotros a emitir esta norma”. Asimismo, destacó el “respaldo” que la iniciativa tuvo en la Cámara baja y enfatizó que “hay un gran esfuerzo de todas las trabajadoras y todos los trabajadores, y me parece que este es el respaldo legal que les tenemos que estar brindando”.

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la radical María Belén Tapia, lamentó “el consenso que no fue” porque “fueron días de esperanza en los que sentíamos apertura por parte del oficialismo”. “El hecho de que no podamos ni siquiera sacar una coma, una frase, una palabra…es triste que finjamos que nos escuchamos pero en la práctica no suceda”, completó.

Finalmente, y antes de “hacer circularizar el dictamen” (no fue votado a viva voz), Lovera dijo que podrá ser “el Ministerio de Trabajo o el Poder Ejecutivo” quienes “dentro de las reglamentaciones mejoren algunas de las cosas que hay que mejorar”.

Las opiniones del sector empresario

Al comienzo de la reunión, expuso ante la comisión el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien consideró que la norma “tiene que ser una ley marco, lo suficientemente como para no entrar en contradicciones con la realidad y, además, para permitir que los propios convenios o contratos generen los espacios concretos”.

Además de sugerir un cambio en la definición de teletrabajo, opinó que “no es buena la prohibición de remitir comunicaciones fuera de la jornada, así como también suprimir la obligación de contar con un mecanismo que permita contactar” al empleado, porque esto es algo “impracticable y difícil de verificar” e “incompatible con diferentes usos horarios”, en caso que el empleado trabaje para un empresa en el exterior.

Funes de Rioja señaló que la reversibilidad deber ser “en común” y advirtió sobre el punto relacionado a las tareas de cuidado, evitando “obligaciones u obstáculos de funcionamiento operativo del teletrabajo, que terminen haciéndolo incumpible”. También expresó reparos sobre “la limitación de contratación de trabajadores extranjeros” y el plazo de adaptación de 90 días después de que finalice el aislamiento.

Por su parte, Brenda Puig, líder de la red de abogados de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), subrayó que “esta regulación, que va a trascender la pandemia, debe tener visión de futuro”. “Coincidimos con el espíritu de diseñar un marco general que garantice la protección de trabajadores y al mismo tiempo incentive a las empresas”, manifestó, pero remarcó que la forma en que se propone regular a esta modalidad “puede ser mejorada”.

Al mencionar “cuatro puntos de alto impacto” en la media sanción, propuso modificar la definición de teletrabajo; planteó que “no parece razonable” que la reversibilidad “sea unilateral”, sino que debe ser “bilateral, consensuada y con un plazo de adecuación”; pidió que los gastos de las herramientas de trabajo y los gastos derivados sean no remunerativos; y advirtió sobre la prohibición del contacto del empleador fuera del horario laboral, algo “que no es realizable en la práctica”.

Otro de los invitados fue Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon -entidad que reúne a las empresas prestadoras de servicios basados en el conocimiento-, que expresó: “Nuestra seria preocupación es que esta ley, tal como fue escrita en Diputados, genera condiciones que no son realizables, no son practicables. Y al no ser practicables, estas normas generan contradicciones, que en lugar de favorecer el teletrabajo, lo van a entorpecer”.

“La reversibilidad tiene que ser de común acuerdo, es de sentido común que así sea”, coincidió y cuestionó el hecho de “discriminar al trabajo extranjero”, cuando desde este sector exportan “teletrabajo al mundo, cientos de miles de horas anuales de teletrabajo, son seis mil millones de dólares, la tercera fuente de exportación argentina”.

Galeazzi sentenció que “esta ley no da ventajas, no da beneficios. No benefica al trabajador, a las empresas y a los sindicatos; y va a generar una industria del litigio”.

También expusieron Marcela Dávila, del grupo de entidades empresariales de Córdoba; Leo Bilanski, de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino; Pablo Deluca, de ADEPA; y Ramiro Albrieu, del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).