Con el inicio mismo de la cuarentena, y opacada por el tema sanitario, el accionar de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires fue encontrando terrenos despejados para sus peores prácticas. 

En ese territorio reina por sobre las demás la Bonaerense, que con sus aproximadamente 90 mil efectivos conoce y tiene injerencia en todos los rincones y baldosas de la provincia. 

Por estos días la gravedad de algunos hechos tomo estado público. La desaparición de Facundo Astudillo Castro silenciada durante mucho tiempo y el más reciente asesinato de Lucas Nahuel Verón en La Matanza a manos de una pareja de policías. Si bien todos sabemos que la policía de la provincia es una corporación que perdura más allá de los distintos gobiernos, eso no exime de responsabilidades a los que detentan el poder político. Debo decir que respecto a los dos casos mencionados el gobernador Axel Kicillof tomó una posición muy clara en cuanto a no obstruir las investigaciones. 

Hay otro personaje: Sergio Berni, quien cuando asumió como Ministro de Seguridad se encargó de difundir que Kicillof le ofreció el cargo, pero que él aceptó luego de consultarlo con Cristina Fernández de Kirchner. 

Berni, más allá del personaje que le gusta encarnar, tiene funciones y objetivos claros y no muy distintos a los asignados cuando se desempeñaba en similar cargo en el orden nacional. Recordemos que fue en los hechos Ministro de Seguridad del gobierno de Cristina, aún cuando su cargo formal era de secretario. Les pregunto si recuerdan el nombre de la ministra, yo solo me acuerdo de su apellido, pero no de su rostro. 

Ya por ese entonces y disfrazado con exóticos atuendos de ocasión, su función era la de contener el conflicto social que emergía en años de nulo crecimiento. Trabajadores reprimidos por Gendarmería en la Panamericana, movimientos de desocupados (caso Barrios de Píe, y la CCC) detenidos en Campo de Mayo pueden dar fe de su accionar durante esos años mencionados. 

Ahora es bueno hacer visibles los casos que se acopian recientemente en la provincia que exceden el “gatillo fácil “. Repasemos algunos: represión a los trabajadores del Frigorífico Penta en Quilmes el 10 de Abril pasado con un saldo de 20 heridos; el 3 de Julio en Tolosa, Partido de La Plata, a vecinos que reclamaban por cortes de luz de Edelap la policía los desalojó de la autopista y luego continuó la represión en el mismo barrio, en Abril y Mayo desalojaron a vecinos del barrio 13 de Julio en Jose León Suárez (Partido de San Martín), a los tiros el 10 de Julio desalojaron a más de un centenar de vecinos en Villa Jardín, en San Fernando. La consigna es clara: “Quédate en casa, aunque no tengas un hogar, ni luz, ni agua, ni trabajo y no protestes”. En todos ellos la Bonaerense juega el juego que mejor juega y que más le gusta, claro no por una inclinación lúdica sino a cambio de seguir “administrando el delito”. 

En vistas al escenario post pandemia en el que la puja por quien paga el costo económico y social del que Hebe de Bonafini advierte, es preocupante el rol de la bonaerense que habilita el ministro Berni y consiente el gobernador Kicillof.