Fue en la Comisión de Agricultura, cuando el oficialismo rechazó un proyecto por solo un voto de diferencia, con un diputado opositor sin poder sumar el suyo por teléfono.
La primera reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja celebrada bajo la modalidad remota no ofrecía a priori elementos para la discordia. Más bien lo contrario. Apenas había un proyecto que exhibía discrepancias y por eso se dejó para el final, tal cual anticipó al inicio de la reunión el titular de la comisión, el oficialista José Ruiz Aragón.
Lo cierto es que esa iniciativa y su tratamiento dio tela para cortar.
Por tener que retirarse luego por cuestiones personales habló al principio el diputado riojano Danilo Flores, autor de un proyecto que beneficia al sector olivícola. Valoró que esa área “representa materia exportable y fuentes de trabajo para muchas familias”, y en ese sentido contó que su iniciativa atiende la cuestión del riego, que tiene un “altísimo costo, sobre todo energético, con tarifas dolarizadas”. Algo que hace de esa actividad “inviable”, sino fuera por la asistencia provincial para pagar las facturas. Así las cosas, el proyecto propone la creación de un Registro Nacional de Regantes Olivícolas Electrointensivos, a fin de relevar la cantidad de productores y beneficiarlos. Una iniciativa que en la comisión de asesores fue modificada, atendiendo a que a productores de provincias vecinas les pasaba lo mismo y se terminó haciendo “más inclusiva”.
Otras dos iniciativas relacionadas con la actividad apícola fueron fusionadas. Las mismas atienden a promocionar la producción de un producto que favorece la necesidad de exportación que tiene la Argentina. Se recordó en ese sentido que nuestro país es el segundo exportador a nivel mundial y tercero en producción a nivel mundial.
Entre las iniciativas propuestas, una de la diputada Norma Abdala de Matarazzo, que pide al Ejecutivo se disponga el emplazamiento de una delegación del Instituto Nacional de Vitivinicultura en la provincia de Santiago del Estero, fue objetada por el exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. Conocedor del área, valoró la importancia del INV y preguntó a la autora la finalidad de ese pedido, atendiendo a los problemas presupuestarios del mismo. Como no estaba presente la diputada para defender su iniciativa, se atendió un pedido de Facundo Suárez Lastra de “ver qué opina el Instituto” y verificar si presupuestariamente es viable lo que pide la diputada santiagueña, por lo que se decidió hacer las consultas pertinentes antes de dictaminar.
Se llegó finalmente al proyecto que presentaba diferencias, que consistía en que la Cámara de Diputados expresara su pesar por el fallecimiento de Emilio Juan Gimeno, un referente argentino de la sanidad animal, que en los 90 fue presidente de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Falleció el pasado 14 de febrero, y el homenaje es impulsado por el diputado del Pro Hernán Berisso.
Tomó la palabra la diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe, quien compartió con sus pares “algunas omisiones en las que cae el proyecto”. Aclaró que lo hacía “sin desmedro de la persona en cuestión, sin desmedro de que sus familiares, colegas y seres queridos puedan penar su fallecimiento, o incluso sin dejar de considerar sus conocimientos y aportes científicos”, se estaba omitiendo que “fue director del Senasa en el 80, plena dictadura cívico militar, presidencia de Jorge Rafael Videla”. La diputada kirchnerista aclaró que el Senasa recién en 1996 se estableció como un organismo descentralizado, destacó que “la dictadura cívico-militar fue sostenida también por actores de la sociedad civil” y recordó además que ese organismo tiene trabajadores desaparecidos.
“No me parece una omisión menor y lamento que no haya constado en el proyecto de resolución; por eso el Frente de Todos no va a acompañar este proyecto de resolución”, concluyó.
Intervino entonces el diputado radical Facundo Suárez Lastra, quien aclaró que tenía la disposición de acompañar a su bloque, “si no surge ninguna imputación directa a la acción personal (de Gimeno) que no sea su participación en un período determinado de la historia como funcionario”. De tal manera pidió conocer si había “una imputación directa. Quisiera saber si hay algo más concreto. Por lo que está planteado por Floerncia, me da para acompañar a mi bloque, pero no quisiera acompañar si hay alguna participación directa. Algún cargo específico y concreto”.
Luego de que Florencia Lampreabe aclarara que había quedado “explícito” que el cargo que se le hacía era haber sido “un funcionario designado por la dictadura” y que no estaba haciendo “una imputación directa”, se procedió a la votación.
Quince diputados adhirieron al homenaje -los de los integrantes de Juntos por el Cambio y el exCambiemos Pablo Ansaloni- y 16 negativos, sobre 31 diputados. “El expediente entonces queda en comisión”, señaló el presidente de la comisión, justo cuando el diputado Buryaile le informó que el diputado Alfredo Cornejo reportaba por teléfono su apoyo, pues tenía problemas de conectividad. Como ya había sucedido con la anterior votación, Ruiz Aragón recordó que tanto el mendocino como el resto de los que no habían podido registrar su voto “van a tener todo el día para adherir”.
Sin embargo intervino ahí el subdirector de Comisiones, para aclarar que “si el resultado es que no se dictamina, el proyecto no se va a subir para la firma”. Luego aclaró que el protocolo prevé que el voto se registra “a viva voz o por firma digital”. Y agregó: “Como el proyecto no estaría llegando con la cantidad de firmas”, quedaba archivado. Y respecto de Cornejo, recordó que “tampoco tiene firma digital. En el caso de que no pueda hacer su voto a viva voz, no será registrado”. Buryaile preguntó si no había posibilidad de postergar la firma y el funcionario le aclaró que para subir el proyecto a la plataforma tiene que haber acuerdo.
“Lo que esto está demostrando es que hay gente que quiere votar y no puede, hay que tener en cuenta eso”, apuntó entonces el diputado Pablo Torello, a lo que el subdirector de Comisiones le aclaró que “el protocolo no lo hizo la dirección”.
Antes de concluir la reunión de Agricultura y Ganadería, pidió la palabra la diputada Lucila Lehmann (Coalición Cívica-ARI) para advertir que en esa comisión se estaba obviando el “contexto muy hostil con el sector agropecuario” que se está viviendo y más allá del valor de las iniciativas analizadas no se habían abordado los proyectos de repudio a hechos de vandalismo que se vienen registrando. Eso a pesar de ser casos que van “en contra del Estado”, pues “el 80% de la producción que se vandalizó era para las arcas del Estado. Es importantísimo que esta Cámara repudie lo que viene sucediendo y que el Gobierno ponga los elementos que puedan tener para proteger la vida”.
Se quejó Lehmann también de que el Gobierno había anunciado al mantener las retenciones que habría segmentaciones, pero eso no sucedió. Preguntó entonces cuándo van a reintegrar el dinero que se le está sacando a los pequeños y medianos productores, y concluyó: “Reunirnos en estos momentos y no tocar esos elementos que son de fondo, no es bueno y no es un buen mensaje para nuestros ciudadanos”.
El diputado Javier Campos preguntó entonces si había “alguna razón de fondo” para no hacer lo que pedía su compañera de bancada. Esto es, expresar su repudio hacia lo que son hechos delictivos.
“Usted presenta un proyecto y se trata en la comisión”, le dijo el diputado Ruiz Aragón, a lo que Lehmann volvió a intervenir para insistir en que había varios proyectos presentados a los que no se les había dado lugar para tratar en la comisión. “Bueno, los tratamos en la próxima”, cerró el presidente de la comisión.
