En Diputados debatieron en torno a si está en riesgo la libertad de expresión

En una reunión que se prolongó cuatro horas, periodistas -entre ellos Baby Etchecopar- analizaron la situación del periodismo. Hubo más críticas hacia el gobierno de Macri que a la gestión actual.

Con la ausencia de las dos funcionarias invitadas -la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y la titular del INADI, Victoria Donda-, se celebró este jueves una prolongada reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, que contó con el testimonio de un grupo de periodistas.

Entre los representantes de la prensa habían sido convocados, por parte de la oposición, los periodistas Baby Etchecopar, Cristina Pérez y Viviana Canosa, pero de estos solo el primero estuvo presente de manera remota. Y justamente quien asistió fue destinatario de numerosas críticas de parte de quienes lo sucedieron en el uso de la palabra.

Al inicio, el presidente de la comisión, Waldo Wolff (Pro) se refirió a la ausencia de las dos funcionarias, a quienes dijo que personalmente había enviado invitaciones. En el caso de Donda, aclaró que no hubo respuesta, y en el caso de Frederic, la ministra le pidió que remitiera el pedido de asistencia al presidente de la Cámara, quien a su vez le mandó a él una carta diciéndole que en agosto ella concurrirá a una reunión conjunta. “No aclara si nos va a convocar a nosotros”, apuntó Wolff.

La primera en hablar fue Ángela Lerena, quien arrancó leyendo fragmentos de una solicitada suscripta por más de dos mil periodistas, en las que se indicaba que “no toda crítica puede ser considerada un ataque a la profesión”. La periodista apuntó además que “muchas veces la libertad de expresión parece que fuera privilegio de una élite, los más favorecidos, los que tienen espacios de más visibilidad”.

“Deberíamos mirar un poco más allá de lo que les sucede a los más visibles”, reprochó, y a continuación contó “cosas que le pasan a los trabajadores comunes y corrientes”. En ese marco, recordó cuando “una patota ingresó a Tiempo Argentino, hace cuatro años”, y lo definió como “el ataque más importante contra un medio de comunicación registrado durante la democracia”. En esa oportunidad, dijo, “no sentimos una solidaridad masiva por parte de toda esa élite, que incluye a cámaras empresarias, y hasta el entonces presidente Mauricio Macri llamó a los trabajadores ‘usurpadores’”.

Tras recordar que ese diario hoy sigue funcionando, enumeró una serie de males sucedidos en el ámbito de la prensa durante los últimos cuatro años: “Cincuenta periodistas fueron agredidos durante los últimos cuatro años; 4.500 puestos se perdieron, cerraron empresas y se pagaron salarios en cuotas”.

Lerena señaló los 354 “despidos ilegales” en Télam, rechazados luego por la Justicia, y mencionó también los 65 despidos en Clarín. “Son algunas de las cosas que sufrimos los trabajadores de prensa comunes y corrientes durante los últimos años”, denunció, e insistió en que hoy hay “un montón de medios que están pagando en cuotas los salarios”.

“Algunos periodistas consideran que la libertad de prensa les corresponde solamente a ellos”, remarcó, enfatizando que “la libertad de expresión no es un ticket para que valga todo”.

La cronista citó después el Pacto de San José de Costa Rica y leyó algunos artículos aplicables al caso de la prensa.

A continuación, el periodista Esteban Zunino habló de los límites que están regulados constitucionalmente, criticó “el discurso de odio, incitación a la violencia”, y pidió atender la responsabilidad que les cabe “a los que ejercemos esos derechos”.

“Los límites son la censura directa, el asesinato, la asfixia económica… Ninguno de esos casos se está dando en nuestro país durante los últimos años, salvo excepciones”, comentó, para referirse luego a la concentración mediática: “En Argentina el 80% del mercado de radio está concentrando en los primeros cuatro jugadores; el 92% de la televisión está concentrado en los primeros cuatro jugadores; el 84% de la televisión paga en cuatro jugadores; el 100% de la telefonía está dividido en tres jugadores; el 81% de los servicios de Internet en cuatro jugadores, en una situación de concentración que se extendió como nunca durante los últimos cuatro años durante el Gobierno anterior”. A ese gobierno también le reprochó haber prometido un proyecto de ley de comunicaciones convergentes “que nunca llegó”, y extendió el reclamo al gobierno actual.

“La libertad de expresión -continuó- es un derecho colectivo y si hay personas afectadas son las de menor rango, aquellos que tienen que escribir ocho o diez noticias diarias, lo que atenta contra cualquier criterio de calidad informativa y no son los que suelen victimizarse, ni firman solicitadas con cámaras empresarias”.

A su turno, el periodista Baby Etchecopar aclaró que no iba a victimizarse, para aclarar luego que “la libertad de expresión no se discute: se la tiene o no se la tiene. Es mi punto de vista”.

Lamentó el “terrible momento que pasan compañeros que cobran por debajo de la línea de pobreza”, pero recordó luego haber trabajado “en un multimedio relacionado con el kirchnerismo, y parece ser que la desgracia en este país surgió hace cuatro años”. Por el contrario, habló de trabajo en “condiciones infrahumanas en Radio 10”, donde “los chicos cobran en cuotas, no tienen obra social, y yo fui echado en plena pandemia por no querer adoctrinar… si vamos a la libertad de expresión meramente no sé si lo que molesta de mí es el estilo… la corrupción no tiene sexo. Detrás de la mujer no se defiende a una mujer, se utiliza la misoginia discriminatoriamente para marcar a aquel que a lo mejor pregunta cuando hay un juicio a la vicepresidenta”.

“Hace siete años que vengo sufriendo sistemáticamente, con pruebas y denuncias, los escraches en los teatros, la prohibición de trabajar en municipios kirchneristas”, se quejó a continuación.

Más adelante cuestionó a la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, que “dijo que ya me tienen apuntado, o Victoria Donda, que dijo que gente como yo no debía existir, al mejor estilo goebbeliano”.

Volvió luego a su despido de Radio 10: “Yo pensaba diferente y había que adoctrinar, por eso iba a ir (en su lugar) Pablo Duggan, un excelente periodista, quiero aclarar, y lo recordamos por haber escrito el libro de cómo se suicidó Nisman…”.

“No puedo vivir en un país donde haya un pensamiento único”, deslizó más adelante, para cuestionar luego a lo que definió como “un batallón de diputadas K que organizadas mandan a hacer denuncias para acumular denuncias contra mí, porque hay que silenciar a Baby… no lo digo yo, lo dijeron Lewin y Donda”.

Agradeció al final haberle permitido expresar “esta bochornosa situación que estoy pasando, pero no puedo mezclar una situación gremial. Si no hubiese estado en peligro la libertad de expresión, no estaría hablando”.

En representación del SIPREN, el sindicato de Prensa de Córdoba, su secretaria general, Mariana Mandacovich, dijo compartir lo expresado por Esteban Zunino y Angela Lerena: “La libertad de expresión no está en juego; banalizarlo es muy grave en un país como este que pasó una dictadura. Hay países donde sí está en juego y no podemos banalizarlo”.

Pidió luego diferenciar “opinadores de periodistas”: “Cada cual puede opinar y decir lo que quiera, pero tiene que saber que la función del periodista es central y no se puede decir lo que se quiere sin saber que hay una serie de chequeo de fuentes que tenemos que tener en cuenta. La libertad de expresión sí está en peligro cuando no hay salarios dignos”.

En nombre de FOPEA, Fernando Stanich dijo que resultaba “imposible” estar en desacuerdo con algunos de los colegas que lo habían precedido. “Coincidimos en cuál es la realidad del periodismo, sobre todo en el interior del país”, señaló, reivindicando el carácter federal de su entidad. “Nuestras discusiones exceden a lo que pasa en los grandes medios, o lo que sucede en la Capital Federal”.

Stanich agregó que las amenazas a la libertad de prensa se dan en todos los puntos del país. “Estamos pendientes de eso”, dijo, advirtiendo luego sobre la preocupación que les despierta la precarización laboral, que –aclaró- “viene de antes de la pandemia y venimos alertando que se va a profundizar”.

“Defendemos la calidad periodística, más allá del nombre; no cedemos un centímetro en lo que es la defensa de la libertad de expresión –añadió-. No concebimos una democracia donde no se pueda criticar al periodista, pero eso no puede dar pie a agravios. Que tengan que tener custodia o no puedan salir a la calle por el producto de su trabajo no hace bien a la consolidación de la democracia”.

El representante de FOPEA alertó entonces que “se están profundizando discursos desde algunos sectores que fomentan este tipo de agravios. El periodismo se basa en información, chequeo de datos, pero no defendemos el agravio como forma de hacer periodismo. Lo que hay que potenciar es la tolerancia desde todos los sectores, y eso debe partir fundamentalmente desde los que tienen mayor responsabilidad política en una sociedad. Lo que deben hacer es bajar el discurso de agravio y odio porque esto genera consecuencias directas en un colega de capital o el interior”.

Stanich concluyó afirmando que “desde FOPEA estamos en un proceso de autocrítica” y anticipó que trabajan en un código de ética.

Uno de los más enfáticos al expresarse fue Diego Pietrafesa, de Telefé Noticias y miembro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. “Somos trabajadores de prensa”, repitió adrede varias veces. “Parece que los trabajadores no podemos hablar desde la libertad de expresión, curioso concepto el de Baby Etchecopar”, se quejó.

“Somos nosotros los que hacemos la noticia”, afirmó, denunciando a continuación que los trabajadores de prensa fueron “los que sufrieron un ataque brutal del gobierno de Mauricio Macri”. “Venimos de la peor agresión contra el ejercicio del periodismo libre desde la dictadura: 5.139 puestos de trabajo menos en todo el país; cierre de 57 empresas de prensa escrita y 45 radios, ¿qué otra cosa que un ataque a la libertad de expresión es el silencio de voces y la pérdida de pluralidad y diversidad y la imposición de un discurso cada vez más concentrado?”.

También se ocupó de citar el ataque contra el diario Tiempo Argentino, “entrando en un medio de comunicación con asistencia de los servicios de inteligencia”, y concluyó afirmando que “el periodismo está en emergencia”.

Vicepresidente de FADICA, entidad que nuclea a cooperativas de trabajo relacionadas con la comunicación, Fernando Gómez dijo que “hay que hacer un esfuerzo grande para no banalizar el concepto de libertad de expresión. Quienes se agravian en la libertad de expresión por algún mensaje cruzado o las redes sociales, generalmente tienen la oportunidad de denunciar en un gran medio de comunicación, son los que han dejado en el camino a excelentes periodistas. He visto más excelentes periodistas quedarse sin trabajo que los agraviados”.

Gómez habló de una “profunda concentración de medios” y aseguró que “someter a un medio de comunicación a la asfixia económica crónica es la mejor forma de atacar a un medio de comunicación”.

Fue el turno entonces de Rodrigo Sepúlveda, periodista de Radio Nacional en Mendoza, quien sostuvo que en su provincia “los últimos cuatro años sufrimos persecución ideológica, censura, despidos por ideología”.

“No está en peligro la libertad de expresión en la República Argentina; hay mucho cinismo, descaro”, aseguró, y emprendió contra Etchecopar, quien -dijo- “ha tenido expresiones muy desagradables”.

Habló de periodistas imputados y procesados, y sostuvo que “lo que se ha degradado en la Argentina es el ejercicio del periodismo por parte de algunos. El público es el que debe demandarle a los periodistas que seamos honestos, eso no se está cumpliendo. Cuando existe ese cinismo viene la victimización”.

Cuestionó luego la solicitada suscripta recientemente por periodistas “en apoyo a Luis Majul, quien está acusado de utilizar un programa de televisión para difundir lo que obtenían los servicios de Inteligencia de forma ilegal”.

A continuación Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, celebró “que FOPEA se haga autocrítica, porque siempre estuvo más cerca de las patronales que de los trabajadores”.

Ratificó a su vez “el repudio al espionaje ilegal que abarcó a más de 400 periodistas. Si hay en nuestro país un hecho intimidatorio, se ve reflejado en ese listado. Ese procedimiento de persecución masiva que implementó la AFI de (Gustavo) Arribas para un gobierno que se cargó un récord histórico de despidos”.

Para Carmona, “el Estado debe tutelar para la libertad de expresión, instrumentando mecanismos claros para romper esta concentración hegemónica”, y luego dijo que “hay que generar poderosas leyes antimonopólicas, por eso es vano el debate de si Baby Etchecopar, si Majul, acá no se trata de si son mejores o peores comunicadores; la posibilidad tiene que estar en que todos puedan hablar, desmonopolizando”.

Concluyó su discurso afirmando que “el gobierno de Macri entregando Telecom a Clarín ha generado la mayor concentración de la historia”.

La voz de los legisladores

Concluida la ronda de invitados, el presidente de la comisión, Waldo Wolff, contó que los periodistas de Juntos por el Cambio “hace nueve meses que no son invitados a la Televisión Pública ni a Radio Nacional”.

Por su parte, el radical Fabio Quetglas pidió evitar “los falsos antagonismos”, y al referirse a la asfixia económica a la que se somete a los medios, la atribuyó a que “la economía general es languidecente, y eso no viene solo desde el gobierno de Macri”.

Refutó el término concentración económica, a señalar que “personas que eran ignotas hace cinco años, hoy tienen 2 millones de seguidores”, algo que definió como “el proceso de desconcentración de la palabra pública más importante que existió en la historiad de la humanidad”. Y agregó que “pensar la comunicación bajo el modelo de los medios hegemónicos, que era una realidad y lo es, lo que estoy viendo es lo contrario justamente”.

Como sea, sobre el final de la reunión, la también radical Karina Banfi sugirió diferenciar el fenómeno de las redes sociales de la importancia de los medios de comunicación.

El radical Álvaro de Lamadrid advirtió por su parte que “desde que asumió el Gobierno hay un creciente autoritarismo, un vamos por todo, y una de esas señales el ataque a la prensa, a los periodistas, buscando silenciar, como un saldo pendiente del anterior paso del kirchnerismo por el poder. En esto tiene que ver la vicepresidenta, que es quien gobierna el país”.

El diputado señaló que “desde Juntos por el Cambio siempre hemos manifestado nuestra solidaridad con los ataques a los periodistas; no vemos la misma actitud desde el Frente de Todos. Parece que hay periodistas buenos a los que se debe defender y otros que se merecen los ataques”.

En respuesta a las referencias al ataque en Tiempo Argentino, dijo que ese diario “fue el negocio de unos vivos que usaron la pauta oficial para enriquecerse. Cuando terminó el Gobierno se fueron y dejaron a la gente a la deriva; no hay ni puede haber libertad de expresión con canales que se compraron con la plata de la corrupción y ahora quiere salvar el Gobierno con una moratoria”. Advirtió además sobre “medios que se usan para hacer operaciones y ataques a la oposición. La del Gobierno no es una actitud imparcial de árbitro, sino de embarrar la cancha para que parezca que todos somos iguales, llevadas a cabo con los Oyarbide de turno”.

La kirchnerista Mara Brawer dijo no entender “el apoyo a la victimización de Baby Etchecopar”, enumerando luego una serie de improperios del periodista. Pero advirtió que “esta semana dijo algo muchísimo más grave, pasó un límite: cuando Miriam Lewin dijo que su tarea es lograr que estos discursos de odio no sean escuchados, le contestó: ‘¿cómo va a hacer para que la gente no me escuche, me va a desaparecer’?. Le dijo esto a una persona que estuvo desaparecida en la ESMA”.

Y luego se comparó a sí misma preguntándose qué pasaría si ella dijera que no quiere que se escuchen los discursos de odio “y un periodista me contestara: ‘¿qué vas a hacer, nos vas a hacer jabón?’”.

“No se puede banalizar la existencia o no de la libertad de expresión”, señaló por su parte el diputado del Frente de Todos Marcelo Koenig, que consideró que “uno de los más grades ataques” contra la libertad de expresión, tras enumerar una serie de episodios registrados durante las últimas décadas, “fueron las agresiones físicas, verbales, que recibieron los periodistas de C5N durante la marcha opositora y fascista del 9 de julio pasado. Esto es un atentado liso y llano contra la libertad de expresión”.

“Estoy convencido que son producto de los discursos del odio. Veo con preocupación que se intente defender a estos odiadores seriales”, agregó, para apuntarle a Baby Etchecopar: “Un personaje pequeño y oscuro como el que invitaron no solo está repitiendo un discurso racista misógino, discriminatorio, sino que además eligió una metáfora precisa para referirse a nuestra vicepresidenta: el cáncer… No es la primera vez, el mismo odio pintó en una pared de Barrio Norte viva el cáncer”.

Fernando Iglesias señaló a continuación que él había repudiado enseguida esos episodios. “¿Qué obtuvimos? Un señor que es de C5N nos presentó una denuncia penal a mí y a Patricia Bullrich por ser responsables de una agresión que repudiamos”.

A su turno, Mónica Macha sostuvo que “quienes hoy dicen que la libertad de prensa está en riesgo son, paradójicamente, quienes responden a los intereses concentrados. ¿Saben cuándo estuvo en peligro el derecho a la comunicación? Durante los cuatro años de macrismo, cuando lo primero que se hizo fue dar de baja la Ley de Medios y con ello no solo silenciar voces sino hundir a los medios alternativos, contrahegemónicos y comunitarios”.

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