Las comisiones de la Banca de la Mujer y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado avanzaron este lunes con un proyecto de ley que propone la equidad de género en los medios públicos, e invita a los privados a que adhieran a la norma.

Tras un debate en el que se cuestionaron algunos puntos de la iniciativa, oficialismo y oposición acordaron pasar a la firma el dictamen con el compromiso de que haya aspectos que sean modificados en la redacción antes de su llegada al recinto.

La titular de la Banca de la Mujer, Norma Durango, destacó que el proyecto original “se ha enriquecido” con el aporte de funcionarias de medios públicos, representantes del colectivo trans, de sindicatos y de Periodistas Argentinas, entre otros.

“Las mujeres son minoría en las redacciones, en las emisoras de radio y televisión”, enfatizó la impulsora de la iniciativa, quien detalló que si bien “el 64% de las personas que estudian comunicación son mujeres”, solo “un 30% de las personas que trabajan en las empresas periodísticas son mujeres, y el 24% de las personas afiliadas al sindicato de prensa son mujeres”.

La pampeana sostuvo que “la mirada de la mujer no es mejor que la del hombre, pero es diferente. Por lo tanto, creemos que tener esta equidad de género va a cambiar la mirada de los medios”.

A continuación, el chubutense Alfredo Luenzo (Frente de Todos) -presidente de la Comisión de Medios- advirtió que el artículo referido a las sanciones podía resultar “un exceso” al incluir “la inhabilitación del funcionario” en caso del incumplimiento de la ley.

Por su parte, María Belén Tapia (UCR) consideró que “no se ha escuchado” al sector privado, y remarcó que “no es lo mismo tener un medio de comunicación en Capital Federal que en el interior”. En ese sentido, la santacruceña explicó que la inclusión del colectivo lgbt puede resultar “un impedimiento” para medios pequeños de distintas provincias y se preguntó: “¿Estamos legislando algo que se va a poder cumplir en el país?”.

En tanto, Guadalupe Tagliaferri (Pro) alertó sobre el artículo referido a las sanciones y opinó que sería mejor impulsar “un mecanismo de promoción”, al tiempo que coincidió que “en algunas localidades puede no haber posibilidad de incorporar el cupo trans”, más allá de estar a favor de que la ley lo contemple.

La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) señaló que la iniciativa “claramente está incluyendo” a los medios privados, al expresar que “quedan alcanzados por las disposiciones de la presente todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y privado”.

También afirmó que “la sanción de la inhabilitación de un medio es absolutamente extrema” e insistió en que hay medios del interior “donde hay solamente dos personas que trabajan”. Por eso, sugirió escuchar a representantes de los medios públicos “con poca gente” sobre “la aplicabilidad” que tendría la norma.

Desde el oficialismo, Luenzo garantizó que en el proyecto “no estamos obligando a los medios privados a dar cumplimiento. No están obligados bajo ningún punto de vista”. “Lo público está claramente diferenciado”, dijo, al hacer referencia de que se trata de dos capítulos distintos.

Durante el debate, la jujeña Silvia Giacoppo (UCR) consideró que debería incluirse que “el cupo sea cubierto cumpliendo con las condiciones de idoneidad; no discriminando, pero sí garantizando que no podemos tampoco, por imponer un cupo, no tener en cuenta que estamos hablando de medios”. “La idoneidad es la capacitación mínima para cumplir un cargo”, agregó.

Sobre el cupo para personas trans y del colectivo lgbt, la neuquina Silvia Sapag (Frente de Todos) manifestó que “incluir al colectivo trans y las disidencias es un avance enorme”, mientras que su par Nancy González opinó que este punto, en relación a los medios del interior, es “algo que se puede subsanar en la reglamentación”.

“Si en una localidad nadie (del colectivo) se presente, no pasaría nada”, expresó y subrayó que “estos colectivos están en el interior del país y es donde más se le vulneran los derechos”.

Para Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), “esta ley es más que necesaria”. “A nosotras como mujeres se nos pide siempre como una doble prueba”, sostuvo y criticó: “Me extraña mucho y me llama a la reflexión que el tema idoneidad haya sido de nuevo puesto sobre eje en la Banca de la Mujer”.

“Claramente cualquier persona que quiera ingresar a trabajar a un medio va a tener que requerir idoneidad, lo que nosotros intentamos es que no se le exija el triple o el doble de idoneidad por su identidad sexual o género”, añadió.

Hacia el final de la reunión, Durango, Luenzo y Rodríguez Machado acordaron en que se realicen las modificaciones sobre el artículo referido a las sanciones y una mejor aclaración de que los medios privados podrán “adherir” y no estar obligados, y de esta manera se pasó a la firma el dictamen.