La coincidencia de los más de cuatro meses de cuarentena en diversas formas y grados de control, con posterior relajamiento y deshilachamiento por desobediencia y hastío, nos permiten hacer una evaluación somera de lo acontecido con la seguridad pública en el distrito más poblado del país, la provincia de Buenos Aires. 

En el terreno judicial, la feria generalizada y extendida excepto para fiscalías y juzgados especializados. La inexistencia de un sistema digitalizado plenamente, salvo algún caso de alguna fiscalía de La Plata -fiscalía 17- que implementó de motus propio en forma artesanal y exitosamente el teletrabajo judicial, la generalidad fue de un trabajo a menos de media máquina. 

No se buscaron a los prófugos más peligrosos, sabiendo que sería más fácil que estuvieran en los domicilios conocidos. La señal para la sociedad que cada vez observa más fue la contraria: se proveyó de celulares a los presidiarios y se liberaron a varios de ellos. 

La reducción grande e inicial de los delitos contra las personas fue mutando en el aumento de los delitos contra la propiedad. En contrario, las modalidades de estafas virtuales o la violencia doméstica tuvieron un rápido ascenso, con espasmódicas acciones estatales para prevenirlas. Más de un 44% de aumento de llamadas al 144 línea de asistencia a la mujer lo indican. Faltó planificación y asistencia a las víctimas. 

La máxima autoridad del área seguridad en la provincia, repitió sus apariciones mediáticas y circenses opinando de temas sanitarios, higiénicos, profilácticos, sociales, cual Wikipedia, sumado a despliegues de showman del lejano oeste. 

Poca -o nula- claridad en la conducción de una fuerza sin liderazgo que necesita urgente ser refundada, capacitada y adiestrada. Volver a ser parte y reconocida por la sociedad. Mal pagos, con menores ingresos por la suspensión de adicionales y horas extras, debieron poner el cuerpo para enfrentar a miles de personas mostrando papeles que podía o no, ser permisos de circulación. Mirar sin ver. 

La población se cansó de tanta economía mal administrada, de tanta cuarentena mal encarada, de tanto trabajo perdido, y de tanta inseguridad, sin plan, que se los lleva al cementerio. Hay hastío del encierro. Hay hambre. Ya hay armas dispuestas a ser usadas por la gente de bien común, ante la falta de respuesta de las autoridades legales que deben hacerlo, y por inutilidad manifiesta televisiva, no lo hacen. 

Tal como estaba previsto, la bomba del conurbano iba a explotar, y ninguno de estos científicos tienen la forma de desactivar algo que crearon hace 60 años. 

Mientras aumenta el delito, ¿qué hacen las autoridades? El martes 21, en una reunión del gobernador Kicillof y el ministro Berni con intendentes de la zona sur del conurbano, terminó a los gritos y con el ministro yéndose airado. 

Luego, la discusión fue con la ministra de seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en presencia del gobernador que no puede mantener al perro atado a la cadena. 

Ese es el cuadro al cabo de estos 120 días: personas hastiadas y empobrecidas por el encierro, a merced de delincuentes. El personal policial también empobrecido, arriesgando su salud. El Poder Judicial ausente. Y las autoridades políticas, en riña pública por celos, egos y desplantes. 

Como dijo un gran periodista, en lugar de la inmunidad de rebaño se logró la impunidad de rebaño, se ven los primeros trazos de las malas decisiones y lo que será el reverdecer de la violencia. Los malhechores querrán recuperar el dinero y el tiempo perdido, porque las fuerzas del (des)orden ya mostraron que no tienen voluntad de encarar en serio la problemática.