Diputados del Frente de la Concordia Misionero y el bloque Córdoba Federal firmaron a favor del texto del oficialismo, que sufrió modificaciones. Juntos por el Cambio expresó su fuerte rechazo a mantener la inclusión de empresas en quiebra y presentó su propio despacho.
Por Melisa Jofré
Tras haber incorporado una serie de cambios al texto original, el Frente de Todos avanzó este martes con la firma del proyecto de moratoria, enviado por el Gobierno, y buscará aprobarlo este mismo viernes en el recinto.
El dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda reunió 27 votos a favor, mientras que Juntos por el Cambio presentó un despacho propio que alcanzó las 22 firmas.
Al Frente de Todos lo acompañó Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero), del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que conduce José Luis Ramón; y Pablo Cassinerio (Córdoba Federal), del Interbloque Federal comandado por Eduardo “Bali” Bucca.
Precisamente desde el Interbloque Federal, los diputados Jorge Sarghini y Graciela Camaño (Consenso Federal) -quienes no forman parte de la comisión- manifestaron sus diferencias con lo propuesto por el oficialismo y anticiparon que presentarían sus observaciones. Por lo tanto, se avecina para la sesión una votación dividida dentro de este espacio, que reúne 11 legisladores.
Aunque el Frente de Todos introdujo modificaciones, tales como incorporar beneficios a los contribuyentes cumplidores o eliminar que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de prorrogar el régimen sin pasar por el Congreso, el hecho de mantener el beneficio de moratoria para empresas en quiebra sin continuidad de actividades mantuvo el rotundo rechazo de Juntos por el Cambio.
dictamen-002-PE-2020-DEFINITIVO-0-horasDesde el principal interbloque opositor denunciaron nuevamente una “ley de amnistía”, a medida de los empresarios Cristobal López y Fabián de Sousa, dueños de la petrolera OIL Combustibles, en proceso de quiebra y con una deuda millonaria investigada por la Justicia.
Además de quedar afuera las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART, en los cambios se excluyó también del régimen a las personas humanas o jurídicas que posean activos financieros situados en el exterior; a las entidades financieras; y a las empresas telefónicas, “en la medida de que se verifique que han tenido un aumento en su facturación, en los términos y condiciones que determine la reglamentación, quedando exceptuados de esta exclusión las Cooperativas y MyPYMEs”.
Antes de detallar las modificaciones, Carlos Heller, presidente de la comisión, expresó: “Hemos recogido una cantidad de cosas que entendemos pueden tener consenso y han sido consultadas con el Poder Ejecutivo. No todas las cosas que se plantearon fueron incorporadas, porque tenemos diferencias concretas y profundas; pero hemos logrado un avance en relación a lo que era el proyecto original”.
En tanto, el radical Luis Pastori señaló que había modificaciones “sustantivas” y “en muchos casos recogen pedidos de la oposición”, pero insistió en el desacuerdo absoluto con “incluir a los quebrados sin actividad, en lo que es central OIL Combustibles. Este punto por si solo amerita que presentemos dictamen de minoría”.
En el mismo sentido, su par José Cano remarcó que “todas las coincidencias que podemos tener con el oficialismo quedan en las antípodas de nuestra visión cuando se incorpora a la empresa OIL Combustibles de Cristóbal López, con conclusiones lapidarias por parte de la AFIP durante nuestra gestión y la del actual oficialismo, y con un avance de causas en la Justicia”. “No podemos con una ley garantizar impunidad”, agregó.
En tanto, el macrista Luciano Laspina afirmó que “la moratoria es necesaria, probablemente sea la más justa y necesaria de la historia de las moratorias”. Sin embargo, se preguntó los “criterios” de las nuevas exclusiones y pronosticó que podrían traer “problemas en materia de fallos judiciales”.
“Alguien podría decir, ¿por qué las telefónicas no y las minerías sí?”, subrayó y también planteó “qué va a pasar con las empresas vinculadas al comercio exterior”, en referencia a la no inclusión de las empresas con activos financieros fuera del país.
El vicepresidente de la comisión celebró que “se haya incorporado un premio al contribuyente cumplidor”, aunque “falta la cuestión del incentivo hacia adelante”.
“La diferencia más grande que tenemos es respecto al artículo 11, que el Gobierno no ha modificado, que es la inclusión de las empresas en quiebra sin continuidad de actividades”, dijo y recordó que hay casos de “quiebras fraudulentas” que “han defraudado al Estado”, por lo cual este punto “representa una enorme injusticia y una afrenta al principio de legalidad”.
El santafesino resaltó: “No estamos a favor de la ley de amnistía para OIL Combustibles, que incluye esta moratoria de manera excepcional”. “Jamás en la historia de las moratorias se ha incluido tamaña injusticia”, continuó y consideró que avanzar con esto “es una señal tremenda” y “una vergüenza para este Congreso de la Nación”.
Recogió el guante Heller, quien lo invitó a Laspina a dar un día “un debate público y abierto” sobre “alguna de esas cosas que usted ha dicho”, y recordó entonces que cuando durante el macrismo se debatió el blanqueo tuvo “una enorme indignación cuando vi que se le permitía blanquear a gente que había cometido delitos, había dejado de tributar y se había llevado plata de Argentina”.
“El kirchnerismo también tuvo blanqueos y ahora se está evaluando otro”, retrucó Laspina, a lo que agregó que eran casos “provenientes de evasión tributaria”. “La evasión tributaria es un delito, es una defraudación al fisco”, contestó el oficialista y completó: “Y la plata que se fuga, como se fuga, muchas veces tampoco se sabe cuáles son sus orígenes y de dónde viene”.
A su turno, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, reiteró que “estamos ante una quiebra en plena ejecución, la jueza de la quiebra acaba de ordenar seguir adelante la liquidación de los bienes. En enero de 2020, OIL Combustibles pidió un avenimiento a la moratoria, pero los abogados de AFIP dijeron no a lugar por la defraudación y la causa judicial”.
“Todos sabemos que en esa quiebra hay 100 millones de dólares en bienes. Es una quiebra sin continuidad, ya no hay actividad alguna de la empresa. El 90% de las acreencias las tiene el Estado argentino, es decir que es el primero para cobrar. Sin embargo, le abren la ventana para que tenga doce años para pagar, los eximen a sus dueños de las causas penales y, además, interrumpen el camino judicial. Este es un antecedente gravísimo. Tiene nombre, apellido y domicilio. Les están poniendo a los procesos concursales una mancha negra que ningún gobierno antes se animó”, lanzó.
El cordobés recordó que en la moratoria de diciembre, a través de la Ley de Solidaridad Social que incluyó únicamente a las PyMEs, “no se incorporaron a los combustibles ni a los juegos de azar”. “OIL Combustibles cobró entre 2010 a 2015 el impuesto y no los derivó a la AFIP, sino que hizo nuevas unidades de negocios”, añadió.
En el cierre, el oficialista Dario Martínez manifestó: “Con respecto a las particularidades que plantean, de los trajes a medida: el Gobierno no toma ninguna decisión en ese sentido. El Gobierno toma decisiones en función de seguir movilizando la rueda de la economía”.
“Aquellos que entendían al Estado como una herramienta para beneficiar a un sector, a una persona, poner a un familiar en un decreto… este no es este el espíritu de esta moratoria”, defendió de las críticas el legislador del FdT y sostuvo que se trata de que “una deuda con el Estado, con la AFIP, no sea una traba para que esa rueda gire con dificultades u obligue a cerrar una ventana o despedir un trabajador”.
La nueva moratoria permitirá incluir deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2020 y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. En tanto, se podrá adherir al régimen hasta el 31 de octubre.
