Rigo negó que el IVA del 10,5% sobre la leche “tenga un efecto de incremento del precio”

Ante una inquietud de Juntos por el Cambio sobre el proyecto de ampliación presupuestaria, el secretario de Hacienda sostuvo que la leche que más se consume es la aditivada, cuya alícuota bajará.

Ante la polémica generada en torno a la aplicación del 10,5% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre la leche común, actualmente exceptuada de ese tributo, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, negó que esa medida “tenga un efecto de incremento del precio” y dio las razones del Gobierno.

Durante el debate del proyecto de ampliación presupuestaria en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Rigo respondió a un planteo de Juntos por el Cambio, expresado por el radical Luis Pastori, acerca del artículo 7 inciso “f” de la iniciativa oficial.

Pastori advirtió que mediante esa modificación se busca eliminar del IVA “la exención de la cual hoy goza la leche, ya sea en polvo o fluida, entera o descremada”, que es “la leche de consumo masivo de los sectores populares”, para sumarla al lote de productos gravados con el 10,5%.

Paralelamente, señaló, todas las leches aditivadas pasarán del gravamen actual del 21% al 10,5%. “En eso estamos de acuerdo, pero no así en que la leche común pase del 0% al 10,5%. Será un impuesto que impactará directamente en el precio del producto”, alertó el misionero.

Pero al momento de responder, Rigo contradijo a Pastori y aclaró que “la mayor parte del consumo de leche en el país es de leches aditivadas y fortificadas”, y destacó que “para esa porción se está promoviendo una reducción” de la alícuota.

El secretario de Hacienda reconoció que “es verdad” que en el caso de la leche hoy exenta se incrementa la alícuota al 10,5%, pero consideró que la decisión de no gravar esa leche (efectivizada a través de un decreto en 2019) “no logró un efecto de reducción de precios, sino más bien un incremento”.

Además, observó que “la medida también tenía dificultades técnicas” ya que “al tener que trabajar en la última etapa de la cadena con el producto exento, esto produce en las empresas comercializadoras una acumulación de crédito fiscal, que no puede aplicado justamente por esa razón”.

“Al llevar la alícuota al 10,5%, va a ser posible para esas empresas descargar esos créditos fiscales y eso evitará presiones”, señaló Rigo, y agregó: “No compartimos que esta medida tenga un efecto de incremento en los precios”.

“Consideramos que es un paso que avanza en mejorar y perfeccionar técnicamente una medida (la tasa cero) que se tomó de manera apresurada y que también tuvo planteos de inconstitucionalidad”, concluyó.

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