Es a raíz de los incendios registrados en el Delta del Paraná. La iniciativa tiene como antecedentes los textos aprobados por el Senado en 2013 y 2016.
Los diputados radicales Brenda Austin, Ximena García y Gustavo Menna presentaron un proyecto de ley de "Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales".
"La iniciativa se enmarca en lo que dispone artículo 41 de la Constitución de la Nación, que reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano junto al deber de preservarlo. Es la misma Constitución la que asigna a las autoridades el mandato de proveer a su protección, a utilizar racionalmente los recursos naturales, a preservar el patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica", enfatizaron.
El proyecto promueve la protección de los humedales que son ecosistemas con características diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos, al destacarse por ser fuente de una enorme riqueza de biodiversidad y proveer de servicios como agua y amortiguación de inundaciones, filtrado y retención de nutrientes y contaminantes, almacenamiento de carbono, disminución del poder erosivo de flujos de agua y la estabilización de la línea costera. Son esenciales en la provisión de alimentos para la sociedad y la fauna silvestre, como también de valores culturales.
Austin sostuvo que “los humedales son claves para el sostenimiento de la vida; tenemos una deuda histórica en establecer un marco protectorio que brinde pautas claras y uniformes para su manejo sostenible”.
Argentina es país signatario de la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, en cuyo marco ha designado 23 sitios de protección que cubren una superficie superior a los 5,5 millones de hectáreas. Sin embargo, no se cuenta con legislación interna que establezca pisos mínimos de protección y herramientas de gestión para todos los humedales de nuestro territorio, independientemente de su caracterización internacional. El vacío normativo genera como consecuencia la continua pérdida y degradación de estos ecosistemas, tal como se evidencia a nivel global con una disminución de la superficie de humedales entre un 64% y 71% durante el último siglo.
Por su parte, García señaló que “la necesidad de establecer principios mínimos para conservar y garantizar el uso racional y sostenible de los humedales responde a que tienen un enorme valor biológico, ecológico, cultural y social”.
La santafesina agregó que “su protección se ha transformado en una gran demanda ciudadana, que pudimos comprobar con la condena social y política que han recibido las continuas y masivas quemas de pastizales en el Delta del río Paraná y del río Salado”.
“Avanzar en el ordenamiento territorial de los humedales es una asignatura pendiente para Argentina. Debemos hacerlo contemplando que están considerados entre los ambientes más productivos del planeta, que pueden ser usados racionalmente y que prestan una serie de beneficios ambientales, económicos y sociales que difícilmente puedan ser reemplazados”, dijo por su parte Menna.
Por último, Austin remarcó que “la crisis climática global nos exige dejar de mirar a un costado y nos obliga a abordar la urgente necesidad de resguardar el derecho a un ambiente sano, no sólo como una aspiración a futuro sino para el momento presente. Eso es posible si tenemos claro que el desarrollo sólo es tal, cuando es sostenible”.
La iniciativa fue acompañada por sus pares de Juntos por el Cambio Héctor Stefani, Karina Banfi, Albor Cantard, Graciela Ocaña, Alicia Terada, Jorge Enríquez, Luis Pastori, Claudia Najul, Camila Crescimbeni, Hugo Romero, Mario Arce, Lidia Ascarate, Lorena Matzen, Victoria Morales Gorleri, Alberto Asseff, Josefina Mendoza, Dina Rezinovsky, Virginia Cornejo, Aída Ayala y Gustavo Hein.
Entre los objetivos del proyecto se destacan la identificación de los humedales para garantizar su conservación, uso racional y sostenible; la protección de su valor y potencial estratégico en la mitigación y adaptación al cambio climático; el establecimiento de criterios de conservación y uso que tengan en cuenta su integridad ecológica y su dependencia del régimen hidrológico; la identificación y regulación de actividades que amenazan su integridad; el resguardo de los principios de no regresión, in dubio pro aqua y pro natura, preventivo y precautorio en favor de la protección de los humedales; el libre acceso a la información pública ambiental y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
A su vez, integra las herramientas necesarias para el ordenamiento territorial de los humedales, en el marco de los principios e instrumentos de gestión y política ambiental reconocidos en la Ley General del Ambiente. Para ello prevé la elaboración del Inventario Nacional de Humedales, el Ordenamiento Territorial de Humedales como instrumento clave de gestión del territorio por parte de las jurisdicciones, la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica para la autorización de obras, actividades y usos que posibiliten la gestión y el uso racional y sostenible de los humedales.
Contempla otras previsiones, como las relacionadas con actividades prohibidas, las relativas a la integración y aplicación del Fondo Nacional de Humedales y un sistema de sanciones que busca establecer una responsabilidad administrativa coherente con la magnitud de los daños que podrían ocasionarse en caso de infracciones.
La propuesta del radicalismo fue elaborada en base a los antecedentes del Congreso, especialmente los textos sancionados por el Senado en 2013 y 2016 y la propuesta de anteproyecto de ley del diputado (MC) Juan Carlos Villalonga, sumando a ello las recomendaciones emitidas desde diversos ámbitos científico-técnicos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
