En un acto en Casa Rosada, el presidente anunció el envío de la iniciativa que entre otras cosas amplía el número de juzgados. También presentó el Consejo Consultivo que dará su veredicto sobre la ampliación de la Corte Suprema.
El presidente Alberto Fernández presentó este miércoles el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal que enviará al Congreso en las próximas horas, acompañado por los integrantes del Consejo Consultivo que, en forma paralela, opinarán sobre una posible ampliación de la Corete Suprema de Justicia.
El anuncio tuvo lugar en la Casa Rosada y contó con la participación de funcionarios nacionales, legisladores del oficialismo y la oposición -de forma presencial y remota- y solo una de las integrantes del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco.
“Lo que estamos proponiendo no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”, proclamó el jefe de Estado.
Fernández insistió en que “es hora de tener una Justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una Justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos”.
Explicó que, en términos generales, la iniciativa apunta a “organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la Justicia Federal con competencia penal”.
En primer término, el proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.
Cada uno de esos tribunales, precisó el presidente, actuará con una de las dos Secretarías que actualmente tiene, mientras que la restante se convertirá en Secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.
“Esta lógica de ampliación del número de juzgados, ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal”, puntualizó.
El objetivo es evitar que “el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”, lo que provocó que este fuero “se politizara”.
Fernández argumentó que en la Ciudad, a diferencia de lo que ocurre en la Justicia Federal del resto del país, la competencia para investigar y sancionar delitos entrelazados como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas o el contrabando “se encuentra dividida entre los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico”, y por eso consideró que “es hora de unificarlos”.
Para que el nuevo fuero “comience a funcionar cuanto antes”, se prevé un sistema de subrogancias “que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados, donde intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado, que deberá dar los acuerdos correspondientes”.
El presidente aclaró que este proceso “en nada afecta el principio del juez natural” ya que “la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”.
El proyecto también contempla la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de Tribunales Orales, de Fiscalías y Defensorías.
Asimismo, propone transferir a la Ciudad “la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente”.
El segundo título del proyecto propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo.
Según Fernández, “la experiencia da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”.
En su título tercero, la iniciativa propone un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país, y recoge un proyecto que perdió estado parlamentario, presentado por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y Silvia Elías de Pérez.
Lo que busca el Ejecutivo es reforzar la Justicia Federal con asiento en las provincias y la especialización por materia para evitar la superposición. “Esta idea va en consonancia con nuestro propósito de continuar implementando gradualmente en todo el país el Código Procesal Penal Federal”, explicó Fernández.
El capítulo final del proyecto está dedicado a “una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces federales”, como por ejemplo “evitar comportamientos que indiquen favoritismos”; “evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones” y “comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia”.
El incumplimiento de estas pautas -siete en total- constituirá una causa grave de mal desempeño y estará sujeto a sanciones administrativas y penales.
Fernández estuvo acompañado por los integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, a quienes calificó como “juristas de reconocimiento técnico indiscutido”.
Los elegidos son Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battainiy Omar Palermo.
“Han sido sus sólidos antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan lo que me ha determinado a convocarlos a la tarea de repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público”, destacó el presidente.
Detalló que la tarea de este Consejo será elevar “propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia”, que serán evaluadas por el Ejecutivo y luego enviadas al Congreso.
El jefe de Estado aclaró que los juristas “tendrán plena autonomía y libertad para recomendarme lo que crean conveniente”. “No existe en mi ánimo, contrariamente a lo que muchos han repetido, el deseo de condicionar la decisión de este Consejo Consultivo. Sé de las cualidades intelectuales de cada uno de ustedes y sé que no estarían aquí si se sintieran limitados a expresarse libremente”, dijo a los miembros.
El presidente dedicó buena parte de su discurso a formular un repaso histórico del funcionamiento del Poder Judicial e hizo foco en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, al advertir que “estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”.
En primer lugar, recordó que con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257/15 se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y sus normas complementarias.
A su vez, “la Agencia Federal de Inteligencia volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales”.
“Con el devenir de los días se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno”, cuestionó.
Y agregó: “En ese contexto, la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”.
