Este 8 de julio se cumplieron 25 años del inicio del segundo periodo presidencial de Carlos Saúl Menem. Surgido de una reelección incorporada en la reforma constitucional de 1994, no era esta la única característica destacada de la nueva carta magna que hacía su debut ese día en el poder ejecutivo. Juraba también Eduardo Bauzá como primer jefe de gabinete de ministros.

El Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) es una figura particular. Por un lado, es el único ministro individualizado por la constitución. Esto se debe en parte a su génesis, surgida de un espíritu de los tiempos políticos de aquellos años, de proveer en el ejecutivo una especie de administrador que atenúe el presidencialismo y la hipertrofia presidencial. En el artículo 100 se definen las tareas que le corresponden y se establece la responsabilidad que tiene ante el

Congreso Nacional, dándole a este último más presencia en el espacio público y herramientas específicas para el control de la gestión. Para esto, en el artículo 101, se especifica que debe asistir una vez por mes alternativamente a cada Cámara para informar sobre la marcha del gobierno.

Por otro lado, no cumplir con estos artículos tiene un castigo improbable. La “moción de censura”, así llamado el pedido de responsabilidad política, requiere de una mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras. Incluso en caso de avanzar, para que el JGM sea finalmente removido, se necesita una dificultosa – y casi imposible de conseguir- mayoría absoluta de ambas cámaras. Por ejemplo, Juan Pablo Cafiero, padre del actual jefe de gabinete y entonces diputado, con el proyecto 3518-D-97 fue uno de los primeros legisladores en presentar un pedido de moción de censura al entonces jefe de gabinete de Carlos Menem, Jorge Rodríguez, en relación a conflictos de interés respecto a la privatización de aeropuertos. El requerimiento de mayoría absoluta termina operando como una garantía de estabilidad del JGM, por lo que es claro que los incentivos para cumplir con uno de sus roles es baja. Ante la rigidez de este diseño institucional, que deriva en la frustración de un sistema de articulación de poderes y de frenos y contra pesos, es una buena oportunidad pensar cómo, sin generar la inestabilidad de la figura, el Congreso puede fortalecer los recursos necesarios para mejorar el cumplimiento de su función de control y coordinación, pudiendo no solo exigir la presencia del JGM, sino también acceder de una manera más ágil y eficaz a toda la información que concentra.

Del núcleo de coincidencias básicas para la reforma de la constitución se desprenden las funciones que podríamos denominar básicas del jefe de gabinete: administrar el país, coordinar el gabinete, hacer recaudar las rentas y concurrir al Congreso, tanto a los debates, pero sin poder votar, como a informar sobre la marcha del gobierno. Las tres primeras son funciones ejecutivas, aspectos que sería oportuno también discutir e innovar, y que como observan los expertos varía mucho y opera dependiendo de la dinámica que tenga con el presidente y esto demuestra algún grado de falla. Pero quiero concentrarme en su relación con el poder legislativo. En parte, también, porque siendo julio, y habiendo tenido que tener la presencia del jefe de gabinete al menos ya dos veces, lo estamos haciendo por primera vez.

En el contexto de los 25 años de la jefatura de gabinete de ministros, CIPPEC realizó una reunión entre algunos de los 15 hombres que han ocupado el cargo. Entre las muy ricas conclusiones, hay muchas respecto a las limitaciones o problemas que surgen de función ejecutiva pero pocas de su rol de trabajo con el poder legislativo. Luego de un inicio promisorio con una entrega casi perfecta de los informes y una alta asistencia para rendir cuentas, en el período 2001-2015 estos números cayeron sensiblemente, con la excepción de 2014, llegando a cero en 2015, algo que no había sucedido nunca, con Aníbal Fernández en la cartera.

Durante el gobierno de Cambiemos los números volvieron a un cauce más normal, con casi todos los informes esperados entregados y una mayor presencia del jefe de gabinete.

Ahora, ¿por qué es tan importante que esta dinámica entre legislativo y jefe de gabinete se mantenga? Si entendemos que entre los poderes hay un juego de contrapesos, el jefe de Gabinete es el brazo entre los platillos de la balanza. Una balanza de por sí inclinada, porque el brazo es electo por el ejecutivo, pero una balanza al fin.

El proceso que se lleva adelante en cada visita del jefe de gabinete involucra el envío de múltiples preguntas por parte de los legisladores. En esta ocasión han sido más de 2300, que tras un proceso de clasificación y depuración alcanzaron un total de 1651. El oficialismo no realizó ninguna. Estas preguntas fueron enviadas ya el 28 de mayo, el jefe de gabinete las recepcionó a principios de julio y recién dará su informe ahora; 30 días para recepcionar las preguntas, 30 para dar un informe. Podría considerarse que la situación de la pandemia puede haber influido, pero si la cámara se enorgullece públicamente de la cantidad de reuniones de comisión informativas que ha tenido en este tiempo, otra con el Jefe de gabinete, que tiene tiempos muy medidos por el reglamento, bien podría haberse llevado adelante.

Hay que reconocer, por otro lado, que desde el ámbito legislativo quedan pasos importantes que dar para mejorar el funcionamiento de la dinámica de preguntas como, el grado de sistematización y articulación hacia el interior de los bloques, la utilización de la tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la estandarización, de modo tal de facilitar la interoperabilidad de los datos que produce, pudiendo operar como mecanismo de transparencia para permitir el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue uno de los jefe de gabinete que menos cumplió con esta faceta de su rol institucional. La posibilidad de hacerlo cumplir es limitada y descansa más que nada en la voluntad del partido de gobierno de hacerla valer. En vistas de la resignación por parte del poder ejecutivo de contar con presupuesto para el 2020, dado el contexto de emergencia que se votó en diciembre y sobre todo con el contexto de emergencia y excepcionalidad en el que vivimos desde la llegada de la pandemia, la presencia del jefe de Gabinete en el Congreso de la Nación actuaría como señal que permita generar los espacios para el tan esperado diálogo necesario para enfrentar y salir de la una de las crisis más importantes que transita la Argentina. Más aún, podría serle útil a un ejecutivo que no ha expresado o descree de los planes de gobierno. Su ausencia en estos meses frente a la Cámara que representa al pueblo de la Nación dice mucho al respecto.

Dolores Martínez es diputada nacional de la UCR-Evolución