El Senado realiza desde las 14.33 una nueva sesión virtual, en la que el oficialismo buscará sancionar la ley que regula la modalidad de teletrabajo, cuestionada en algunos aspectos por el sector empresario.

En rechazo a que no se le hayan introducido modificaciones al texto que vino desde la Cámara de Diputados, el interbloque Juntos por el Cambio no acompañará la iniciativa.

Previo a la sesión, la senadora radical Pamela Verasay señaló que el proyecto “ha generado gran controversia y malestar en diferentes sectores”, como federaciones empresarias y de emprendedores.

En ese sentido, remarcó que se “expresaron críticas al exceso de regulación, el desaliento al teletrabajo por la marcada diferenciación entre quien trabaja presencialmente con quien trabaja de forma remota, la reversibilidad unilateral que puede afectar a pequeñas empresas y la generación de un registro burocrático de teletrabajadores, que también afectará más a las empresas medianas y pequeñas”.

Pese a que desde JxC se propusieron cambios, en comisión el oficialismo impuso su dictamen de mayoría tal y como estaba el texto que se aprobó en la Cámara baja.

La iniciativa no fomenta el teletrabajo, sino que establece presupuestos legales mínimos para esta modalidad -extendida con la pandemia del Covid-19- y delega las regulaciones específicas en los convenios colectivos de cada actividad.

La futura ley -que a pedido del sector empresario entrará en vigencia recién 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio– modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando una serie de principios generales.

En primer lugar, se garantiza que la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.

El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual, si es que desea volver a las tareas presenciales.

Este último punto fue uno de los más rechazados por el sector empleador, que reclamó que la reversibilidad sea bilateral y haya un plazo de pre-aviso.

El proyecto considera además el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso; y se contemplan las tareas de cuidado de menores de 13 años, personas mayores o con discapacidad.

Además, el empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica.

Por otra parte, el Senado buscará darle media sanción al proyecto de ley para reestructurar la deuda bajo legislación local, enviado por el Poder Ejecutivo, que propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera. De acuerdo a la iniciativa, se trata de títulos por unos 41.714 millones de dólares.

El oficialismo se había comprometido a, si el Ministerio de Economía así lo aceptaba, modificar a propuesta de Juntos por el Cambio una redacción referida a la cláusula RUFO.