Apretada reforma judicial

Por Gustavo Estigarribia. El periodista sostiene que el país necesita “una verdadera reforma judicial, observando las necesidades de los ciudadanos en pos de la protección de sus derechos y garantías, y no basadas en meros intereses políticos”.

Desde el regreso de la Democracia en 1983, en la Argentina hubo dos claras reformas judiciales y en esas oportunidades el “toma y daca” garantizó los acuerdos previstos por el poder de entonces. En el gobierno de Carlos Menem, hubo acuerdo con los radicales, donde el acuerdo de coincidencias básicas termino en el famoso “Pacto de Olivos”, (Reelección- tercer senador, etc). La incorporación del consejo de la magistratura en la reforma del ´94.  Luego en el gobierno de Néstor Kirchner se acordó con las otras fuerzas políticas y permitió que se terminara con la corte Menemista de Nazareno y compañía, la servilleta de Corach, conocida como la “Pizza y el champagne”, para después terminar en el gobierno de Cristina Fernández con el número inicial de cinco miembros. En este periodo hubo dos reformas del Consejo de la Magistratura.  

Santo Tomas de Aquino consideraba a la Ley natural como una derivación de la razón.

La Justicia, al igual que el límite de edad de los jueces, mencionando también el intento de la democratización de la justicia en 2013. Tal vez se podría destacar que en Argentina es necesaria una verdadera reforma judicial observando las necesidades de los ciudadanos en pos de la protección de sus derechos y garantías y no basadas en meros intereses políticos siendo necesario para ello la participación de diferentes sectores de la sociedad no sólo políticos o juristas, dada las ricas y distintas miradas que se pueden obtener. 

La propuesta presidencial es rechazada por la mayoría de los miembros de la Corte Suprema y por la oposición política, que considera que no es oportuno tratar este asunto complejo e institucional en medio del Covid 19 y la crisis económica.  

Todos los analistas hablan del peso político de esta reforma que divide la biblioteca, pero nadie piensa en los costos que vamos a tener que afrontar los argentinos con estas designaciones, presupuestos, empleados, gastos inmobiliarios, librería, seguridad y gastos varios. Sacar y poner jueces adictos. Todo para encubrir mega causas que están a punto de explotar.  

Ardua tarea tendrá Sergio Massa en buscar consenso a una iniciativa que a partir de un DNU se convierta en una reforma que puede tildarse de inconstitucional. Los bloques diputados cerraron sus puertas y el 2/3 en la Cámara alta va a ser muy difícil aprobar. 

En los próximos días veremos al presidente Fernández, o uno de sus múltiples personalidades, se distrae de su verdadera función para atender los caprichos o necesidades de un sector de su gobierno que está comprometido judicialmente. 

Mientras el doctor Beraldi arma el equipo, pensemos que estos jugadores deben custodiar la tranquilidad jurídica de la corporación política que a su vez debe garantizar la salida de la corrupción en la República Argentina.  

Ningún integrante de la Corte está a favor de esta reforma

La Justicia no puede estar al servicio del poder de turno, porque debe estar a disposición del ciudadano, garantizar el derecho positivo, la propiedad privada y por supuesto un orden social regido por normas que sostengan la democracia. Hace días discutimos un hecho de inseguridad con un jubilado que mato a un delincuente, los pibes como venden drogas o la ola de inseguridad en distintos puntos del AMBA. Reformar el Código con los problemas reales de nuestra gente.  

La vicepresidenta tiene derecho a defenderse, rige el principio de inocencia para todos los ciudadanos, ahora tiene no el derecho de usar el poder del estado para defenderse.  

Los motivos de esta reforma más allá de la distracción que esto suponen, digo porque en la Argentina profunda los problemas reales son otros y no esta reforma. Se acercan las definiciones de las causas de Boudou, además de una colección de causas de Cristina Fernández con distintos exfuncionarios involucrados. Hay que terminar con todos esos procesos que están sustanciados en distintos juzgados, algunos de ellos fuera del alcance de la corporación. En síntesis, vamos por una reforma bastante flojita de papeles. 

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