Con la abstención de Juntos por el Cambio, Diputados aprobó la moratoria ampliada
El proyecto que permite regularizar deudas impositivas, previsionales y aduaneras a todos los contribuyentes recibió 137 votos afirmativos, tres negativos y 113 abstenciones. El interbloque de Negri denunció una “amnistía” al empresario Cristóbal López. El debate pasa al Senado.
Por Carolina Ramos
Tras un debate atravesado por acusaciones de la oposición sobre una supuesta “amnistía” a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de moratoria impositiva, previsional y aduanera, que alcanzará las deudas de todos los contribuyentes vencidas al 31 de julio.
La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo en el contexto de la pandemia del Covid-19 recibió 137 votos afirmativos -del Frente de Todos y los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo-, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio. Los tres votos en contra fueron de Luis Juez (Pro), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
El proyecto, que ahora fue girado al Senado, permitirá regularizar con la AFIP una deuda total de 534.000 millones de pesos, con planes de pago de hasta 60 o 120 cuotas, según el caso, y una tasa de interés inicial del 2% mensual, menor a la de la moratoria vigente desde diciembre.
Si bien todos los bloques de la oposición coincidieron en que “nunca una moratoria estuvo tan justificada” como en el actual contexto, buena parte de la discusión se centró en el artículo 11, que permite adherir al régimen a empresas declaradas en estado de quiebra sin continuidad de la explotación.
Juntos por el Cambio denunció un “traje a medida” para OIL Combustibles, la empresa de López y De Souza, empresarios ligados a la familia Kirchner, mientras que desde el bloque “lavagnista”, Jorge Sarghini coincidió en que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”.
El cierre del debate, cerca de las 23, estuvo a cargo de un encendido Máximo Kirchner, quien le respondió a quienes denunciaron un “plan de impunidad” al recordar que Mauricio Macri asumió como presidente procesado por escuchas ilegales y luego fue sobreseído, y ahora se investiga espionaje ilícito durante su gestión.
El jefe del bloque del Frente de Todos también apuntó al blanqueo de capitales de familiares de funcionarios y la deuda del Correo Argentino. Y tuvo un párrafo aparte para el viaje de Macri a Francia: ironizó que “tiene todo el derecho de viajar por el mundo con su familia” y que “está haciendo lo que le gusta: turismo”, mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner “viajaba (a Cuba) porque tenía a su hija enferma”.
“Moratoria para todos”
El proyecto aprobado amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, incluyendo a todas las personas humanas y jurídicas, esto es, pymes, monotributistas, trabajadores autónomos, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes de barrio y también grandes empresas.
“Esta moratoria ampliada con menor tasa interés está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir, y las que todavía no retomaron su actividad tengan un horizonte mucho más claro en lo fiscal”, explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.
La futura ley permitirá incluir deudas vencidas hasta el 31 de julio de 2020 -el proyecto original establecía hasta el 30 de junio, pero el plazo se amplió-. Se podrá adherir al régimen hasta el 31 de octubre y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. Solo quedarán afuera las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo).
A pedido de la oposición, se otorgará un “premio” a contribuyentes cumplidores. “Los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos, más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que, creemos, es de estricta justicia”, admitió al respecto el radical Luis Pastori.
Debate caliente
En nombre de Juntos por el Cambio, Pastori reconoció que “esta moratoria es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para cumplir no solamente con sus obligaciones fiscales, sino también para con proveedores, compromisos bancarios y pago de sueldos”.
Sin embargo, definió el artículo 11 como “la cláusula Cristóbal López” y advirtió que “con esta ley, la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares” en lo inmediato. “Si a esto agregamos que se incorporan a la moratoria los impuestos a combustibles, juego, apuestas online, la verdad que si no es un traje a medida, que alguien diga exactamente qué es”, sugirió.
En la misma línea, Luciano Laspina (Pro) enfatizó que “hay otra ley dentro de esta ley, que es una ley de amnistía para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios”.
“Ya de por sí las moratorias son moralmente discutibles, pero lo que no se justifica es la señal que le estamos dando a los contribuyentes de que el Congreso, ante un caso de una empresa que se queda con la plata de los argentinos, defrauda al Estado y quiebra de forma fraudulenta, está dispuesto a darle un salvavidas”, consideró.
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió que Cristóbal “era un empresario menor que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador” de Santa Cruz y recordó los nexos entre ambos, investigados en distintas causas judiciales.
Otro diputado que levantó críticas fue Sarghini (Consenso Federal), quien recordó que ya en diciembre, cuando se sancionó la primera moratoria con la Ley de Solidaridad Social, “se excluyeron aquellas empresas que estaban en quiebra y que no tenían continuidad en la explotación, porque era por causas previas” a la pandemia.
“¿Cuál es la razón de que cuando se amplía el universo (de contribuyentes) se traen los quebrados que nada tienen que ver con la crisis de la pandemia? ¿Qué cambió? La única respuesta que recibimos de la titular de la AFIP (Mercedes Marcó del Pont) fue ‘yo como recaudadora quiero a todos’. Es un tanto pobre esa respuesta”, cuestionó.
Desde el oficialismo, el santacruceño Pablo González aclaró que “esta ley no tiene nombre propio”. “Yo diría que salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar en esta ley se llamen Cristóbal López, no podemos ponerle ese nombre a una ley que busca resolver los problemas que tenemos en la Argentina”, aseguró.
Su par Darío Martínez también consideró que “es un error mirar esto como una ley a medida, una ley con nombre y apellido”, y ejemplificó: “Sería un error decir que esta ley es para que Jorge Macri pueda resolver su situación fiscal por la causa 15.690, de 2016; sería un error ponerle ese nombre. Sería un error decir que esta ley tiene el nombre de Gianfranco Macri, que también va a poder ingresar para regularizar la deuda fiscal que tiene por otra causa, pero es un error tomarlo desde allí”.
Martínez destacó que “esta ley le calza a todo el entramado socioeconómico que se vio perjudicado en los últimos cuatro años y ahora vio agravada su situación por la pandemia. Es una herramienta que va a servir para proteger el empleo y la producción”.
Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá advirtió que la moratoria “implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas” y “es una orientación de subsidios al capital, con recursos que no se están colocando en un reforzamiento del sistema de salud y en sostener a los que no tienen ingresos”.