A cuatro meses de haber iniciado el aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus, las legisladoras Myriam Bregman (PTS) y Alejandrina Barry (FIT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución a través del cual exigen precisiones acerca de siete casos de “gatillo fácil” ocurridos en este último tiempo, de los cuales uno ocurrió en el distrito capitalino y seis en la provincia de Buenos Aires, en los cuales intervinieron efectivos de la Policia de la Ciudad cuando no se encontraban de servicio.

De esta manera, las diputadas pidieron detalles de los homicidios de: Rubén Sarso, de 30 años, asesinado el 30 de abril en el barrio porteño de Flores; Maximiliano Nahuel Gómez, cartonero  asesinado el 28 de marzo en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora; Santiago Santucho de 17 años, asesinado el 3 de mayo en el partido de José C. Paz; Alexis Lucero, de 17 años, asesinado el 12 de junio en la localidad bonaerense de La Reja, del partido Moreno; y Augusto Itaurralde, de 25 años, asesinado el 14 de junio en la localidad bonaerense de Plátanos, Partido de Berazategui.

También exigieron precisiones sobre los homicidios de dos jovenes de 23 años, uno de ellos asesinado el pasado 4 de julio en Rafael Castillo y el otro en Rafael Calzada, de los cuales se desconocen sus nombres y apellidos.

En el texto, las legisladoras también pidieron que se “informe si la Policía de la Ciudad de Buenos Aires hace un seguimiento especial de los casos de uso de armas de fuego por parte de los efectivos de la fuerza fuera de su horario laboral”. Así como también que se incorpore información sobre “el relevamiento de la totalidad de los casos y las acciones adoptadas en función de los mismos” y que se añada “informes si existen disposiciones especiales y/o protocolos que los efectivos deben cumplir con respecto al uso de armas de fuego cuando no se encuentran en ocasión de prestar tareas”.

En los fundamentos de la medida, Bregman y Barry advirtieron que “estamos viviendo una gravísima situación de violencia policial en todo el país” y recordaron que señalaron “en reiteradas oportunidades que poner a las fuerzas de seguridad como un instrumento central de control sanitario durante  la actual crisis provocada por la pandemia del Covid 19, empoderando exponencialmente a esas mismas fuerzas conduciría inexorablemente a un aumento en  los casos de violencia institucional”.

“En efecto las fuerzas de seguridad consideran que el rol asignado en el marco de la actual crisis, las habilita a desplegar con más frecuencia prácticas  represivas que incluyen abusos, torturas, golpizas, e incluso aberrantes homicidios de personas indefensas como vimos en los casos oportunamente denunciados de la Provincia de Tucumán”, afirmaron y volvieron a recordar la desaparición de Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años que fue visto por última vez cuando era subido a un móvil de la Policía Bonaerense hace más de 80 días.