La Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el diputado santafesino Marcos Cleri (Frente de Todos), pasó a la firma el dictamen sobre la validez del DNU 636/20, que dispone la derogación de la intervención de la empresa Vicentin, medida que generó un fuerte rechazo de la oposición y distintos sectores de la sociedad.

La marcha atrás fue anunciada por el presidente Alberto Fernández el viernes pasado a través de su Twitter. El nuevo decreto anula el DNU 522/20, del 9 de junio pasado, que hasta ahora nunca se había tratado en la comisión.

En una reunión marcada por reproches -con un momento tenso al principio, durante la intervención del diputado Pablo Tonelli-, tanto el oficialismo como la oposición expresaron su apoyo a la validez del DNU 636.

No obstante, la presentación de dictámenes será hasta este martes al mediodía. Durante el debate, los legisladores de Juntos por el Cambio criticaron los fundamentos, por firmarán su propio despacho, que será de minoría ya que Cleri tiene la facultad de desempate con el voto doble.

Al comienzo, Cleri defendió que “con la intervención lo que se buscó fue poder llevar tranquilidad, certeza a los acreedores de la empresa que está concursada y que está en cesación de pagos desde el 4 de diciembre de 2019”.

El oficialista indicó que la cerealera cuenta “con 27.000 trabajadores de manera directa e indirecta” y tiene “2.700 acreedrores”. “La deuda total de la empresa es cerca de 1.500 millones de dólares”, precisó, la cual se compone “en un 33% por acreedores internacionales; otro 33% en proveedores, acopiadores y productores; y el otro 33% es el Estado Nacional y el sistema financiero nacional”. “Hoy el valor de la empresa está muy por debajo de la deuda total”, agregó.

En sintonía con los fundamentos del Poder Ejecutivo para dejar sin efecto la medida, el diputado remarcó que “desde que se decretó la medida de intervención de la empresa, hubo muchas medidas de obstrucción por parte de los accionistas y también por parte del juez de la ciudad de Reconquista, que no permitió que la intervención se pueda desarrollar con normalidad”.

“El juez de la ciudad de Reconquista, que es el domicilio de la empresa, es el que está llevando adelante el concurso y la quiebra, pero la competencia del juzgado está siendo discutida por muchísimos acreedores”, subrayó y manifestó que esa competencia “la va a tener que definir la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe”.

A continuación, el diputado Pablo Tonelli afirmó: “Por supuesto que estamos de acuerdo con la validez de este decreto”. Y recomendó que “el presidente debería tener presente, no solo en relación a Vicentin sino con todos los problemas del país, que el fin no justifica los medios”.

En ese sentido, el macrista resaltó que aunque los objetivos de la intervención “hayan sido loables o nobles”, el procedimiento elegido “fue una gran equivocación y una gran ilegalidad”.

Al repasar una serie de leyes y artículos del Código Penal y del Código Civil y Comercial, el legislador indicó que “es posible intervenir una sociedad comercial”, pero “solo pueden ser dispuestas por un juez que actúe en el marco de su competencia en una causa concreta”. “Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo tienen facultad para intervenir una sociedad comercial”, apuntó.

“No cabe la menor duda de que el DNU 522 fue definitivamente ilegal, inconstitucional, un avasallamiento y una clara violación de la división de poderes. Lo mejor que podía hacer es derogarlo, hizo bien en derogarlo. Ahora, lamento que al derogarlo no lo haya hecho con los fundamentos correctos y adecuados”, sostuvo y defendió que el juez Fabián Lorenzini -quien lleva la causa- “lo único que ha hecho es ejercer sus atribuciones y facultades”.

Su par Omar De Marchi comenzó cuestionando la forma de convocatoria a la comisión y recordó que el DNU 522/20 -que dispuso la intervención- nunca se debatió en la bicameral. “Y ahora, sorpresivamente, en horas se nos convoca para su derogación”, señaló.

El mendocino advirtió “el Estado está quebrado virtualmente” y “tendríamos que estar generando el clima necesario para que haya inversión privada, para que se produzca una reactivación económica lo más rápido posible”.

“Toda la simbología del Gobierno es exactamente al revés de lo que entiendo el Estado debería hacer para que esas inversiones lleguen”, consideró y criticó que en los fundamentos del DNU de derogación “en vez de decir ‘nos equivocamos'”, el Ejecutivo cargó, entre otros fragmentos, contra “la actividad obstruccionista de los accionistas que fue permanentemente avalada por distintas decisiones judiciales”.

El diputado del Pro enfatizó que “este es un pésimo mensaje, y no solamente para la inversión externa sino para la inversión de chiquitos, medianos, los nuestros”. “El espíritu de la expropiación estaba cargado de ideología”, añadió y dijo que votarían a favor de la derogación del 522, porque lo que hace este nuevo decreto es “enterrar un error gravísimo del Gobierno”.

A su turno, el diputado Pablo Yedlin recordó que desde la oposición “fuimos acusados de querer estatizar, de atacar a la propiedad privada, de traer al comunismo, de transformarnos en Venezuela. Nada de esto era real”. “Se dijo miles de veces que lo que se quería hacer era apoyar a la empresa”, continuó el oficialista.

En su intervención, el tucumano alertó que “la situación que vamos a vivir en los próximos meses en esta zona de Santa Fe no está terminada” y “tendremos que hacernos cargo y ver cómo vamos a resolver la situación de una empresa estratégica en Argentina”.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Gustavo Menna se quejó de los considerandos del DNU 636/20, haciendo “señalamientos contra el juez”. “Me llama la atención que se defienda el atropello del Poder Ejecutivo Nacional”, destacó y añadió: “En vez de hacer autocrítica, le cargamos la romana al juez”.

“Algo a lo que no se hizo mención es a la gran estafa de Vicentin al Banco Nación”, remarcó la diputada oficialista Lucía Corpacci, que apuntó que los “responsables de la maniobra”, en referencia al crédito millonario pedido por la firma, “casi casi logran lo que era impensado: fundir al Banco Nación”.

La catamarqueña señaló que “Vicentin, una empresa que entre 2017 y 2018 creció un 68 por ciento en su patrimonio neto, en el 2019 tiene estrés económico y presenta convocatoria. Cuesta entender esto”.

Finalmente, la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien participó en junio pasado del anuncio de la intervención y expropiación, afirmó que la medida fue legal, basada en los artículos 59 y 60 de la Ley 21.499 -de expropiaciones-. “Fue totalmente constitucional y republicana la medida. El único fin que tenía el Estado Nacional fue la de asegurar las fuentes de trabajo y evitar el despojo a productores”, argumentó.

La oficialista repasó que entre julio y diciembre de 2019 “hubo un proceso de evasión, vaciamiento, fuga de divisas y otros presuntos delitos para evadir la deuda que tenía”. “En este mes y medio el proceso de vaciamiento de la firma ha sido escandaloso, con el brazo de la Justicia, los accionistas y, por supuesto, la ayuda política que ha dado la oposición para que esto suceda”, disparó.

Para la mendocina, al juez de Reconquista “hay que ponerle un manto de sospecha, no solamente por violar e ir en contra de la legislación nacional en materia de expropiación, sino porque al momento de presentarse la firma a concurso” no estaba presentado el balance 2019 y “al día de hoy no aparece”.

“Lamento mucho la situación que se va a desencadenar con todos los productores que están esperando poder cobrar”, completó.

También expusieron durante el debate la senadora María Teresa González (FdT), el diputado Luis Petri (UCR) y la diputada Romina Del Plá (PO-FIT).