El debate sobre la reforma judicial comenzó con cruces picantes en el Senado

Durante la reunión conjunta de comisiones, Juntos por el Cambio cuestionó la oportunidad de la propuesta, pidió conocer el costo y cuestionó la creación del consejo consultivo.

Foto: Comunicación Senado

El debate sobre la reforma judicial arrancó este martes en el Senado con cruces picantes entre el oficialismo y la oposición, en el marco de un plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, con la participación de la ministra del área, Marcela Losardo.

El primero en hablar fue Esteban Bullrich (Pro), quien pidió una estimación del costo de la reforma -algo que la ministra no respondió- y solicitó el giro del proyecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

“Un proyecto de este tipo, que va a tener erogaciones presupuestarias, necesita pasar por la Comisión de Presupuesto. En este momento donde los recursos fiscales son escasos, hay que discutir el destino de esos recursos”, sostuvo.

Por el Frente de Todos, Dalmacio Mera se refirió a la discusión sobre la oportunidad de la reforma y se preguntó “cuál sería el momento conveniente para trabajar en una mejor Justicia”. “El presidente en campaña planteó con claridad que había que reformar la Justicia”, recordó.

El legislador también habló de la polémica en torno al consejo asesor que fue creado por el Ejecutivo. “Nadie hace ninguna mención a que tengan los méritos, se hace una observación a uno en particular”, Carlos Beraldi, el abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese sentido, Mera cuestionó: “No he visto a ningún colegio de abogados defender el libre ejercicio de la profesión”.

También criticó la valoración de la oposición en función de “si tenemos recursos o no” para poner en marcha la reforma, que consideró “oportuna y necesaria”.

Por el contrario, la radical Silvia Elías de Pérez consideró que “claro que tiene que ver” el tema presupuestario, y advirtió que se crean “323 nuevos cargos de jueces fiscales y defensores” que demandarían “1.700 millones (de pesos) solo por el sueldo”, mientras que la infraestructura demandaría “otros 1.000 millones de pesos”.

“Este proyecto no es lo que la gente necesita de la Justicia; es un proyecto a medida para la política”, enfatizó la tucumana.

Por eso, se preguntó si no sería más adecuado “cubrir las 153 ternas que están bajo análisis del Poder Ejecutivo y no se cubren; los 134 concursos que están en el Consejo de la Magistratura; y las 70 renuncias que han tenido con las jubilaciones”, lo que hace a un total de 357 vacantes.

Elías de Pérez también advirtió sobre una “evidente persecución” en la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público para “destituir” al procurador Eduardo Casal, y por otra parte comparó a esta reforma judicial con la de los ’90, tras lo cual le pidió a Losardo: “No escriba nada en ninguna servilleta”.

Pedro Braillard Poccard, también de Juntos por el Cambio, se sumó a las críticas sobre la oportunidad de la ley “en un contexto donde hay una incertidumbre respecto a qué va a pasar con esta maldita pandemia”.

“Hay un montón de dudas en la sociedad de por qué se acelera tanto esta reforma tan ambiciosa, y esto se agrega a los conflictos en la Bicameral (del Ministerio Público) o a declaraciones de importantes referentes que hablan hasta de la reforma de la Constitución”, dijo.

En nombre del oficialismo, Martín Doñate aclaró que “no se trata de garantizarle la impunidad a nadie, sino de lograr una nueva organización de la Justicia” donde “se amplían los juzgados federales, se licúa la concentración de poder en pocos jueces, se le da un papel importante al interior del país y se mejora la transparencia”.

Por otra parte, sostuvo que “nadie puede dudar de que los integrantes del consejo consultivo tienen trayectoria, formación, y vienen de distintas vertientes del derecho para aportarle solidez” a esta reforma.

“No es una cuestión de oportunidad, es cumplir la palabra empeñada. ¿Cuándo sería el momento de reformar la Justicia si no es ahora? La gran mayoría de los argentinos está reclamando una mejor Justicia”, opinó Doñate.

Además, denunció que “los últimos cuatro años de gobierno fueron de los más escandalosos en materia de Justicia desde el regreso de la democracia”, ya que “crearon una ‘mesa judicial’” desde la cual ejercieron “el más brutal lawfare” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, con la participación de funcionarios, periodistas y agentes de Inteligencia.

Sobre el caso de Casal, y como titular de la Bicameral del Ministerio Público, Doñate advirtió que “estuvo meses permitiendo que esté prófugo el fiscal (Carlos) Stornelli (a cargo de la causa de los cuadernos) y nunca consintió su desafuero”.

Laura Rodríguez Machado (Pro) coincidió con sus pares en que “una reforma judicial no es crear más cargos sin solucionar el problema de la morosidad”, y también cuestionó la falta de participación de la oposición en el consejo consultivo.

Por otra parte, le preguntó a Losardo si “hay una decisión por parte del Ejecutivo de modificar la ley que establece que para aprobar el pliego del procurador general se eliminaría el requisito de los dos tercios” en la votación del Senado, algo que la ministra negó tajantemente.

Mariano Recalde (Frente de Todos) consideró que la propuesta oficial “evidencia un ánimo de consenso”. “Tal vez no sea la mejor oportunidad, pero creo que debió haberse hecho mucho antes, y se vio postergada por la pandemia. Era un compromiso electoral que debía cumplirse”, afirmó.

En respuesta a las objeciones sobre la presencia de Beraldi en el consejo consultivo, aclaró que el abogado “no va a tomar ninguna decisión más que aportar su conocimiento junto con otros diez juristas”.

Su par Oscar Parrilli reconoció que la ley “no va a solucionar todos los problemas de la Justicia, pero por lo menos es un camino para empezar a solucionarlos”.

Respecto de la oportunidad, recordó la reforma propuesta en 2017 y 2018, “cuando Argentina se endeudaba a cifras siderales, cuando se destruían empleos y empresas”. “Decir que no es la oportunidad me parece más una excusa que una verdadera razón de Estado”, retrucó.

Tras aclarar que “el texto no está cerrado, no es una imposición”, subrayó: “Lo más importante es que cuando se nombren jueces y fiscales, se nombren hombres probos, honestos, capaces, que no sean presionados ni extorsionados, que no se sometan a ningún poder político o económico y que nos den a todos, sobre todo cuando no estamos en el gobierno, la garantía de que nos van a juzgar con el debido proceso”.

A su vez, Anabel Fernández Sagasti denunció que “la oposición tiene una memoria muy selectiva: cuando les conviene hablar de republicanismo y que ni siquiera se evalúe la posibilidad de un mejor funcionamiento de la Corte, sacan comunicados antes de conocer absolutamente nada, pero cuando gobiernan en sus provincias amplían la Corte y van contra la institucionalidad”.

La oficialista calificó la actitud de Juntos por el Cambio como una “irresponsabilidad institucional gravísima”. “Necesitamos de la oposición para que, entre ambos, decidamos cuáles son las mejores herramientas para la Justicia”, dijo.

Por su parte, Martín Lousteau (UCR-Evolución) preguntó, al igual que Bullrich, sobre la estimación presupuestaria del proyecto. “Tenemos que dar un buen debate respecto de los números, por eso esto debería tener giro a la Comisión de Presupuesto y que tengamos todo el tiempo necesario para debatir”, planteó.

Y añadió: “Obviamente que es necesario una reforma de la Justicia, porque hoy no es ni parcial ni eficiente. Lo que debemos debatir es cuál es la reforma que necesitamos y si realmente es un problema de diseño. Con la parcialidad tenemos que ver la idoneidad y el mecanismo con el que se nombra, y con respecto de la eficiencia debemos poder analizar los números”.

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