La ministra de Justicia y Derechos Humanos expone ante un plenario de comisiones del Senado, que arranca así con el debate del ambicioso proyecto del Poder Ejecutivo.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, destacó este martes que la reforma judicial propuesta por el Poder Ejecutivo “tiene un objetivo claro y concreto: que los ciudadanos reciban un servicio de Justicia eficiente, eficaz, cercano, y que la respuesta a su conflicto llegue en un plazo razonable; es decir, un servicio de Justicia que funcione”.
Así se expresó Losardo al exponer en la primera reunión virtual conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).
La funcionaria explicó que la iniciativa, que recibió fuertes críticas por parte de Juntos por el Cambio, “busca una transformación integral de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias”.
El proyecto se basa en tres dimensiones de la Justicia Federal: “el fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de la CABA; el fortalecimiento de la Justicia Civil con el fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la CABA; y el fortalecimiento de la Justicia Federal con asiento en las provincias”.
En la primera esfera, se propone la unificación del fuero Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico, fusionando la competencia y acopiando las estructuras de todas sus instancias, para crear un nuevo fuero que pasará a denominarse Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, señaló Losardo, el proyecto interviene en las estructuras del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, “porque es indispensable para enfrentar las necesidades que representa el nuevo fuero”.
“Se prevé un mecanismo especial para llevar adelante con mayor celeridad todos los procesos y garantizar la transparencia de los concursos de los cargos que se van a crear”, resaltó la ministra.
En cuanto al segundo aspecto de la reforma, indicó que se propone otra unificación de fueros, para dar lugar al nuevo fuero Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, se incluye una serie de “reglas de actuación” para jueces y magistrados, que apuntan a resolver “deficiencias del sistema de administración de Justicia”, invitando además a la Corte Suprema a que dicte códigos de ética.
Al justificar la creación de este nuevo fuero, donde se unifica el Criminal y Correccional Federal con el Nacional Penal Económico, Losardo explicó que “el número de delitos en los que interviene la Justicia Federal aumentó considerablemente, lo mismo que la complejidad de los hechos”.
La ministra recodó que “la última reforma fue en los comienzos de los ‘90” y actualmente se verifica “una morosidad en el trámite de las causas, sobrecarga de trabajo y movimientos espasmódicos que se producen en ciertos casos, los mediáticamente relevantes según la coyuntura política”.
“Es necesario que exista un mayor número de jueces, si se tiene en cuenta que para la implementación del sistema acusatorio cada decisión jurisdiccional va a requerir la presencia de un juez”, sostuvo.
Al referirse a la nueva estructura, especificó que se crearán “23 cargos de jueces penales federales de la CABA, uniendo los 12 jueces federales de hoy con los 11 jueces penales económicos”, y al dividirse las secretarías, se crearán 46 juzgados en total.
En tanto, habrá 12 Tribunales Orales Federales -sumando los ocho del fuero Criminal y Correccional y los cuatro del Penal Económico- más otros cinco nuevos tribunales, lo que significa un total de 17 TOF, mientras que quedará una sola Cámara de Apelaciones con cuatro salas, dos por cada fuero.
Losardo aclaró que “las causas en trámite continúan ante el mismo juzgado y el mismo juez”, con lo cual la reforma “está lejos de ser caratulada como una garantía de impunidad”.
“Mientras se sustancian los concursos, se prevé un régimen de subrogancias que se aparta de algunos puntos de la nueva ley y busca una mayor transparencia en la designación transitoria de magistrados”, agregó.
En ese sentido, puntualizó que la subrogancia será exclusiva para los actuales jueces federales en lo Criminal y Correccional y se deberá votar en el Consejo de la Magistratura con una mayoría de dos tercios, para luego ser remitida al Poder Ejecutivo, que debe enviar los pliegos al Senado.
Por último, dijo que los subrogantes no podrán subrogar más de un año, con posibilidad de extender ese lapso por seis meses.
Según la ministra, la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo “es necesaria por los conflictos de competencia que se suscitan y el flujo de casos existentes en ambos fueros”, lo que genera “gran litigiosidad y grandes volúmenes de expedientes” vinculados, por ejemplo, a los servicios públicos.
“Esto repercute en una imagen de la Justicia que no da respuestas”, advirtió, y por eso pidió “terminar con estas trabas y contiendas”.
Señaló que en este caso habrá una sola Cámara de Apelaciones compuesta por nueve salas, de las cuales cinco hoy corresponden al fuero Contencioso Administrativo y cuatro al Civil y Comercial. En cuando a los juzgados de primera instancia, se crearán 23, con dos secretarías cada uno.
En este tercer vector de la reforma, Losardo afirmó que se retomó un proyecto de ley que había sido presentado en el marco del programa Justicia 2020 de la gestión anterior con las firmas de Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Rodolfo Urtubey y Luis Naidenoff, entre otros.
Así, se propone la creación de 94 juzgados penales federales de primera instancia en las provincias, para abocarse a delitos como la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando.
La ministra aseguró que hay dos objetivos: “la especialización de los jueces y un número de jueces suficiente para implementar el sistema acusatorio” y lograr “la adecuación progresiva de las nuevas estructuras judiciales al nuevo Código Procesal Penal”.
Por último, Losardo enumeró las “reglas de actuación” propuestas para jueces y magistrados, entre las que se encuentran “mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados; no realizar comportamientos que constituyan favoritismos; garantizar que las personas tengan un trato digno e igualitario; el desapego a los poderes políticos, mediáticos y fácticos; y comunicar al Consejo de la Magistratura sobre posibles intentos de influencia en sus decisiones”.
