Por Melisa Jofré

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado el proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Gobierno nacional. La oposición acompañó al oficialismo en la votación en general de la iniciativa, que resultó con 228 votos a favor, 9 en contra y 16 abstenciones.

La modificación del Presupuesto, fundada en el marco de la pandemia de Covid-19, estima un aumento de gastos por 1.859.583 millones de pesos, equivalente al 6,5% del PBI. De este monto, el 80% se origina principalmente en las prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud.

Tras pedidos de distintos bloques, el Frente de Todos aceptó modificaciones al texto original. Entre ellos -y tras una reunión de diputados oficialistas con el ministro de Economía, Martín Guzmán-, se eliminó la suba del 10,5% del IVA para la leche común, como así también la rebaja del 21% del IVA al 10,5% para las leches aditivadas, un punto que había despertado polémica.

Otro de los cambios fue la incorporación de 10.500 millones de pesos para el Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros. Los recursos serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.

Una cuestión que el oficialismo no aceptó eliminar fueron los artículos 7 y 8, referidos a la posibilidad de que tenedores puedan dolarizar deuda en pesos. En la votación en particular, el 7 se aprobó con 129 votos afirmativos, 125 negativos y 0 abstenciones; y el 8 con 129 afirmativos, 123 negativos y 0 abstenciones.

Acompañaron al Frente de Todos en esta votación los diputados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo José Luis Ramón, Pablo Ansaloni, Luis Di Giacomo, Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach; los legisladores de Córdoba Federal Paulo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo; el justicialista Andrés Zottos y la neuquina Alma Sapag.

De acuerdo al proyecto, se destinarán 90.000 millones de pesos para cubrir el pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y otros 80.000 millones para el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), medidas de asistencia implementadas en medio del parate económico provocado por la emergencia sanitaria.

Además, se contemplan asignaciones al Ministerio de Educación por 1.500 millones de pesos a la iniciativa “Volver a la Escuela”, que apunta a garantizar el regreso seguro a las aulas; y 215,5 millones de pesos al Ministerio de Salud, para la adquisición de insumos para mitigar la pandemia; entre otras partidas.

El debate

Abrió el debate el miembro informante del oficialismo, Carlos Heller, quien destacó que “una parte sustancial” de la ampliación -el 80%- “se corresponde con la agenda de contención y reactivación contra los efectos de la pandemia”.

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda enumeró las modificaciones que se realizaron en el proyecto original, a pedido de la oposición, tales como 10.500 millones de pesos para subsidios al transporte en el interior; 300 millones de pesos destinados al Hospital Posadas; y la eliminación del 10,5% del IVA para la leche común, entre otros.

Además, señaló que se incorporó un artículo para que “el subsidio destinado a Cammesa se distribuya de una manera más equitativa y llegue tanto a los generadores como a los distribuidores de energía”; y otro que “aclara el régimen legal que regula la actividad de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas”.

También, el oficialista precisó facultades otorgadas al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para efectuar modificaciones presupuestarias en tres situaciones en particular (programa Intercosecha, un plan de cloacas en General Roca y el cumplimiento de las condenas firmes a favor de la provincia de San Luis); y explicó y defendió el artículo referido a la posibilidad de dolarizar deuda en pesos.

En tanto, la legisladora Lucía Corpacci justificó que a raíz de la pandemia, el Gobierno “tuvo que salir a comprar equipamiento para todos los hospitales, ropa de trabajo, invertir sumas inmensas en infraestructura sanitaria” y “salir a atender situaciones críticas de la población más vulnerable”.

Asimismo, “empezar a sostener también nuestra industria nacional, nuestras PyMEs, y por eso es que se destinaron fondos para el IFE, el ATP”. “El Gobierno ha demostrado claramente los esfuerzos que hace para lograr la estabilidad social”, ponderó la catamarqueña.

A su turno, el macrista Luciano Laspina anticipó el voto a favor -en general- de Juntos por el Cambio y sostuvo: “No estamos dispuestos a evitar que el Gobierno cuente con las herramientas que necesita para enfrentar la pandemia y, sobre todo, para que los argentinos no pasen hambre y las empresas no quiebren”.

No obstante, el santafesino advirtió que con esta ampliación el déficit fiscal escalará a 42 mil millones de dólares y criticó que el Gobierno no haya contemplado “ninguna medida de austeridad”. También dijo que “un programa de gastos no es un plan económico”, y reclamó que “hace falta esa discusión”.

Anticipando el rechazo a los artículos 7 y 8, el legislador cuestionó que no se le ponga “ningún tipo de restricción a la posibilidad de tomar a valor técnico algo que a valor de mercado vale mucho menos”, y se logre la creación de “un mecanismo para la salida elegante de los fondos PIMCO y Templeton”, cuando “no merecen un trato diferencial”.

En su intervención, el radical Luis Pastori solicitó que se tenga en cuenta la distribución proporcional de las partidas destinadas a las universidades públicas, a fin de evitar “la discrecionalidad” y porque la forma en que estaba planteado había “generado mucha incertidumbre”. Más tarde, Heller aclaró que se hizo lugar a ese cambio.

Por el bloque Córdoba Federal, Paulo Cassinerio detalló que “antes que comience el aislamiento obligatorio, un colectivo que funcionaba en el Área Metropolitana tenía un aporte mensual de 382 mil pesos por parte del Estado Nacional; mientras que para un ómnibus en el interior el aporte del Estado Nacional era de 132 mil pesos”.

Si bien celebró el aumento para los subsidios al transporte del interior, el legislador alertó que “sigue la misma lógica distributiva”, donde “el 71% del dinero queda en el AMBA y el 29% es para las provincias”.

“Acompañamos plenamente esta ampliación del presupuesto”, dijo Jorge Sarghini y expresó que “el aumento del gasto tiene que ver con una necesidad que acompañamos, de un Estado presente”. Sin embargo, el diputado de Consenso Federal afirmó que el artículo 7 “pone una suerte de nube negra en el Presupuesto”.

Sobre esto, el bonaerense manifestó que este punto “dispone de un privilegio, porque dolariza en pesos” y, además, “determina la excepción al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que plantea tres condiciones” respecto a las operaciones de crédito público.

En contra de la iniciativa, el diputado Nicolás Del Caño (PTS-FIT) criticó que el Gobierno haya subordinado “todo su plan económico al acuerdo con los especuladores, con los acreedores externos de la deuda argentina, una deuda completamente fraudulenta”. “Estamos debatiendo una ampliación sobre la base del Presupuesto 2019, es decir, del ajuste diseñado por el macrismo, que inclusive la por entonces oposición del Frente para la Victoria votó en contra”, resaltó.

En el mismo sentido, su par Romina Del Plá (PO-FIT) recordó que “el Presupuesto que estaba vigente es el Presupuesto votado en noviembre de 2018 de ajuste macrista, con el cual sigue gobernando este Gobierno que dijo que iba a cambiar la orientación económica”. “Por eso le quiero decir al diputado Laspina que no se preocupe: el ajuste está presente en todo este proyecto”, lanzó.

Hacia el cierre, tras un debate de cuatro horas, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, pidió que se incorpore 5.000 millones de pesos para un fondo de infraestructura municipal para la provincia de Buenos Aires. “Cuando la pobreza pega, en nuestra provincia pega más; cuando hay desocupación, en nuestra provincia pega más”, sostuvo y consideró que el distrito más grande del país necesita “reactivarse rápidamente”. La propuesta fue aceptada por el oficialismo y aprobada a mano alzada durante la votación en particular.