Con la participación de especialistas, la Comisión de Recursos Naturales dio el primer paso para avanzar en un proyecto conjunto, en el contexto de los incendios en el Delta del Paraná.
Con motivo de los incendios en el Delta del Paraná, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos), comenzó este miércoles con el debate sobre una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales, un tema pendiente desde hace varios años en el Congreso.
“Estamos empezando el tratamiento y la idea es poder debatir de cara a sociedad la construcción de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales”, arrancó Grosso, y destacó que recibió “más de cien solicitudes de organizaciones de la sociedad civil” para participar de las reuniones informativas.
El legislador señaló que a raíz de los incendios en el Delta del Paraná, que impactan en Rosario, “hoy por la mañana, casi como una señal de la naturaleza, el viento nos trajo el humo hasta la Ciudad de Buenos Aires, que pudo ser testigo del impacto de estas prácticas”.
Grosso explicó que hay presentados proyectos de varios bloques, como por ejemplo el Partido Socialista, de la mano de Enrique Estévez, y la Coalición Cívica, a través de una iniciativa de Maximiliano Ferraro.
Además, el oficialista recordó que el tema está en debate desde el año 2013 en el Congreso, donde los proyectos nunca pudieron avanzar. “Cada día que pasa es un día perdido y cada vez está más complicada la situación”, advirtió Grosso.
Elba Stancich, asesora en Agua y Ordenamiento Territorial del Círculo de Políticas Ambientales, abrió la ronda de expositores y enumeró los aspectos que, a su criterio, debería contener la ley, como la definición de “humedal”, la confección de un inventario -acotada en el tiempo y con la posibilidad de establecer áreas prioritarias- y un ordenamiento territorial, algo que consideró como “lo medular de esta ley”.
Stancich también propuso incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y criterios para las categorías de conservación y uso, “sin librar la decisión a cada provincia”, además de la propia asignación de fondos y la contemplación de una moratoria.
La experta además aclaró que “esta no es una ley ‘antiproducción’: las actividades que se desarrollan actualmente sobre los humedales se seguirán haciendo, solo que algunas se tendrán que adecuar a la ley”.
A su turno, Aníbal Faccendini, mágister en Ambiente y Desarrollo Sustentable, resaltó que “hablar de los humedales es hablar de agua, que es un elemento vital y esencial”, y agregó que estos ecosistemas “forman parte de lo que podríamos llamar ‘los nuevos derechos humanos de la tierra’”.
Faccendini advirtió que “hay muchas sospechas e intereses económicos en juego” y pidió “lograr una ley efectiva y práctica”. “Necesitamos un Estado con perspectiva ambiental”, acotó.
“Es necesaria una ley de presupuestos mínimos, pero no alcanza con eso. Los argentinos tenemos un sistema federal que nació para unirnos, no para desunirnos. El tema es cómo lograr también una ley de humedales específica” sobre la situación en las distintas regiones, dijo.
Javier García Espil, abogado, docente y especialista en Administración y Políticas Públicas, se refirió a la “pérdida de la extensión y degradación de las características” de los humedales y reclamó “una definición clara, precisa y operativa” que contemple “dónde hay humedales y dónde no” y “quiénes son los sujetos y territorios alcanzados”.
El especialista también remarcó la necesidad de conseguir “mejor información para aplicarla al ordenamiento del territorio y a la gestión ambiental”, a través de una ley participativa que incluya incentivos “para que no sea un proceso que nunca llegue a su fin”.
“Hasta que no esté el inventario y el ordenamiento, necesitamos ser muy precavidos con las actividades que se realicen”, indicó, y añadió que “no se trata solo de prever recursos o financiamiento sino de asignar esos recursos adecuadamente”.
El ingeniero químico y docente César Mackler defendió el proyecto de Estévez y sostuvo que “son los recursos naturales los que determinan las posibilidades pero también las limitaciones del desarrollo productivo de la región”.
“No debemos modificar estas áreas en función de políticas, planes, programas o proyectos que son diseñados sin tener en cuenta las características del sitio”, consideró.
Por su parte, Julián Monkes, ambientólogo y mágister en Desarrollo Rural, especificó que los humedales comprenden “un cuarto del territorio nacional” y son “sistemas muy heterogéneos” con “diversidad de problemas ambientales y lobbys que operan”, como la minería, la industria y el avance de emprendimientos inmobiliarios.
“Esta ley debería conservar áreas sensibles pero también planificar la producción en los territorios de humedales”, opinó, y se preguntó “de qué nos sirve tener una ley perfecta si después no vamos a contar con apoyo de los actores en territorio para que se cumpla”.
En tanto, la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, relató que “desde febrero se vive una situación muy particular con la quema indiscriminada de las islas” y advirtió que “un tercio de la ciudad de Rosario es territorio devastado, con lo que esto significa para los humedales del Paraná”.
Asimismo, Schmuck anticipó que el Consejo que preside sesionará este jueves en el Municipio de Sastre para poner el tema en agenda.
En la reunión informativa también expusieron Eduardo Toniolli (concejal de Rosario), Fabián Coppiz (Multisectorial por la Ley de Humedales), Laura Prol (Taller Ecologista de Rosario) y Sergio Rinaldi (periodista especializado), entre otros.
A la hora de las expresiones de los legisladores, el santafesino Germán Martínez (Frente de Todos) observó que hay un “enorme malestar social” con la quema de pastizales y consideró que “cuando hay un fuerte consenso en el rechazo, también allí hay un germen y empiezan a gestarse las condiciones para lograr una solución al problema”.
Martínez consideró erróneo creer “que si mañana no hay quema de pastizales estarán resueltos los problemas”, y en ese sentido habló de la pesca, la caza furtiva, los residuos sólidos, el combustible de las embarcaciones, los terraplenes y diques artificiales. “Tenemos que tener una respuesta integral”, concluyó.
Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal) aclaró que “en materia de normas, en realidad, no tenemos tanto débito en el Parlamento, y de hecho los humedales tienen una protección” desde el año 1991, con la adhesión a la Convención de Ramsar.
“El problema es que no tenemos una ley individual, pero el problema va mucho más allá. Tenemos Ley de Bosques, tenemos Ley de Glaciares, tenemos Ley de Ambiente, tenemos una enorme cantidad de legislación. Lo que pasa es mucho más importante y serio: tenemos la necesidad de hacer un cambio cultural. Para nosotros, el hombre es el centro de la escena, y esto nos impide ver que en la escena no está solo el hombre; hay una diversidad increíble, el medioambiente, los seres animales y vegetales”, describió la diputada.
Desde la UCR, Brenda Austin destacó la participación de especialistas y explicó que el artículo 41 de la Constitución Nacional “es muy claro al respecto”, garantizando “un marco protectorio igual en todo el país”, por lo cual “la fijación de los presupuestos mínimos es competencia del Congreso de la Nación”.
La cordobesa recordó que en 2013 y 2016 el Senado avanzó con medias sanciones que luego no prosperaron en Diputados. “La mirada de las provincias ya está sobre la mesa. Hace falta que los diputados recojamos el guante”, enfatizó.
Maximiliano Ferraro, autor de uno de los proyectos en danza, destacó que “nos encontramos ante una oportunidad histórica de saldar una deuda de larga data que tenemos en el Congreso” y alertó que “estos ecosistemas están en peligro y necesitan una atención para que puedan ser preservados”.
“Esta deuda tiene que ver con el ordenamiento de nuestro territorio como instrumento de política pública y de gestión ambiental. Debemos garantizar la conservación y el uso racional de nuestros humedales a través de una ley de presupuestos mínimos, como parte de una agenda de desarrollo sostenible y de una recuperación económica verde”, aseguró.
Otro de los impulsores de la ley, el santafesino Enrique Estévez, coincidió con Camaño en que “estamos ante un debate cultural y las soluciones que tenemos que encontrar son con todos”, por lo cual pidió que el INTA, el CONICET, las universidades nacionales y las organizaciones civiles “no solo opinen, sino que tengan participación real en la ejecución de la ley”.
Estévez explicó que los humedales son “grandes reservorios de agua dulce” y que comprenden “el 20% del territorio nacional”. “Como sociedad tenemos que dar un mensaje claro de que tenemos que cambiar nuestro vínculo con la naturaleza”, insistió.
