Diputados nacionales del radicalismo encabezados por la titular de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, Roxana Reyes, presentaron un proyecto por el cual piden que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Secretaría de Derechos Humanos, intervenga para salvaguardar la integridad física y moral de los trabajadores de la salud ante “la vulneración de los derechos humanos” del personal de salud del Hospital de Río Gallegos, en Santa Cruz. “El sistema de salud está colapsado en la provincia, no se cumplen protocolos y no hay suficiente personal, exigiéndoles sobrecarga horaria, poniendo en riesgo su salud y vulnerando sus derechos humanos”, explicaron.

Además de Reyes, el proyecto lleva la firma de los diputados Gustavo Menna, Lorena Matzen, Karina Banfi, Sebastian Salvador, Campagnoli, Casaress, Acarate, Regidor, Cipollini, Gonzalo del Cerro, Claudia Najul, Mario Arce y Gabriela Lena.

Más allá de las medidas de aislamiento disputas por el Gobierno nacional, la provincia de Santa Cruz, mediante el Decreto 890/20, estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio desde el último sábado en Río Gallegos, en el marco del brote que se inició el pasado 14 de julio. No obstante, el Sistema de Salud de la Provincia, se encuentra colapsado y el pasado 3 de agosto se llegó al 90% de ocupación de las camas de terapia intensiva.

Pero además el total del personal médico afectado a la atención de Unidad de Terapia Intensiva es de 5 personas de planta permanente, con 2 médicos cumpliendo aislamiento por prevención; y sólo 2 o 3 médicos ayudando de manera circunstancial.

Al mismo tiempo, al día de la fecha se encuentran dos médicos en situación de aislamiento, 22 dependientes del Hospital con diagnóstico de Covid-19, y aproximadamente 70 dependientes del hospital en situación de aislamiento. Por otra parte, el total de enfermeros es de 45, encontrándose 13 de ellos en situación de aislamiento.

“En dicho contexto, y ante el evidente avance y aumento de los casos de Covid-19 y demanda de atención hospitalaria, la capacidad de atención resulta claramente ineficiente, tanto en su estructura como en el personal de atención, produciéndose la sobrecarga horaria y exigencia laboral del personal en funciones, y poniéndose además en riesgo su salud y vida, y vulnerando sus derechos humanos”, señaló Reyes.

En el Hospital Regional de Río Gallegos, no se están realizando actualmente pruebas de diagnóstico regular a los trabajadores de la salud, tampoco se ha dado instrucciones precisas para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y tampoco se están garantizando los derechos laborales.

Por todo ello, la oposición sostiene que “ante la amenaza y violación de los derechos humanos del Personal de Hospital Regional de Río Gallegos, solicitamos la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, atendiendo a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 4/2020 Derechos Humanos de las Personas con Covid, en relación a las Directrices sobre la protección de los derechos de las personas trabajadoras de la salud y del cuidado que atienden personas con Covid-19”.

Entre otras cosas, esa resolución establece que “es fundamental que, para la preservación de la vida y el tratamiento del derecho a la salud de las personas con Covid-19, las personas trabajadoras de la salud y del cuidado cuenten con protocolos de bioseguridad para la protección específica y su entrenamiento, lo que incluye la realización de pruebas de diagnóstico regular, que dispongan de equipos de protección personal suficientes y los materiales necesarios para la desinfección y adecuado mantenimiento de ambientes de salud y de cuidado”.

También establece que el derecho al cuidado profesional exige la debida garantía a los derechos laborales de las personas trabajadoras de la salud y del cuidado que deben incluir la protección a su estabilidad laboral, descanso, remuneración justa y adecuada, el debido balance de sobrecarga y largas jornadas de trabajo a las que se exponen, así como la abstención de compeler a que realicen sus funciones cuando se encuentren en riesgo por su condición de salud o por no disponer de equipos o materiales de protección personal y de bioseguridad necesario.