La ministra Gómez Alcorta, el fiscal Rívolo y los abogados Fargosi y Gil Domínguez fueron algunos de los expositores de la jornada de este martes en el plenario de comisiones del Senado.
El debate sobre la reforma judicial en el Senado tuvo este martes su tercera reunión informativa en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, donde funcionarios y especialistas expusieron sobre el proyecto del Poder Ejecutivo, con opiniones a favor y en contra.
La primera en exponer fue la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien sostuvo que “hay que introducir profundas modificaciones a la Justicia Federal”, pero advirtió que la iniciativa oficial “tiene algunos problemas”, y se refirió a las dificultades para implementar el sistema acusatorio con el diseño propuesto.
Martínez consideró que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro, provincias donde ya se aplica ese sistema, que le da prevalencia a los fiscales.
La defensora general cuestionó que “se crea una cantidad muy grande de juzgados (46) y nada más que 14 defensorías”. “El sistema acusatorio, con este déficit, no puede funcionar”, insistió, y pidió “adecuar los números” de cargos que se crean.
En tanto, opinó que “lo único positivo” será que en los concursos “quizá se resuelva el tema de la paridad de género”, dado que el fuero federal “es uno de los que peor está” en ese sentido, siendo en un principio María Romilda Servini la única mujer y habiendo solo dos en la actualidad.
Por su parte, el fiscal federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad Carlos Rívolo fue muy duro y consideró que “este proyecto pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos” con “la instalación definitiva del sistema acusatorio”.
Según Rívolo, “del proyecto no se desprende un análisis cuantitativo y cualitativo que permita determinar si la cantidad de fiscalías asignada en cada provincia es la correcta”, según parámetros como la cantidad de habitantes y de delitos.
El fiscal puso como ejemplo que en la CABA hay actualmente “46 juzgados y 35 fiscalías”, mientras que en la provincia de Buenos Aires, que tiene mayor número de habitantes, “hay 27 juzgados y 19 fiscalías”.
“No se comprende la instalación de juzgados a la vieja usanza cuando debería irse a un colegio de jueces, como se prevé en los sistemas acusatorios”, opinó, e insistió en que se propone “una superpoblación de jueces”.
Paula Livachky, directora ejecutiva del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), aseguró que “lo que se necesita es trabajar sobre la lógica del funcionamiento del fuero federal penal, y para modificarla, este proyecto sigue centrado en una lógica de creación de juzgados y fiscalías que implica una mirada contraria al avance y la implementación del sistema acusatorio tal como se aprobó en la reforma del Código Procesal Penal en 2015”.
La especialista coincidió en que “es necesario que este proyecto tenga algunas modificaciones” para poner en marcha el sistema acusatorio. “No entendemos que se esté planteando la impunidad para nadie, sino que nuestras críticas y observaciones van con la necesidad de cambiar el modelo de funcionamiento de la Justicia Federal en la CABA”, aclaró.
Para Livachky, el sistema “no puede estar basado en la creación de juzgados”, ya que “en general los procesos de reforma son motorizados por el Ministerio Público Fiscal” y en ese sentido hay una “desproporción” entre la cantidad de juzgados creados y la de fiscalías y defensorías.
Además, observó que el sistema inquisitivo, anterior al acusatorio, “tal como vino funcionando, mostró que la hoguera no es una metáfora: mostró detenciones arbitrarias, la imposibilidad de que las defensas hagan su trabajo y el uso de arrepentidos como moneda corriente. Esa es la lógica que hay que cambiar”.
A su turno, el abogado Alejandro Fargosi criticó el proyecto, al sostener que “el problema no es la cantidad de jueces, sino la calidad de los jueces”, y en ese sentido pidió ajustar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo que integró entre 2010 y 2014.
“Si el fundamento de la reforma es el letargo y la politización de la Justicia Federal, lo que hay que hacer no es nombrar más jueces, sino juzgar y remover a los responsables. No debe multiplicarse el problema de los jueces que cumplen mal con su trabajo, sino aplicarles lo que dispone la Constitución y la ley”, consideró.
Además, precisó que “de un total de 988 cargos de jueces, hay vacantes en 291 -casi la tercera parte-, de los cuales 153 tienen ternas en manos del Poder Ejecutivo desde hace siete meses, que podrían perfectamente ser enviadas al Senado para obtener acuerdo y cubrir esas vacantes”.
“El problema no es la cantidad de jueces; el problema es la calidad de los jueces”, algo que “se puede solucionar a través del funcionamiento pleno del Consejo de la Magistratura en lo que hace a sacar del sistema a los jueces que no merecen serlo”, afirmó Fargosi.
A continuación expuso la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien destacó la perspectiva de género en el proyecto de reforma judicial en lo que hace a la selección de jueces y magistrados, y advirtió sobre la baja cantidad de mujeres en la administración de Justicia.
En ese sentido, Gómez Alcorta advirtió que “los procesos de selección están fuertemente sesgados en función de género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones”, lo que produce como resultado que “las sentencias desconocen derechos fundamentales de las mujeres y diversidades”.
La ministra informó que en los juzgados federales de todo el país los titulares son en un 79% varones, y solo un 21% son mujeres, y aportó otros datos: dijo que en la Cámara Federal de La Plata “hay 20 jueces varones y ni una sola jueza mujer”, y que en Salta “hay 11 fiscales varones y ni una sola mujer”.
“Esta información nos demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en los espacios de decisión”, señaló, y definió esta situación como un “techo de cristal”.
Otro de los disertantes en la reunión conjunta fue Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y miembro del consejo consultivo que asesorará al Gobierno, quien sostuvo que la reforma de la Justicia Penal federal con asiento en la CABA tiene “aspectos positivos y negativos”.
Entre los puntos positivos, mencionó la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico, así como la creación de fiscalías y defensorías, pero consideró perjudicial la creación de nuevos tribunales y juzgados. “Los mecanismos de subrogación deben ser excepcionales y la sociedad está agotada sobre este tema”, dijo.
También consideró negativo que “no se establece un mecanismo de procedimiento para dar una respuesta adecuada a aquellos magistrados que no deseen pasar voluntariamente al fuero penal de la CABA o que con motivo de su cargo no puedan ser transferidos”.
Por otra parte, elogió la creación de juzgados en el interior del país y consideró que se trata de “la consolidación de una política de Estado iniciada con el programa Justicia 2020”.
Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del espacio Gente de Derecho, consideró que “por buena que sea la reforma, si sus ejecutores finales” no demuestran “independencia, criterio y valor, la reforma va a fracasar”.
“Hasta la mejor partitura de la historia universal sonaría muy mal si en vez de ser interpretada por la Filarmónica de Viena lo hiciera una orquesta de jueces federales”, ironizó.
Rizzo afirmó que la reforma “tiene que tender a la recuperación de la credibilidad del Poder Judicial” y pidió un “mejoramiento de los procedimientos para lograr brevedad y abaratamiento, para que esto redunde en beneficio de la gente”.
En cuanto a la creación de nuevos juzgados, sostuvo que “no es conveniente que sea la Cámara Nacional de Casación en lugar de la Cámara Federal de Casación la que proponga los subrogantes”, y aseveró que en el caso de los traslados, si falta el acuerdo del Senado, “necesariamente hay que concursar”.
También aseguró que el proyecto contiene “interrogantes no develados”, como “qué ocurriría si no hay 23 postulantes para ocupar los nuevos cargos” y “qué ocurriría con los jueces nacionales en lo Criminal si no optan por pasar a la Ciudad ni tampoco concursar para nuevos cargos”.
En tanto, advirtió que “el traspaso de la Justicia Nacional a la esfera de la CABA no mejorará la situación de los justiciables, generará clientelismo y dependencia de los jueces que actúen en dicha competencia”, a lo que agregó una “más que vidriosa constitucionalidad”.
