La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó este martes la perspectiva de género en el proyecto de reforma judicial en lo que hace a la selección de jueces y magistrados, y advirtió sobre la baja cantidad de mujeres en la administración de Justicia.

En primer lugar, Gómez Alcorta sostuvo, al exponer ante el plenario de comisiones del Senado, que “hay un diagnóstico común sobre el funcionamiento de la administración de Justicia, en particular de la Justicia Federal”, con “respuestas de baja calidad, poca independencia, poca transparencia y lentitud”, lo que deriva en “una credibilidad muy escasa en los jueces”.

A eso sumó los “vínculos promiscuos del Poder Judicial Federal de la Ciudad con los servicios de Inteligencia y el poder político”.

Al referirse al proyecto de ley, resaltó “la autolimitación del Poder Ejecutivo para el envío de las ternas una vez que llegan del Consejo de la Magistratura”, teniendo en cuenta la diversidad de géneros y la valoración de la perspectiva de género en los concursos de oposición y antecedentes.

En ese sentido, Gómez Alcorta advirtió que “los procesos de selección están fuertemente sesgados en función de género y no permiten el acceso a los cargos en igualdad de condiciones”, lo que produce como resultado que “las sentencias desconocen derechos fundamentales de las mujeres y diversidades”.

La ministra aportó cifras: informó que en los juzgados federales de todo el país, incluyendo los de la Ciudad de Buenos Aires, los titulares son en un 79% varones, y solo un 21% son mujeres.

Precisó que hay cifras similares en los tribunales orales federales y en las defensorías, mientras que en las cámaras federales la brecha es “un poco menor” y en las fiscalías es mayor, con un 79,8% de hombres y un 20,2% de mujeres.

Gómez Alcorta puso como ejemplo extremo la Cámara Federal de La Plata, donde “hay 20 jueces varones y ni una sola jueza mujer”, y agregó que en Salta “hay 11 fiscales varones y ni una sola mujer”.

“Esta información nos demuestra la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de mujeres en los espacios de decisión”, señaló, y definió esta situación como un “techo de cristal”.

Si bien reconoció que “no alcanza con la incorporación de mujeres” en el Poder Judicial, destacó que “es una de las herramientas” para mejorar el sistema, acompañada por la Ley Micaela y la mencionada valoración del género en los concursos.

Al finalizar, Gómez Alcorta sostuvo que “se deben transformar algunos aspectos estructurales” de la Justicia, y en ese sentido habló de superar la “cultura institucional androcéntrica”.