El abogado cuestionó que entre las “reglas de actuación” de jueces se pueda denunciar este tipo de hechos y alegó la afectación sobre la libertad de expresión. El senador le salió al cruce.
El debate de la reforma judicial en el Senado produjo este martes un intercambio entre el senador oficialista Oscar Parrilli y el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, integrante del consejo consultivo que asesorará al Gobierno nacional.
Fue cuando Gil Domínguez se refirió a las “reglas de actuación” que deberían seguir los jueces según el artículo 70 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Si bien el letrado destacó que estas reglas son una “garantía de independencia del Poder Judicial”, cuestionó que los magistrados deban “denunciar a los poderes mediáticos” si sufren presiones.
En efecto, una de las reglas propuestas consiste en “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
También se ordena “evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones”, y se establece que los jueces “en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias”.
Según Gil Domínguez, esta disposición es contraria a tratados internacionales, puntualmente la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 13 habla de la libertad de pensamiento y expresión.
Ante esta opinión, Parrilli pidió la palabra y le preguntó al abogado “si cree que no existe en Argentina -más allá de la libertad de prensa, que todos defendemos- el derecho a la verdad, a que no mientan, que no manipulen, que no tergiversen ni difamen”.
El senador insistió en preguntarle a Gil Domínguez “si cree que no ha existido en la Argentina presión mediática sobre los funcionarios”, y, sin dar el nombre, habló de “un periodista muy reconocido que instaba a la ciudadanía a desprestigiar, abuchear, denostar, agraviar e insultar a determinados jueces porque no tomaban un fallo”.
“Lo que pienso es que la respuesta está en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, insistió Gil Domínguez, y agregó que allí se contempla “la garantía de libertad de expresión, de pensamiento y de acceso a la información, y una vez que ésta se emite, puede generar responsabilidades civiles y penales ulteriores que las llevarán adelante aquellos que se vean afectados”.
Parrilli contestó que por estos hechos “no puede haber ninguna sanción penal” y recordó en ese sentido la reforma en los delitos de calumnias e injurias aprobada durante el kirchnerismo. “¿Puedo entender que él avala que se realicen estas acciones o está en contra?”, volvió a interrogar.
El especialista repitió entonces que “en la medida que la libertad de expresión genere algún tipo de afectación de otro derecho, que es el honor de las personas, existe el mecanismo de las responsabilidades civiles ulteriores”.
“Lo que hay que evitar es toda forma de censura previa, directa o indirecta”, completó Gil Domínguez, tras lo cual Parrilli lo despidió irónico: “Queda claro que lo defiende. Está bien, gracias”.
