La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, sostuvo que “hay que introducir profundas modificaciones a la Justicia Federal”, pero advirtió que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo “tiene algunos problemas”, y se refirió a las dificultades para implementar el sistema acusatorio con el diseño propuesto.

Así se expresó la funcionaria al abrir este martes la ronda de exposiciones en el plenario virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado.

“Tengo la profunda convicción de que la reforma al sistema federal debe hacerse, es muy necesaria y muy urgente”, afirmó Martínez, pero señaló que la propuesta oficial “es un modelo antiguo”.

“Entiendo que la aplicación pura y dura del sistema acusatorio hubiera implicado disolver juzgados federales, disolver cámaras y crear colegios de jueces, y por un problema de oportunidad no puede hacerse”, indicó, aunque consideró que podrían haberse tomado “modelos muy virtuosos” como los de Chubut, Neuquén, Entre Ríos o Río Negro, provincias donde ya se aplica el sistema acusatorio.

“Me parece que habría que adecuar los números. Por ejemplo, en Chubut hay un 53% de fiscales, un 31% de defensores y solo un 16% de jueces; toda vez que los jueces son jueces de garantías, no de instrucción, y por ende tienen menos trabajo”, explicó.

La defensora general cuestionó que “se crea una cantidad muy grande de juzgados (46) y nada más que 14 defensorías”. “El sistema acusatorio, con este déficit, no puede funcionar”, insistió.

En tanto, opinó que “lo único positivo” será que en los concursos “quizá se resuelva el tema de la paridad de género”, dado que el fuero federal “es uno de los que peor está” en ese sentido, siendo en un principio María Romilda Servini la única mujer y habiendo solo dos en la actualidad.

En cuanto a la creación de “94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías” en el interior del país, sostuvo que “esta proporción el sistema no la va a tolerar”. “Hay que volver a mirar el mapa; no dividir en los lugares donde no es necesario; reforzar más lo penal en juzgados como el de Orán; y reforzar más las fiscalías”, enumeró.

Ante una consulta de Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Martínez consideró que “no es un incremento presupuestario mayúsculo” el que habrá que ejecutar para implementar la ley, y agregó que “es una inversión que merece ser hecha”.

En el caso de la Defensoría General, describió que “ediliciamente se necesitan recursos”, aunque “de empleados no tanto”, y de cara a la implementación del sistema acusatorio, dijo que requieren “un incremento y una mejora en la infraestructura informática”.