Durante cinco horas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado recibieron este miércoles a 16 invitados que, con voces a favor y en contra, opinaron sobre el proyecto de reforma judicial enviado por el Gobierno.

Abrió la jornada la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, quien aseguró que la incorporación de 23 jueces de primera instancia implicará el “0,1% del Presupuesto” y rechazó las “cifras fabulosas” difundidas en los medios sobre el costo de la reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo.

La abogada defendió que “cuando hablamos de recursos hay que pensar que se va a contar con los recursos humanos que ya tiene el Poder Judicial, porque esta reforma prevé el desdoblamiento de juzgados que tienen dos secretarías”. Y sobre la unificación de fueros, sostuvo que “los fueros van a contar con todos los recursos que hoy disponen y aún mejor distribuidos”.

En contra de la iniciativa, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, reclamó que los trabajadores del sector no hayan sido consultados para la elaboración de la propuesta.

El sindicalista consideró que “es un error encarar una reforma que tiene que ver con una intención específica del gobierno del turno” y cuestionó la “inoportunidad” para debatir esta propuesta. “Estamos en pandemia, en ninguna nación del mundo en los Parlamentos están discutiendo reformas judiciales”, dijo y resaltó que “hoy las prioridades son otras” y “hay que discutir las necesidades imperiosas que tiene nuestro pueblo”.

Más adelante, expuso el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien protagonizó el momento más fuerte de la jornada, durante una discusión con el senador Oscar Parrilli. El especialista opinó que el proyecto tiene como objetivo “asegurar la impunidad” de los acusados por delitos de corrupción.

Muy crítico del Consejo Consultivo creado por el Gobierno, y los integrantes que lo conforman, el letrado afirmó que “la reforma en su totalidad” comenzó con esa medida.

En cuanto a la iniciativa, Sabsay la calificó de “inoportuna” y que “se plantea con una desprolijidad notable”, al no tener “ningún apoyo en un mapeo sobre la justicia”. “Es realmente lamentable con la improvisación que se la ha hecho”, agregó.

“Esto me confirma aún más que no es que se ha querido mejorar la institucionalidad: lo que se ha querido es asegurar la impunidad de todos aquellos que están sujetos a procesos por graves delitos contra la administración del Estado”, lanzó.

Avanzado el debate, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, estimó que los 132 nuevos juzgados que se crearían con la reforma judicial demandarían en principio “850 millones de pesos” y no 3.000 millones, tal como circuló.

“Soy consciente de la problemática presupuestaria que tiene el Poder Judicial para hacerse cargo de todo esto, pero sí quisiera contestar respecto de que los 132 juzgados o tribunales orales nuevos que se crearían importarían la suma de 3.000 millones de pesos”, introdujo Lugones.

Sobre ello, aclaró que “no fue incorporado en el presupuesto del año que viene por el Consejo de la Magistratura, pero a lo sumo estaríamos hablando de 850 millones de pesos para cubrir esos 132 cargos, y luego habrá que sentarse para todo lo que tiene que ver con infraestructura, informática y mobiliario”.

Por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), José Luis Lassalle advirtió que “no debiéramos confundir el sentido de la oportunidad con la celeridad del tratamiento”, por eso solicitó no darle “un trámite exprés”, sino generar “un amplio debate con amplia participación de todos los que participamos del sistema de justicia”.

“Entendemos que una reforma sustancial de la justicia federal no puede sino estar acompañada en forma simultánea con una profunda reformulación de la integración del Consejo de la Magistratura”, señaló.

En tanto, el exprocurador del Tesoro Carlos Balbín alertó que “es necesario alcanzar altos niveles de consenso social y político para cumplir y satisfacer el estándar de imparcialidad objetiva en cualquier reforma judicial”.

Respecto a las subrogancias, el exfuncionario consideró que deberían ser “solo para aquellos casos en los que se provocaran vacantes”. Además, opinó que “la ley debiera incluir criterios claros y objetivos en cuanto a la evaluación de postulantes al cargo de juez”.

“¿Se resuelve la ineficacia del Poder Judicial con más jueces? Yo creo que no. Debiera hacerse más hincapié en la organización y en las estructuras”, añadió.

Otras de las oradoras de la jornada fue Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), quien expresó que “una reforma del sistema judicial es necesaria porque tenemos una justicia que está atravesando una crisis profunda de legitimidad y de ineficiencia”, que además presenta una “carencia casi absoluta de perspectiva de género”.

Para la fiscala, se necesita discutir un “cambio de paradigma” que pase “desde un esquema centrado en los privilegios de los jueces hacia un paradigma centrado en los derechos y en la resolución de la conflictividad social”. En esa línea, consideró que “cualquier reforma que no rompa esta lógica va a fracasar”.

En la reunión también expusieron el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Ariel Ariza; el presidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Rolero Santurián; la camarista Magdalena Laiño Dondiz; el juez Aníbal Segura; y el secretario general adjunto del gremio de judiciales en la Ciudad, Juan Manuel Rotta Escalante.

Completaron la lista de invitados a la jornada María Ureña Ruso, de SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales); el camarista Omar Minatta; la académica María Gattinoni de Mujía; y Sebastián Pilo, de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

Al final de la reunión, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun informó que el próximo martes a las 13 continuará la ronda de expositores.