El Senado convirtió en ley este jueves la moratoria ampliada para personas humanas y jurídicas en el contexto de la pandemia del Covid-19, tras un debate donde Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” al empresario Cristóbal López por un artículo que permite el ingreso a empresas en quiebra como OIL Combustibles.

El régimen de regularización de deudas impositivas, aduaneras y previsionales, que alcanza una deuda total de 534.000 millones de pesos con la AFIP, recibió 41 votos a favor, del Frente de Todos y los senadores Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana; y 28 en contra, de Juntos por el Cambio y el Interbloque Parlamentario Federal.

Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, destacó que la flamante ley amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Así, se incluyen todas las personas humanas y jurídicas, esto es, pymes, monotributistas, trabajadores autónomos, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes de barrio y también grandes empresas.

“Esta moratoria va a ser muy ventajosa para las empresas y los ciudadanos. También va a servir para aliviar las arcas del Estado y darle la posibilidad a los contribuyentes para ponerse al día”, destacó el senador del Frente de Todos.

La norma ofrece planes de pago de hasta 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a la seguridad social; y hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, con una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021.

Se permitirá incluir deudas vencidas al 31 de julio de 2020, pudiendo adherir a la moratoria hasta el 31 de octubre y pagando la primera cuota a mediados de noviembre. Además, se otorgará un “premio” a contribuyentes cumplidores, basado en beneficios fiscales.

Esteban Bullrich (Pro) consideró que ese último incentivo “debe ser algo permanente en los proyectos de moratoria tributaria”, aunque consideró que el proyecto “se queda a mitad de camino” y “es algo parcial”.

“No entendemos la discriminación entre pequeñas y grandes empresas que hace el proyecto. Eso va a generar un problema legal porque la igualdad ante la ley prima en la Argentina”, cuestionó, pero principalmente habló de un “traje a medida” para OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Souza.

Al tema también se refirió, con su estilo característico, el cordobés Ernesto Martínez: “Puedo votar una amnistía por razones políticas, lo que no voto son amnistías para delincuentes comunes, así vengan como gato encerrado dentro de un paquete de facilidades tributarias”.

Desde el oficialismo, Oscar Parrilli respondió a las diatribas de la oposición. “No quiero defender a ninguna empresa, sino defender la verdad”, aclaró, y dijo sentir “vergüenza ajena” por la acusación de “supuesta estafa” de los empresarios ligados al kirchnerismo.

“Han mentido. Del juicio surge que a diciembre de 2015 OIL Combustibles estaba al día en un plan de pagos que tenía, y la consecuencia que derivó en la falta de pago fueron medidas que tomó la AFIP” en las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, dijo.

Parrilli informó que “se habla de 8.000 millones” de deuda de la empresa, “cuando en realidad eran 1.500 millones”, y además “se dice que estamos perdonándole la deuda de lo que ellos supuestamente han retenido, pero el ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) fue modificado en 2018 y recién ahora es un impuesto directo”.

Además, sostuvo que en el blanqueo de capitales aprobado en 2016 “estaba previsto que el ITC pudiera entrar en moratoria”.

El salteño Juan Carlos Romero, jefe del Interbloque Federal, coincidió con Juntos por el Cambio en que “el pretexto” para esta ley “fue incluir algo que nunca estuvo previsto: incluir a los quebrados en la moratoria”.

Hacia el final, Luis Naidenoff reconoció que “quizás la moratoria puede implicar una respuesta ante situaciones críticas” como la pandemia, pero alertó que “lo que realmente marca esta moratoria es el beneficio a un grupo económico en particular”.

Naidenoff recordó que “cuando a principio de año este grupo empresarial solicitó ante la AFIP la posibilidad de una refinanciación de pagos, esa refinanciación fue rechazada por el procesamiento de los accionistas de la empresa por el delito de defraudación. No había manera para que esta empresa amiga del poder pudiera ser beneficiada para obtener un acto de salvataje”.

Al cierre del debate, el titular de la bancada oficialista, José Mayans, sostuvo que la oposición va contra López por representar a “un grupo de medios que el gobierno anterior no lo quería, que tenía un alto rating y que decía el desastre que estaban haciendo, entonces buscaron licuar a ese medio para tener una única voz”.

“No busquen la excusa de la moratoria para venir con este discurso político donde en realidad no buscan colaborar: lo que buscan es tumbar al Gobierno y ven una oportunidad en la crisis”, disparó el senador.

Por último, destacó que “esta moratoria que pretende recuperar recursos es indispensable para nuestro programa económico y vamos a trabajar en el próximo Presupuesto, y una vez que tengamos la vacuna (contra el coronavirus), la Argentina va a estar en otras condiciones para poder desarrollar las actividades económicas que hagan a la recuperación del país”.