Con la intención de avanzar hacia una ciudad más equitativa, los legisladores de Vamos Juntos, Partido Socialista, GEN y UCR-Evolución presentaron un proyecto de ley conjunto que tiene como objeto promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero.

De esta manera, el texto plantea que la incorporación de estas personas será obligatoria para cubrir puestos de trabajo en el sector público de la Ciudad, el cual comprende los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado porteño tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades.

Asimismo establece que “deben ser contratadas aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para los puestos a los cuales aspiran, en una proporción no inferior al 0,3 % de la totalidad del personal, cualquiera sea la modalidad de contratación, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”.

Por otro lado, el proyecto plantea la creación de un “registro único de aspirantes” en el cual se establecerá un orden de prioridades y contendrá información sobre los datos personales del aspirante, así como también sus antecedentes educativos y laborales.  

Los diputados también propusieron beneficios fiscales para aquellas entidades privadas que los contraten. “Respecto de la base imponible del impuesto, por un importe equivalente al 50% de las retribuciones correspondientes al personal travesti, transexual y transgénero en cada período fiscal mensual. El cómputo del porcentaje deberá hacerse al cierre de cada período fiscal mensual mientras se mantenga la relación laboral y se concede por un período de tres años por cada empleado travesti, transexual o transgénero, contados desde la fecha de su incorporación”, sostiene la iniciativa.

En los fundamentos de la medida, los legisladores explicaron que “las poblaciones travesti, transexual y transgénero, en nuestro país y nuestra región, se encuentran entre una de las poblaciones más vulneradas en materia de acceso a la salud, la educación y al trabajo” y aseguraron que “esta realidad está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, con muchas dificultades para obtener derechos que garanticen la igualdad de oportunidades y de trato”.

“Las estadísticas muestran que la mayoría de las personas integrantes de estas poblaciones vive en condiciones de  extrema pobreza, privadas de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los que todo ser humano debiera ser titular efectivo en tanto ciudadano, marcada por la dolorosa y alarmante realidad de una expectativa de vida que no supera los 40 años de edad”, señalaron y concluyeron señalando que “desde los Estados debemos generar todas las condiciones necesarias para la erradicación de la discriminación y garantizar la igualdad de derechos a toda la ciudadanía”.

La iniciativa es de autoría de la diputada Lucía Romano (VJ) y también lleva las firmas de Sergio Abrevaya (GEN), Roy Cortina (PS), Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Hernán Reyes (VJ), Leandro Halperín y Manuela Thourte (UCR-Ev).