Analizan cambios en la forma de designar al procurador

El consejo asesor que impulsará pautas para reformar el sistema judicial analizó el tema este fin de semana, incluyendo cambiar la necesidad de contar con los dos tercios en el Senado.

La designación de Daniel Rafecas está hoy empantanada en el Senado.

Un tema en el cual el Gobierno ha quedado empantanado es la designación del procurador general de la Nación. Para el mismo, Alberto Fernández impulsa al actual juez federal Daniel Rafecas y su pliego ya ingresó al Senado y está a la espera de su tratamiento. Pero al respecto, la oposición ya ha adelantado su rechazo.

Con los miembros de Juntos por el Cambio haciendo punta y los aliados con que cuenta en la Cámara alta ya ha quedado establecido que el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para designar al elegido por el Poder Ejecutivo, razón por la cual el tema ha quedado en stand by.

En este marco es que semanas atrás surgió la versión de que el oficialismo podría tener un atajo que consistiría en cambiar la Ley de Ministerio Público. Por eso la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado se lo preguntó directamente a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, al presentarse ante el plenario de senadores que analiza la reforma judicial. Ante la pregunta puntual de si evaluaban una jugada de ese tipo, la ministra respondió lacónicamente “no”.

“Celebro que así sea”, señaló a parlamentario.com el diputado del Pro Pablo Tonelli al ser consultado al respecto, y luego de admitir que un cambio de reglas por la vía de una ley que podría ser sancionada por mayoría simple era legalmente viable.

En este marco surgió un camino paralelo que es el impulsado por un sector del kirchnerismo en el Senado y que consiste en forzar el desplazamiento del actual procurador general, Eduardo Casal, quien ejerce de manera interina desde que a fines de 2017 Alejandra Gils Carbó renunció al cargo. El kirchnerismo duro impulsó una serie de pedidos de juicio político contra Casal, a la espera de horadar su figura y conseguir su desplazamiento, por esa vía o bien a través de una renuncia. Y en ese caso, la idea sería que asumiera Víctor Abramovich, ubicado en el segundo lugar de la línea sucesoria de ese organismo, y quien contaría con el beneplácito del Instituto Patria. Más aún que el propio Rafecas.

En este marco es que apareció una tercera vía. Fue en el marco de la primera reunión realizada por el consejo asesor creado por el presidente de la Nación con la intención de elaborar una serie de sugerencias para reformar el actual sistema judicial, más allá de lo que establece el proyecto del Ejecutivo que ya está analizando el Senado. En su primera reunión, realizada este fin de semana, el consejo analizó una de las alternativas propuestas a partir de su creación: la manera como debe ser designado el procurador general y su mandato, actualmente fijado hasta los 75 años de edad.

En este último caso se establecería un período temporal de siete años, de modo tal que trascienda una gestión de gobierno. Es una idea que ya se barajó en tiempos de Cambiemos y que encontró escollos dentro del propio oficialismo que impidieron el debate de una ley en ese sentido.

Pero también está el tema de la designación, que -como dijimos- hoy establece la necesidad de contar con los dos tercios de los presentes en el Senado. Según escribió el periodista Hernán Cappiello en La Nación, la comisión comenzó a analizar la posibilidad de que la elección de procurador general se haga por mayoría simple. Como la de cualquier juez.

Esa sería una posibilidad absolutamente viable para el oficialismo, que tiene una mayoría holgada en esa Cámara y por lo tanto sortearía el impedimento que ha puesto a la designación de Rafecas en un callejón sin salida. Pero el propio juez federal ha adelantado, según cuenta el artículo, que en caso de producirse una modificación de esas características no estaría dispuesto a asumir, considerando que implicaría “un retroceso institucional”. Esa mayoría agravada, piensa el magistrado, “hace a la independencia que debe tener el procurador del poder político”.

La posibilidad de dar curso a esa modificación encontró resistencias en el propio consejo asesor. Según se indicó, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez y Raúl Gustavo Ferreyra fueron algunos de los que adelantaron su desacuerdo con ese punto.

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