Proponen aumentar las penas para quienes comercialicen plasma

En el marco del tratamiento de Covid-19, surge un negocio en ciernes al que la diputada Graciela Ocaña propone enfrentar.

La diputada nacional de Confianza Pública Graciela Ocaña presentó un proyecto de ley para que sea penada la comercialización de plasma, así como también otros componentes y derivados de la sangre, a raíz de las denuncias por venta de plasma para tratamiento de Covid-19.

Al respecto Ocaña señaló que “la denominada ley de Sangre fue sancionada el 28 de noviembre de 1983, es una ley de suma importancia ya que establece el principio de altruismo y gratuidad en el sistema de donación de sangre y sus derivados” y agregó que “no estaba previsto entonces, que con el plasma podrían realizarse tratamiento como se ha descubierto actualmente para el caso del Covid-19 ni tampoco estaba preparada para una pandemia”.

El proyecto establece penas de 3 a 6 años de prisión y una multa de 1 a 5 millones de pesos para el que intermediare comercialmente en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana.

“Es por esto que proponemos el aumento de las penas, poniendo un mínimo que no sea excarcelable, actualizando las multas y subiendo los máximos para que el Estado sancione de manera severa semejantes comportamientos especulativos con la salud de la población”, sostuvo la legisladora nacional.

Asimismo, el escrito indica que serán reprimidos con prisión de 3 a 6 años los responsables de servicios de hemoterapia, bancos de sangre, plantas de hemoderivados, o laboratorios productores de reactivos, elementos de diagnóstico y sueros hemoclasificadores, cuando bajo cualquier denominación o estructura éstos funcionaren sin estar legalmente autorizados y habilitados y que igual sanción recaerá sobre las personas que obtengan y/o procesen sangre, sin estar debidamente autorizados.

Cabe destacar que en el partido bonaerense de Zárate y en la provincia de Chaco fueron denunciados casos en los que pacientes a los que les fue suministrado plasma para tratamiento de Covid-19 se les intentó cobrar por el tratamiento sumas que van desde los 10 mil hasta los 74 mil pesos.

Ocaña fue una de las primeras diputadas que presentó un pedido para que se lleve adelante una campaña para que se lleve impulse un programa de donación de plasma de pacientes recuperados de Covid-19.

Es importante que esto se fortalezca porque sino estaríamos ante una situación en la que solo podrían adquirirlo quienes acceden a un mercado negro o sacarlo del país”, expresó.

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