El abogado constitucionalista defendió la necesidad y oportunidad de la reforma judicial, además de considerar que el proyecto "es valioso".
Con una enfática defensa al proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que "el poder de Comodoro Py tiene que ser desconcentrado y hay que deconstruir el lawfare".
Al participar de un plenario de comisiones en el Senado, el letrado dijo que "efectivamente hay que salir de esta situación de pérdida de credibilidad en el accionar del Poder Judicial" que "se ha agudizado en el gobierno anterior por la introducción de una perversa práctica que no es exclusiva de Argentina, pero sí del continente latinoamericano, que se identifica con el término de lawfare o guerra judicial, e implica una perversión del sistema jurídico, en el sentido que el mismo es implementado para la persecución y destrucción del adversario o enemigo político".
"Esto tiene que terminar y tiene que terminar pronto", remarcó, al tiempo que consideró necesaria y oportuna la reforma y sostuvo que "el proyecto es valioso y cabe ser puesto en funcionamiento".
Para el convencional constituyente de 1994, "nada de lo que está en este proyecto lesiona cláusulas de la Constitución Nacional. No creo que haya aquí afectación alguna o que haya jueces de segunda categoría en función de las previsiones de traspasos a la Ciudad de Buenos Aires".
"Veo bien que se amplíe el número de jueces, veo bien que se unifiquen fueros", agregó y se manifestó también a favor de que "se incorporen nuevos juzgados".
En cuanto a propuesta de modificaciones al texto, Barcesat pidió incorporar en el artículo 70 que "toda prueba que aporten las partes en las causas judiciales deberán ser legalmente adquiridas. Las pruebas que no reúnan los requisitos de legalidad deberán ser anuladas, aún de oficio, por el tribunal interviniente".
"Basta de cuadernos quemados, basta de arrepentidos que no se han registrado como la ley manda", lanzó.
Además, planteó que se establezca que "toda información que se entregue por funcionarios judiciales a los medios de comunicación social deberá seguirse a los actos producidos en las causas y con sujeción a los requisitos del artículo 42 de la Constitución Nacional, de brindar información adecuada y veraz". "Un nunca más a que algunos medios anticipen la sentencia o revelen la condena", dijo.