Luego de la movilización en distintos puntos del país donde se reclamó dar marcha atrás con la reforma judicial, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado realizaron una nueva reunión informativa con expositores de cara a la firma del dictamen.

La jornada se extendió durante cinco horas y, en el cierre, la oficialista María de los Ángeles Sacnun -presidenta de Asuntos Constitucionales- informó que se pasaba a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 16, cuando se analizarán las modificaciones al texto oficial.

Javier De Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, consideró que “este proyecto no es una reforma” sino que “la verdadera reforma comenzó en 2014 con la sanción del Código Procesal Penal”, y además la iniciativa “no cambia la situación de las causas en trámite”.

“Entiendo que se trata de solucionar la acumulación de poder en pocas manos, porque el poder absoluto corrompe absolutamente, y ahí está el nudo de la cuestión. Desde ese punto de vista, no es inconstitucional”, observó, y agregó que “no alcanza con sancionar a los magistrados, sino que lo que hay que cambiar es el sistema que genera esto”.

De Luca aclaró que “el sistema acusatorio no consiste en nombrar más fiscales, sino en un cambio de estructura. Lo que sí se puede hacer es quitarle funciones económicas y administrativas a los jueces nacionales y federales”.

En cuanto al traspaso de la Justicia Penal a la CABA, advirtió que “los jueces nacionales no pueden ser cesados en su cargo porque así lo establece el artículo 115 de la Constitución Nacional, y una transferencia a otra jurisdicción implicaría un cese no previsto en el cargo”.

“Una cosa es transferir competencias y otra es transferir a los jueces, que es lo que no se puede hacer”, sentenció.

A continuación, Lucila Larrandart, docente de la UBA y exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, señaló que “la puesta en vigencia del Código Procesal Penal es importante pero no es fundamental”.

“Aunque cambie la investigación del juez a manos del fiscal, nada va a cambiar mientras el sistema judicial produzca jueces como (Claudio) Bonadio o fiscales como (Carlos) Stornelli”, lanzó.

Larrandart consideró que “una de las cuestiones fundamentales es el sistema de selección de los jueces y la doctrina de las consecuencias”, por la cual “aquel que no aplicó la Constitución debe ser removido”.

En tanto, indicó que “va a ser importante la tarea del Consejo Consultivo” que asesorará al Gobierno, y como propuestas sugirió modificar la composición del Consejo de la Magistratura, revisar la figura del arrepentido y la denominada “doctrina Irurzun” sobre prisiones preventivas.

Por su parte, Miguel Caminos, exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 3 dijo compartir el pronunciamiento de la Cámara del Crimen y advirtió que “este proyecto debilita a una Justicia que ya está mermada por la cantidad de vacantes”.

Sobre el polémico sistema de subrogancias, alertó que se aplicarían “para cargos nuevos” cuando en realidad “subrogar significa suplantar, pero no en un cargo que recién se inicia”.

Caminos sostuvo que “la superabundancia de jueces conspira” contra la aplicación del sistema acusatorio, que requiere “más fiscales”, aunque aclaró que ese sistema “no resuelve la independencia de la Justicia”.

Luego fue el turno de Alejandro Gullé, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien coincidió con De Luca en que “esto no es una reforma”. “Estamos tratando de solucionar un problema tangible, que existe y es evidente, pero esto no es una reforma. La reforma comenzó con el Código Procesal Penal”, insistió.

Gullé opinó que “hay que ir cuanto antes” hacia el sistema acusatorio porque, entre otras cosas, “ayuda muchísimo a frenar excesos”, pero este sistema está demorado por “una gran oposición de jueces que sienten que pierden poder y algunos hasta tienen un coto de caza”.

En ese sentido, reclamó una “reforma integral, de fondo, y no de término medio”, y “poner el acento donde hay que ponerlo”. “No vamos a tener qué hacer con todos esos jueces”, cuestionó, sobre los cargos que se crean en el proyecto.

En respuesta a los planteos de De Luca y Gullé, el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos) coincidió en que “la verdadera reforma” es la puesta en marcha del Código sancionado durante el kirchnerismo.

“Estaba previsto que en dos años se llevara a cabo, pero la gestión del presidente (Mauricio) Macri, por decreto, suspendió la aplicación por supuestos problemas presupuestarios y durante cuatro años no hizo nada”, lamentó.

“Somos conscientes de que la gran reforma va por el lado de la aplicación del Código Procesal Penal. No pretendemos hacer una gran reforma”, repitió Parrilli, y aclaró que el título del proyecto es “Organización y Competencia de la Justicia Federal”.

A su turno, Ricardo Rojas, juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°18 de la Capital Federal, alertó que “poner la justicia en manos de jueces que pueden ser cambiados en cualquier momento, es un peligro”, al responder a una consulta de la senadora macrista Laura Rodríguez Machado.

La cordobesa le consultó al magistrado si consideraba que el proyecto de ley tenía “alguna semejanza” con las reformas judiciales impuestas en Perú y Venezuela. En esa línea, Rojas analizó que “son dos ejemplos de gobiernos que tenían signos políticos e ideológicos muy diferentes pero que en el fondo hicieron lo mismo”.

“Hay siempre un peligro latente de que un gobierno se vuelva autoritario, con esto no quiere decir que este proyecto conduzca hacia el autoritarismo, pero el peligro existe siempre”, resaltó y ahondó: “Más allá de que tal vez no sea necesario nombrar 23 jueces, está el peligro de que esos jueces que tendrán que investigar causas muy delicadas vinculadas con corrupción, narcotráfico, terrorismo, delitos contra la administración pública, puedan ser manipulados en el futuro de una manera muy sencilla, a través de sacarle el carácter de jueces subrogantes”.

Crítico de la iniciativa, Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que “no se puede descontextualizar este proyecto con el decreto que dispone un Consejo Consultivo; las dos cosas al mismo tiempo no contribuyen a generar consensos”.

“¿Por qué no se creó una comisión en todo caso para estudiar esta reforma?”, se preguntó y enfatizó que “no se trata de pequeños retoques que hay que hacerle” al texto. “El proyecto solo consiste en un aumento de órganos judiciales” y “carece de una base empírica”, continuó, para asegurar que “merece ser reconsiderado en su totalidad”.

Al ser consultado por la senadora Rodríguez Machado por su opinión sobre que en “la nueva modalidad para designar a estos nuevos jueces el único requerimiento es un examen público”, el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad advirtió que “eliminar la prueba escrita no contribuye y es muy riesgoso. Debemos hacer un proceso de selección que cumpla con todos los estándares para que los mejores jueces lleguen a la Magistratura”.

Por el Colectivo Nacional de Abogadas y Abogados querellantes en causas por crímenes de lesa humanidad, Mario Bosch manifestó la “preocupación” por “el traslado de la secretaría de derechos humanos de algunos juzgados de algunas provincias a los juzgados nuevos que se van a crear, con lo cual se desarma y se desarticula la instrucción y la investigación de toda la enorme cantidad de causas que están pendientes”, por lo cual pidió una modificación al artículo 59, para que “esas secretarías permanezcan en los juzgados que instruyen las causas por delitos de lesa humanidad”.

También propuso agregados al artículo sobre las reglas de actuación de los jueces y juezas, para que se establezca que “cuando a un tribunal federal oral lleguen causas por delitos de lesa humanidad, éstas tengan tratamiento prioritario” y “que las audiencias de debate de los juicios orales por delitos de lesa humanidad se hagan al menos tres veces por semana”.

Además expusieron este martes Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista; Carlos Rozanski, exjuez federal; Hugo Blasco, de la Federación Judicial Argentina; Emilio Porras Hernández, procurador general adjunto de la provincia de Chubut; Carlos Seijas, defensor oficial en el Ministerio Público de la Defensa; Ernesto Marcer; exsubsecretario en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal; Ariel Gustavo Coll, ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa; Héctor Chayer, especialista en gestión y organización judicial; y Jorge Auat, abogado y exfiscal de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.