Por Claudia Najul, En el marco del debate en el Senado, la diputada radical detalla las razones de la oposición de Juntos por el Cambio.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, comenzó a considerar la reforma judicial remitida por el Ejecutivo, con una serie de exposiciones de especialistas en la materia.
El radicalismo y la coalición Juntos por el Cambio ya dejaron sentadas las objeciones al proyecto del kirchnerismo. Creo que es importante profundizar por qué vamos a rechazar esta iniciativa que carece de dos condiciones imprescindibles cuando se trata de reformar un poder del estado: sentido de la oportunidad y un acuerdo sólido como sustento.
En el peor momento de la pandemia, con los sistemas sanitarios de varias jurisdicciones llegando al límite y el personal médico que no da abasto, el Gobierno decide encarar una reforma de la Justicia sin promover ningún canal de diálogo con las fuerzas políticas ni con la amplia familia judicial (gremios, jueces, fiscales, abogados, facultades de derecho).
Desde el comienzo, el presidente lesiona la trascendencia de semejante iniciativa renunciando explícitamente a dar los pasos necesarios para trazar una política de estado. A partir de allí se acumulan los problemas de una reforma que en realidad deforma, desordena y no soluciona los problemas reales que tiene la Justicia.
El sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal es la primera víctima del proyecto de reforma. Por un lado, hablan de fortalecer el nuevo sistema -que funciona con muy buenos resultados en Salta y Jujuy- pero en los hechos crean más juzgados que fiscalías. No hay ningún atisbo de racionalidad detrás de la decisión de crear más juzgados penales federales, ya que la progresiva implementación de la Ley 27.150 requerirá un ordenamiento judicial distinto.
El traspaso de las competencias de la justicia ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es necesario y lo prescribe la Constitución del 94. Lamentablemente, lo que podría ser un punto de acuerdo seguro del proyecto, está resueltamente incompleto en la propuesta oficial. Se mencionan únicamente el traspaso de las competencias penales, contribuyendo a la desorganización de un escenario que pide a gritos coherencia y sensatez.
Esta reforma, cuyo costo aproximado rondará los $4.000 millones, en un país con las cuentas públicas en rojo y que emite moneda a un nivel sin precedentes, no resuelve los inconvenientes en el funcionamiento de la justicia, principalmente los del interior del país. Por citar un caso: la justicia federal en Mendoza tiene seis vacantes, ¿no habría que colocar jueces titulares en esos lugares, antes de crear nuevos juzgados? La Cámara Federal de Mendoza está asentada en la provincia, pero decide también sobre San Juan y San Luis. ¿Acaso no es más urgente acercar el servicio de justicia a esas jurisdicciones?
Como si fuera poco, una comisión de juristas elegidos a dedo -cuya composición, como mínimo, despierta suspicacias- entre otras tareas, evaluará a la Corte Suprema y la conveniencia de ampliarla. Tanto el presidente, cuando era un ferviente opositor al kirchnerismo, como la vicepresidenta, en su rol de senadora, avalaron el número actual de cinco miembros. Cualquier intento de sumar más integrantes significa, indefectiblemente, la búsqueda de impunidad y de una justicia adicta.
Aquí no hay voluntad alguna de garantizar la independencia y mejorar la eficiencia de un poder donde hace tiempo las cosas no funcionan. Prevalece el desorden, el oportunismo y la exploración permanente de artimañas que le asegure al Gobierno jueces y fiscales dóciles. No vamos a permitir un nuevo atropello a la República.
Claudia Najul es diputada nacional de la Unión Cívica Radical por Mendoza.
