Tras dos semanas de debate en comisiones, el oficialismo cumplió su cometido y se alzó con el dictamen favorable de la reforma judicial, que quedó lista para ser tratada en la próxima sesión virtual del Senado a pesar del ferviente rechazo de Juntos por el Cambio.

La iniciativa, que recibió algunas modificaciones pero mantuvo su espíritu original, obtuvo despacho en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales presidido por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).

“Hemos escuchado absolutamente todas las voces”, destacó Sacnun, y recordó que se realizaron seis encuentros que totalizaron más de 21 horas de exposiciones, con la participación de más de medio centenar de invitados de todos los bloques y 29 documentos entregados a los senadores.

“Hemos llevado adelante una enorme tarea. Esta era una materia pendiente que teníamos con la sociedad. Con esta ley no solucionaremos las grandes dificultades de la Justicia Federal, pero es un paso muy importante. Se trata de invertir en Justicia”, consideró la santafesina del Frente de Todos.

En cuanto a las modificaciones, señaló que finalmente no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia, que era el problema que advertía el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, para “avanzar en la transparencia” de los sorteos de las causas, éstos serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad, y en otro orden, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.

Asimismo, indicó Sacnun, las secretarías con competencia específica en derechos humanos conservarán esa competencia exclusiva, y por último se propondrá un régimen específico en materia penal juvenil.

En cuanto a la implementación del sistema acusatorio, uno de los temas más aludidos por los expositores, la senadora explicó que será la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal “la que irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo Código”.

Tras enumerar las modificaciones, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales detalló que en base a estimaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en base a los nuevos cargos a crear, la reforma judicial tendrá un costo de 1.939 millones de pesos.

Al revelarse la cifra, el senador del Pro Esteban Bullrich volvió a cuestionar que el proyecto no haya tenido giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero no recibió respuesta.

El debate

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, destacó la mayor transparencia en los sorteos de las causas, ya que “hay jueces a los que siempre les tocan las causas de las mismas personas”, y sobre la sala que se creará para dirimir conflictos de competencia entre los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, consideró que “es una buena salida para ahorrar en gastos y en tiempos”.

Fernández Sagasti insistió en que la reforma es “una deuda de la democracia”, aunque aclaró que “no vamos a despertar de la noche a la mañana y ver que la Justicia sea lo que todos esperamos que sea”.

En tanto, advirtió que “la partidización de todo lo que pasa por el Congreso y oponerse por oponerse no es una actitud que los argentinos esperan de nosotros”, y lamentó que la oposición “no haya aportado ni una sola coma” para mejorar el proyecto.

Por el mismo bloque, Adolfo Rodríguez Saá coincidió en que el tratamiento de esta ley es “oportuno y urgente”, pero propuso incorporar plazos para dictar sentencias, empezando por la Corte, que “debería dar el ejemplo”.

Desde el Pro, Laura Rodríguez Machado preguntó si los “279 cargos” que se creaban en el proyecto original se mantienen. “Tenemos entendido que hay una negociación en curso con gobernadores donde se modificaría la cantidad de cargos y se distribuirían de otra manera”, dijo.

Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, resaltó que “se ha demostrado que esto no es una escribanía, que no venía a libro cerrado para ser aprobado” y que además “no hay impunidad ni intención de manipular los nombramientos”, sino que “este es el camino hacia la implementación del sistema acusatorio”.

Parrilli denunció que “aquellos que han venido dogmáticamente a oponerse, por la oposición en sí misma al Gobierno, han venido escudándose en el supuesto lugar de independientes, imparciales, constitucionalistas, y lo único que han hecho ha sido una alegación política sin fundamento”.

Una de las más duras contra la iniciativa fue la radical Silvia Elías de Pérez, quien alertó que “lo que la gente necesita no está plasmado en este proyecto”. “No podemos hacer sugerencias o aportes porque el proyecto mismo va a contramano de lo que necesita la Argentina”, insistió.

La tucumana sostuvo que el proyecto forma parte de un “combo” del que también forman parte los intentos por apartar al procurador general Eduardo Casal y la revisión de traslados de jueces desoyendo un fallo judicial.

Elías de Pérez definió a la iniciativa como una “intervención de la Justicia” y advirtió que en algunos puntos es inconstitucional, por ejemplo, en “cómo van a llenar los 23 nuevos juzgados” que se crean. Además, dijo que los 1.939 millones de pesos que costaría la reforma podrían haberse destinado a “la verdadera implementación” del Código Procesal Penal.

Otra senadora de la UCR, Silvia Giacoppo, respondió a las acusaciones que recaen sobre la gestión anterior por haber suspendido por decreto la aplicación del Código en 2016. “Es verdad, lo suspendimos por decreto, pero fue porque la propia comisión bicameral de implementación y el Consejo de la Magistratura”, además del gremio judicial, “reconocieron que no estaban dadas las condiciones”.

Giacoppo además apuntó contra el sistema de subrogancias, que vinculó a una intención de “designar a dedo los jueces de Comodoro Py, que ahora se están triplicando”, y por último advirtió que el proyecto “es violatorio y va en contra de todo lo que la sociedad pide” en cuanto al “delito y la inseguridad cotidiana”.

Desde el bloque oficialista, Martín Doñate aseveró que “lo que estamos haciendo es cumplir con la palabra empeñada. A pesar de la pandemia y a pesar de haber encontrado un país mucho más difícil del que preveíamos, no aflojamos en nuestros objetivos. La pandemia no es un obstáculo para el debate parlamentario”.

Doñate, respondió a las acusaciones de Juntos por el Cambio como titular de la Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público: “Lo único que hizo la comisión fue abrir sus puertas a escuchar a organizaciones, fiscales y a todos quienes tuvieran algo para decir sobre el funcionamiento del Ministerio Público, porque ese es el rol de la comisión. Nadie le ha pedido la renuncia a nadie”.

Además, recordó que “una de las primeras cosas que hizo (Mauricio) Macri fue pedirle públicamente la renuncia a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó”.

Al cierre del debate, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que la reforma judicial “carece de sentido común desde lo político” y pidió al Gobierno que escuche los reclamos de la movilización del último lunes.

“Cuando se discuten recursos y prioridades en situaciones terminales, siempre la prioridad tiene que orientarse a las demandas sociales insatisfechas. Una cosa es reformar la Justicia en beneficio de los ciudadanos, y otra cosa es reformar la Justicia en función de los intereses de la política”, analizó.

Naidenoff sugirió: “No miren tanto a Juntos por el Cambio: miren para adentro y escuchen la demanda de la sociedad de gobernar bien”.

Por último, el formoseño lamentó: “Lo que quedó demostrado en estos 15 días es que ustedes avanzan en soledad. No escucharon a la sociedad y tampoco a los partidos políticos. Esta es la foto de la reforma de la Justicia penal que firma el oficialismo en absoluta soledad”.

Al cierre de la discusión, el titular del bloque del Frente de Todos, José Mayans, consideró que “es necesario, conveniente y oportuno” tratar este tema y recordó que “el presidente fue claro en su campaña electoral cuando dijo que había un problema en la Justicia”.

“Estamos prácticamente a nueve meses del inicio del gobierno. Es necesario, es conveniente y es oportuno tratar este tema, porque el año que viene es año electoral, y si en este año no electoral un sector de la oposición tiene este comportamiento y busca destruir la imagen del presidente… cuando el presidente tiene una actuación que es impecable”, afirmó.