La Legislatura de la Ciudad sufrió un nuevo revés judicial, es que luego de que el miércoles pasado celebrara una audiencia pública virtual en la que se debatió acerca de la venta de varios inmuebles pertenecientes al Gobierno porteño y que debía haberse suspendido por orden del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº2, la Justicia resolvió declarar nula dicha audiencia y suspender todas las que hayan sido convocadas hasta el 7 de septiembre.

De esta manera el titular de ese juzgado, Andrés Gallardo, resolvió rechazar los planteos de nulidad impulsados por la Legislatura por tener por incumplida la medida cautelar. Asimismo fijó un plazo de dos días para que informe a todos los que participaron de la audiencia acerca de su nulidad y para que comunique en su página web la suspensión de todos las audiencias virtuales.

Asimismo el magistrado dispuso que se ponga en conocimiento la medida cautelar dispuesta al presidente de la Legislatura, Diego Santilli; al vicepresidente primero de la Casa, Agustín Forchieri (VJ); la vicepresidenta segunda, María Rosa Muiños (FdT); el vicepresidente tercero, Roy Cortina (PS); y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ).

Asimismo solicitó al Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma que “se investigue la posible comisión del delito de desobediencia previsto en el artículo 239 del Código Penal de la Nación”.

Gallardo solicitó –según informó IJudicial- que “se declare incumplida la medida cautelar por conducto de la cual se ordenó la suspensión de las audiencias públicas fijadas por la Legislatura de la Ciudad” y recordó que la audiencia “se celebró mediante la aplicación Zoom, a pesar de haber sido notificada la demandada de la medida dispuesta y de que durante su transcurso numerosos legisladores, comuneros y participantes de dicha reunión, le comunicaron a viva voz Romero que había sido ordenada judicialmente la suspensión de su celebración”.

“Fueron rechazadas sendas mociones de pasar a un cuarto intermedio a efectos de verificar la existencia de la medida cautelar referida y su efectiva notificación. Del mismo modo, fueron desatendidos los avisos de legisladores y legisladoras acerca de que la Secretaria del Juzgado, Dra. Beatriz Campos, solicitaba permiso de ingreso a la reunión, quien finalmente pudo acceder 45 minutos antes de la finalización de la audiencia, mas no intervenir pues el citado presidente no le habilitó el micrófono para hacer uso de la palabra”, concluyó el magistrado.