El senador K, impulsor de esa modificación que se aceptó en el dictamen, aseguró que en la oposición “están buscando la impunidad para Macri y sus funcionarios”.
El senador nacional Oscar Parrilli defendió este viernes la polémica cláusula introducida en el proyecto de reforma judicial, por la cual se establece que los jueces deberán denunciar cuando reciban presiones mediáticas y sostuvo que “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”.
El neuquino consideró que “no hay ninguna limitación, ninguna prohibición”, pero “saltaron como leche hervida” porque “lo que les molesta es que esto se diga”. “Intentamos que se sepa que, como muchas veces hay presiones políticas y económicas, también hay presiones de los medios de comunicación que responden a intereses políticos y económicos”, dijo.
El legislador, mano derecha de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusó a los medios de haber pedido “meter presos a determinadas personas y decirles a los jueces lo que tenían que fallar, o amenazarlos con escraches a sus casas o los hijos”.
En declaraciones a radio El Destape, el oficialista remarcó que “estos hechos violan principios de derechos humanos, de convivencia…quieren que naturalicemos estas conductas”.
“Con esta ley estamos terminando con la impunidad futura del macrismo, porque ellos están buscando impunidad para Macri y todos sus funcionarios que están siendo procesados. Quieren que solo los juzguen sus jueces y fiscales amigos como (Julián) Ercolini y (Carlos) Stornelli”, lanzó.
El senador K aseguró que hay “varios opositores que están de acuerdo con la reforma” pero “por disciplina partidaria tienen que cumplir las órdenes que llegan desde una reposera en la Costa Azul”, en referencia al expresidente, quien se encuentra en Europa.
“Macri se opone a la reforma porque quiere impunidad para él. Esta reforma no nos afecta en nada a nosotros, ya fuimos juzgados por Bonadio”, señaló y agregó que “sin embargo no hay una sola condena” porque “fueron todos inventos”. “Esta reforma es para los casos que vienen”, completó.
En el capítulo referido a las reglas de actuación, más precisamente en el artículo 72, inciso e, del proyecto, se establece que los jueces deberán “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
En la versión original enviada por el Gobierno, el texto solo mencionaba a los “poderes políticos o económicos”.
