La respuesta es sencilla: en el mejor de los casos al Frente de Todos le faltarían dos votos. Pero hoy por hoy, la realidad es que le faltan incluso más en la Cámara baja.
Cuando el presidente de la Cámara, Sergio Massa, aclaró que no existía ningún apuro para aprobar la reforma judicial, no hizo más que admitir que hoy por hoy en Diputados los números no son favorables para que el oficialismo pueda aprobar la norma como sí sucederá este jueves -con cierta holgura- en el Senado.
El propio presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, se lo había anticipado al Gobierno, al advertir que se arriesgaban a tener “otra 125”, augurando el escenario que ya en 2008 generó entonces un duro traspié legislativo para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nada peor para un gobierno como el de Alberto Fernández, que lleva más o menos el mismo tiempo que entonces tenía la primera administración de CFK, pero en rigor de verdad “menos espaldas”, pues debe lidiar con una pandemia y una situación económica realmente grave.
La primera luz de alarma la encendieron los tres diputados que responden a Roberto Lavagna, Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, de Consenso Federal, cuando anticiparon su rechazo a la norma. “La reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna; semejante decisión institucional requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”, expresó el 18 de agosto “Topo” Rodríguez.
Ese mismo día trascendió que los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti tenían el mismo pensamiento, y ahí sí se encendieron todas las alarmas en el Frente de Todos.
Pasa que, como ya hemos dicho, el bloque que conduce Máximo Kirchner necesita 12 votos más de los que ya tiene. Recordemos que el oficialismo se compone por 119 diputados, mas Sergio Massa da quórum pero no vota. Y José Ignacio de Mendiguren está de licencia eterna, pues está al frente del BICE y no renunció tan solo para evitar que asuma en su lugar Marcelo “Oso” Díaz, un hombre del GEN: preferible tener un voto menos a sumarle un voto a la oposición, piensan en el oficialismo.
Así las cosas, los 12 votos necesarios el oficialismo debería buscarlos en el interbloque Federal (11 miembros), el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (8 diputados) y la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag, quien ya se sabe que a instancias de su gobernador estará alineada con el oficialismo.
Obviamente la izquierda no votará esta reforma, aunque tal vez pueda colaborar con el quórum.
Los diputados de Córdoba Federal oficializaron su rechazo a la norma el viernes pasado, a través del siguiente tuit: “Queremos comunicar que, habiéndose conocido el dictamen emitido por la comisión pertinente en el Senado de la Nación, referido al proyecto de reforma judicial, ratificamos nuestra decisión de no votar dicha ley”.
Tanto los tres diputados de Consenso Federal, como los cuatro de Córdoba Federal forman parte del interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca. Allí está también Luis Contigiani, del monobloque Frente Progresista Cívico y Social, quien también el viernes confirmó a través de un extenso comunicado que no acompañará la reforma judicial ni tampoco va a prestarse “a ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento”. No cuenten con él.
Ni tampoco con el también santafesino Enrique Estévez, del bloque socialista, que señaló que “tratándose de un tema tan trascendente, tiene que haber un mayor acuerdo para poder abordarse. Por el momento la construcción de ese acuerdo no existe”.
Así es que de ese interbloque de 11 diputados que es el Federal, solo no se han expresado los dos del bloque Justicialista: Eduardo Bucca y el salteño Andrés Zottos.
La otra alternativa con la que suele contar el bloque Frente de Todos es el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que conduce el mendocino José Luis Ramón y que tiene ocho diputados. Ya dos vienen diferenciándose en los últimos tiempos: la tucumana Beatriz Avila (Partido por la Justicia Social y el santacruceño Antonio Carambia (Unidad y Equidad Federal). La tucumana ya dijo que no vota la reforma judicial, convencida de que antes “hay que resolver los temas que preocupan a la sociedad, como la salud, la economía o la inseguridad”. Para Avila, “es inoportuno intentar un proyecto de ese tipo si no estamos resolviendo antes lo que piden los ciudadanos, que todavía se preguntan cuántos se van a quedar sin trabajo por efecto de la pandemia o cuántas empresas pequeñas o medianas van a cerrar”.
En este contexto es que el presidente de ese bloque, José Luis Ramón, terminó abriendo más dudas para el oficialismo, pues señaló que su posición “es clara, no quiero una reforma judicial que no podamos debatir y transformar”.
Queda claro entonces porqué el oficialismo decidió congelar el proyecto de reforma judicial, aun antes de su tratamiento en el Senado, donde se espera un resultado contundente -41 a 29, probablemente-. Con esa media sanción llegará a la Cámara baja, donde Sergio Massa aguardará “tiempos mejores” para eventualmente negociar modificaciones que modifiquen voluntades. Porque el tema es que de los 12 votos que necesitaba el Frente de Todos, hasta ahora contaba con el de Alma Sapag, dos del interbloque Federal y en el mejor de los casos otros siete del bloque de Ramón, si el mendocino reconsiderara la postura expresada el viernes. No le alcanza al oficialismo con eso.
Puede entonces que esté replicándose con la reforma judicial lo que en su momento experimentó Mauricio Macri con la reforma política. Podría decirse que ese proyecto era para el expresidente lo que para Alberto Fernández es la reforma judicial. Y en el caso del líder de Cambiemos, el proyecto pasó Diputados, pero fue archivado en el Senado, habida cuenta de que si se ponía a debate perdía. Con Alberto y su reforma, podría estar sucediendo lo mismo, con distinto recorrido.
