La sesión en la Cámara alta comenzó a las 14.36. El oficialismo impondrá su mayoría para dar media sanción al proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados, donde el escenario se vislumbra complicado para el avance de la iniciativa.
Con una protesta en las afueras del Congreso -que comenzó con una vigilia desde el miércoles por la noche-, el Senado comenzó a las 14.36 de este jueves la sesión virtual en la que el oficialismo impondrá su mayoría numérica para dar media sanción al proyecto de reforma judicial.
La iniciativa fue anunciada y enviada al Parlamento por el presidente Alberto Fernández a fines del mes de julio, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. Tras dos semanas de debate en comisiones, por donde pasaron alrededor de 50 expositores, el Frente de Todos firmó el dictamen en soledad la semana pasada.
La oposición rechazó desde un primer momento la propuesta, mientras que en las audiencias que se realizaron con especialistas, en su mayoría los invitados pusieron varios reparos al proyecto.
La versión original del texto sufrió algunas modificaciones, entre ellas que se decidió no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, pero para resolver los conflictos de competencia se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver esas cuestiones preliminares.
En los cambios, el oficialismo introdujo que se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas, que deberán ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. “Así se evitará que ‘siempre’ sean para los mismos jueces”, argumentaron desde la bancada.
También, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, bajo anonimato, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.
Atendiendo al reclamo de organismos de derechos humanos, se contempló que las secretarías de juzgados a trasladarse “no incluirán aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad”.
A propuesta del senador Oscar Parrilli, se incluyó en el artículo 72, inciso “e”, que los jueces deberán “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
En el Poder Judicial de la Nación habrá 15 nuevos jueces de cámara, 23 jueces de primera instancia y cinco secretarios de cámara, lo que hace un total de 43 cargos.
En tanto, en el Ministerio Público Fiscal se crean los cargos de cinco fiscales generales, 23 fiscales, cinco secretarios de fiscalía general y otros 23 secretarios, sumando 56 cargos.
Por último, en el Ministerio Público de la Defensa figuran tres nuevos defensores públicos oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal, ocho defensores ante los jueces y Cámara en lo Penal Federal, tres prosecretarios letrados y ocho secretarios, totalizando 22 cargos.
El proyecto prevé la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Capital Federal, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en CABA.
La iniciativa establece la creación de 23 juzgados en lo Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires y cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal; y el traspaso en su totalidad de la competencia penal no federal al distrito porteño.
Estos 23 nuevos juzgados tendrán jueces y juezas subrogantes, quienes permanecerán en el cargo hasta que asuman los magistrados titulares, pero no podrán estar más de un año (con prórroga de seis meses). La Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará un listado y los candidatos serán votados con dos tercios en el Consejo de la Magistratura. Luego esa nómina se enviará al Poder Ejecutivo, y éste deberá remitir los pliegos al Senado para su acuerdo.
De acuerdo al artículo 14, las causas que ya están en trámite “continuarán ante esos mismos órganos, hasta su conclusión”. Es decir, mantendrán a sus jueces naturales.
Dentro del plazo máximo de dos años de la entrada en vigencia de la ley, deberá implementarse el Código Procesal Penal Federal en el Fuero Penal Federal con asiento en CABA; y se encomienda a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso a adoptar las medidas necesarias para llevar adelante ese proceso.
Se crean además 63 juzgados federales de primera instancia con asiento en distintas ciudades de todas las provincias, y ocho Cámaras Federales de Apelaciones en Catamarca; Salta y Jujuy; San Juan; Santiago del Estero; Rosario (Santa Fe); Formosa; San Luis; y Mar del Plata (Buenos Aires).
Los otros proyectos
En la sesión también se tratarán dos proyectos de resolución impulsados por el Frente de Todos que dejan sin efecto las designaciones de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, y de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa.
Ambos habían sido designados por resolución de la exvicepresidenta Gabriela Michetti, sin pasar por votación en el recinto, y con ese argumento el oficialismo pretende avanzar en la modificación de la integración de los jury. Desde la oposición lo interpretan como una jugada más en el intento de desplazar al procurador general interino, Eduardo Casal.
El temario se completa con un proyecto por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas.
