Debido a la crisis económica que viene golpeando al sector hace algunos años y que se profundizó con la pandemia del Covid 19, la Legislatura porteña aprobó con 54 votos positivos y cuatro negativos –de los bloques FIT, PO, PTS y AyL- una Ley que exime del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos entre septiembre y febrero del 2021 a los responsables que desarrollen las actividades codificadas de acuerdo con el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES).

La medida recientemente aprobada beneficiará a restaurantes, cantinas, fastfood, locales de venta de comidas y bebidas al paso, de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador, foodtrucks, bares y heladerías.

Cabe señalar que el sector gastronómico es uno de los más afectados por la pandemia, dado a que en estos meses tuvieron una caída de más del 80% en sus ventas, a pesar de que continúan trabajando con el reparto a domicilio y para llevar. Es así que se prevé que esta medida alcance a un total de diez mil comercios gastronómicos que emplean directamente a más de ciento cincuenta mil personas en la Ciudad.

Al respecto de la iniciativa el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), indicó que se extendió a bares y restaurante la eximición del pago de Ingresos Brutos a unos diez mil comercios para aliviar la grave situación fiscal del sector, duramente castigado con la caída de ventas en un 80% y la pérdida de 150 mil puestos laborales en CABA y tiene un costo fiscal de aproximadamente 800 millones de pesos.

“El sector gastronómico es uno de los pilares de la actividad económica de la Ciudad que a la fecha sólo funciona con la modalidad de ‘reparto a domicilio’ y ‘para llevar/take away’. La eximición de los impuestos regirá entre setiembre de 2020 y febrero de 2021, inclusive”, señaló.

En tanto el diputado del PO Gabriel Solano recordó que presentó “un proyecto para que se les pague un salario a los trabajadores de comedores populares, pero en esta Legislatura se trata un proyecto que beneficia a cadenas como Mc Donalds” y se preguntó “entonces, ¿qué es lo que ocupa a esta Legislatura? Para los trabajadores esenciales que atienden en los comedores comunitarios no hay nada; hoy ganó Mc Donalds”.

Sobre esa misma línea, Alejandrina Barry (FIT) afirmó que este “es un sector que está sufriendo una grave crisis pero que no es nueva, ellos llegaron mal a la pandemia. El año pasado se cerraron 600 comercios y se perdieron 15 mil puestos de trabajo” y advirtió que “esta crisis que se da es parte de una crisis general, el INDEC manifestó que se cerarron 19 mil comercios. Esta ley no es para los pequeños comercios, esto es para las grandes cadenas, es para seguir beneficiando a los poderosos”.

Mientras que Matías Barroetaveña (FdT) explicó que acompañan “este proyecto porque nosotros también presentamos una propuesta en este sentido, estamos esperanzados con esta decisión porque venimos reclamando este tipo de decisiones desde marzo” e insistió en que “el oficialismo tiene dificultades para ayudar a la demanda, no piensa en cómo ayudar al trabajador para que tenga más dinero en el bolsillo”.

Por su lado el autor del texto Marcelo Guouman (UCR-Ev) indicó que “la situación del sector gastronómico es dramática, esta medida va a afectar positivamente a diez mil PyMEs y a todos los trabajadores vinculados a estos emprendimientos” y aseveró que “esta medida que construimos junto al Gobierno de la Ciudad se suma a la serie de beneficios que viene desarrollando el Ejecutivo.  Este es el mejor esfuerzo posible pero establecemos la necesidad de seguir dando debate por el resto de la economía”.