Tal cual se preveía, el Frente de Todos avanzó con la aprobación del proyecto oficial, que ahora pasó a la Cámara de Diputados, donde se plantea un escenario adverso para que la iniciativa avance. La votación resultó con 40 votos a favor y 26 en contra.
Por Melisa Jofré
El oficialismo impuso su mayoría en el Senado y avanzó con la media sanción del proyecto de reforma judicial. La votación resultó con 40 votos a favor y 26 en contra. Ahora, la iniciativa pasa a la Cámara de Diputados, donde al Frente de Todos se le plantea un escenario adverso para reunir el número suficiente y sancionar la ley.
En el final de la sesión, antes de la votación, el oficialismo informó numerosas modificaciones al texto, que se aprobó en una sola votación, lo que provocó el reclamo e indignación de la oposición.
El proyecto, bajo el título de "organización y competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias", recibió duros cuestionamientos por parte de la oposición, que la calificó de "inoportuna", con "visos de inconstitucionalidad", parte de "un plan de impunidad" y con un gran costo fiscal en medio de la pandemia, al crear "más de 900 cargos".
Además del rechazo del interbloque Juntos por el Cambio, votaron negativamente la neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann, del interbloque Parlamentario Federal. En tanto, al oficialismo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana.
Hubo cuatro ausencias: José Alperovich -con licencia renovada-, Carlos Menem, Juan Carlos Romero y Clara Vega. Y a la hora de la votación tampoco estuvieron Ernesto Martínez (Pro) -que sí participó del debate- y Adolfo Rodríguez Saá (FdT), con problemas de conectividad a última hora.
Con una protesta en las afueras del Congreso -que comenzó ya desde el miércoles por la tarde-, la Cámara alta debatió por nueve horas el proyecto enviado por el Gobierno. La sesión inició a las 14.36, pero el debate de la reforma judicial arrancó a las 15.46, concluyendo a las 00.45 de este viernes.
Qué plantea el proyecto
El proyecto prevé la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Capital Federal, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en CABA.
La iniciativa establece la creación de 23 juzgados en lo Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires -que se sumarán a los 23 ya existentes- y cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal; además del traspaso en su totalidad de la competencia penal no federal al distrito porteño.
Estos 23 nuevos juzgados tendrán jueces y juezas subrogantes, quienes permanecerán en el cargo hasta que asuman los magistrados titulares, pero no podrán estar más de un año (con prórroga de seis meses).
La Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará un listado y los candidatos serán votados con dos tercios en el Consejo de la Magistratura. Luego esa nómina se enviará al Poder Ejecutivo, y éste deberá remitir los pliegos al Senado para su acuerdo.
De acuerdo al artículo 14, las causas que ya están en trámite "continuarán ante esos mismos órganos, hasta su conclusión". Es decir, mantendrán a sus jueces naturales.
Dentro del plazo máximo de dos años de la entrada en vigencia de la ley, deberá implementarse el Código Procesal Penal Federal en el Fuero Penal Federal con asiento en CABA; y se encomienda a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código a adoptar las medidas necesarias para llevar adelante ese proceso.
Se crean además 63 juzgados federales de primera instancia con asiento en distintas ciudades de todas las provincias, y ocho Cámaras Federales de Apelaciones en Catamarca; Salta y Jujuy; San Juan; Santiago del Estero; Rosario (Santa Fe); Formosa; San Luis; y Mar del Plata (Buenos Aires).
En las modificaciones a la versión original, se decidió no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, pero para resolver los conflictos de competencia se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver esas cuestiones preliminares.
El oficialismo introdujo que se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas, que deberán ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. "Así se evitará que 'siempre' sean para los mismos jueces", argumentaron desde la bancada.
También, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, bajo anonimato, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.
El debate
Miembro informante del oficialismo, la santafesina María de los Ángeles Sacnun inició el debate y sostuvo que "seguramente requeriremos de otras leyes para conformar una verdadera reforma judicial”. La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales -cabecera de la iniciativa- defendió que el texto no se trató "a libro cerrado" y criticó a la oposición al calificarla de "cerrada", por no haber aportado sugerencias.
“La situación de la justicia federal es grave, porque hemos asistido a cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, durante los cuales se estableció una mesa judicial”, cuestionó a la gestión anterior, y afirmó que con la creación de nuevos juzgados se busca “desconcentrar el poder de Comodoro Py; porque cuanto mayor concentración, más arbitrariedad”.
En total rechazo al proyecto, la senadora macrista Laura Rodríguez Machado lanzó que "la reforma judicial es bastante más que este proyecto conocido como el festival de cargos". Para la cordobesa, la iniciativa "es simplemente un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar en manejar la justicia federal penal hacia un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno”, en referencia al kirchnerismo.
“Es un proyecto que pone mordaza a la justicia, que lo único que pretende es poner jueces interinos que van a estar colgados de un dintel del poder político, que baja los estándares de calidad de los exámenes no exigiendo los antecedentes para los nuevos magistrados, que crea subrogancias inconstitucionales, y crea un festival de cargos por un alto monto en una pandemia”, enumeró.
También desde el Pro, el senador Esteban Bullrich opinó que la iniciativa está "pergeñada en los sótanos de la democracia". "El Senado debería atender las urgencias de la gente en lugar de tratar urgencias pseudo-personales", dijo y remarcó que una medida de este tipo "demanda una participación muy amplia para construir un consenso general y eso no sucede aquí".
Y agregó que "la reforma carece de racionalidad, fundamentación y legitimidad. Es posible que esté pensada como un camino hacia la impunidad. Pero también, como dicen otros, que esté diseñada para restringir la libertad de expresión y amordazar a la prensa con ese artículo inconstitucional".
Por el Frente de Todos, Mario Pais habló de "una justicia en verdadera crisis que no respeta las expectativas y los reclamos de la sociedad". En referencia a quién impulsa el proyecto, el chubutense le contestó a Bullrich: "El origen de este proyecto es claro y transparente, es el Poder Ejecutivo". "Ni siquiera la vicepresidenta de la Nación tiene la potestad de iniciar un proyecto de ley", aclaró.
Y continuó: "Pongamos las cosas por su nombre. Esto es una decisión política del presidente de la Nación, en cumplimiento de un compromiso de campaña y de un anuncio que diera en el mes de marzo en el discurso inaugural en el Congreso". Para el oficialista, el proyecto "es trascendente" y busca "una justicia más transparente, más independiente".
A su turno, el radical Julio Cobos afirmó que la reforma judicial "no es ni urgente ni importante", porque "la prioridad hoy está en la salud, en la economía, que está agobiada y se refleja en los índices de desempleo, en la pérdida de poder adquisitivo".
"Se están creando 316 magistrados, 988 nuevos cargos", calculó el mendocino y repasó que durante el debate en comisiones "48 fueron los expositores, de los cuales 11 hablaron a favor, 8 con críticas, 27 en contra y dos nada más se dedicaron a la transferencia a CABA". "Es inoportuna; no ha sido consensuada ni política ni socialmente; no resuelve el problema de Comodoro Py y tiene visos de inconstitucionalidad", completó.
La única oradora por el interbloque Parlamentario Federal, Lucila Crexell aseguró que "más que reforma judicial, yo diría que es la no reforma judicial". "Con este proyecto lo único que hacemos es nombrar jueces y fiscales, que ni siquiera sabemos si responden a las necesidades concretas de los lugares donde se los está nombrando", advirtió. Asimismo, la neuquina expresó que la iniciativa "no combate la corrupción judicial" y "empeora al sistema", porque "es gatopardismo puro con un gran costo fiscal".
La radical Silvia Elías de Pérez alertó por la "creación gigantesca de más de 900 cargos, de una manera irracional" y estimó un "presupuesto es de 6.000 millones de pesos", además de que "por año vamos a necesitar 2.500 millones más" para la justicia. "Este es un proyecto de intervención de la justicia", consideró y acusó que "lo que quieren es tomar el control de los jueces que han investigado las causas de corrupción que han hecho llorar a la Argentina".
Avanzado el debate, el radical Martín Lousteau advirtió que la reforma judicial “no va a servir para modificar la realidad”. "La pandemia tiene urgencias nuevas, agudas, pero si la reforma fuera buena y el compromiso fuera colectivo, siempre es el tiempo de la reforma de la justicia o del Poder Judicial, porque todos decimos que funciona mal”, reflexionó, pero resaltó: “El problema es que ni es la reforma correcta ni la estamos encarando de la manera correcta”.
El senador del Frente de Todos Mariano Recalde criticó a la oposición por haber estado desde un principio en contra del proyecto, "sin haber leído siquiera cuál era el contenido de la ley". Asimismo, los cruzó por hablar del "rechazo de la sociedad" al considerar que en el "puñado de gente" que se manifestó en las afueras del Palacio, "no está la ciudadanía".
"Esta es una ley que desconcentra el poder concentrado en un grupo de jueces que ha hecho las cosas muy mal, y favorece la agilidad de las causas", manifestó.
Impulsor de un inciso que había despertado la polémica, Oscar Parrilli anunció que se daba marcha atrás con la redacción sobre los "poderes mediáticos" y leyó la nueva letra. El oficialista cuestionó a la oposición porque "armaron una gran batahola de este tema, diciendo que nosotros no queríamos la libertad de prensa".
Por otra parte, el neuquino dijo estar “convencido” que “la gran mayoría de los senadores de Cambiemos quieren la impunidad de (Mauricio) Macri por todas las causas que vienen para delante”. “Es la imagen del espejo invertido, nos acusan a nosotros de lo que ellos son”, disparó.
"Si algo quedó claro a lo largo del debate sobre este proyecto es que el Poder Judicial en Argentina no funciona bien y que hay que mejorar el servicio de justicia. Siempre es oportuno el fortalecimiento de las instituciones y de nuestra democracia", sostuvo Anabel Fernández Sagasti.
La vicepresidenta del bloque Frente de Todos subrayó que "para la oposición nunca habrá oportunidad para tratar algo que tenga que ver con la reforma del Poder Judicial". "La verdad es que son adictos al statu quo y los beneficia el statu quo de la Argentina. ¡Y el peronismo fue votado para cambiar las cosas!", lanzó.
En la recta final del debate, el rionegrino Alberto Weretilneck analizó que "es llamativo como los temas en este país se tergiversan" y expresó que cree "que (el proyecto) no tiene ninguno de los dos extremos que se han planteado: no es la ley que garantiza impunidad a nadie y tampoco es la ley que viene a resolver los problemas de la justicia en Argentina".
Al afirmar su acompañamiento, el exgobernador sugirió que "si no modificamos el funcionamiento del Consejo de la Magistratura es imposible que esta ley tenga un efecto positivo".
El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que en el proyecto de “se ve un intento liso y llano de colonizar la justicia”. También, abogó por que en la Cámara de Diputados “se pueda encontrar un parate”, al tiempo que remarcó que “cuando no hay sensatez desde la política, el último resguardo es la Corte Suprema”.
Finalmente, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, fustigó a la oposición: "Este proyecto ni lo leyeron…entonces vienen con la guitarrita y le dan a la sanata". "Tenemos un buen proyecto que mejora la justicia federal en todo el país, y obviamente que aspiramos a generar una justicia transparente, libre e independiente, porque nosotros no vamos a hacer lo que hicieron", apuntó.
