Mientras avanza en el Congreso y con polémica el proyecto oficial de reforma judicial, por carriles separados avanza una movida para ampliar el número de integrantes de la Corte. Movida que tiene en uno de sus exmiembros, Raúl Zaffaroni, un entusiasta e influyente apoyo.
Por José Angel Di Mauro
Cincuenta y cinco veces pronunció Alberto Fernández la palabra “justicia” en el discurso con el que el 10 de diciembre pasado inauguró su presidencia. En este párrafo de ese mensaje anunció por primera vez la reforma judicial que se proponía impulsar: “Para superar este muro que lo único que ha garantizado en la Argentina es la impunidad estructural, en los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.
Diecisiete veces repitió esa palabra en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo. “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”, dijo entonces.
Entre uno y otro discurso varias veces dio por seguro el inminente envío al Congreso de esa reforma, incluyéndolo en el temario de sesiones extraordinarias, algo desaconsejado por cuanto semejante cuestión exige un tratamiento intenso en comisión que no se corresponde con la urgencia que se supone acompaña a los proyectos tratados en verano.
Pero durante lo que lleva Alberto Fernández de gestión, fue una constante el anuncio del inminente envío al Congreso de iniciativas que luego no mandó. Siempre se dijo que estaban listas y próximas a remitir, pero no. Desde el Consejo Económico y Social, al proyecto para la legalización del aborto. Pasando también por el impuesto a las grandes fortunas…
La pandemia fue la justificación adecuada para la lógica postergación, en casos como el aborto (una cuestión que muchos se preguntaban cómo implementaría el Gobierno sin resentir el sólido vínculo que mantiene con Francisco). Tampoco resultaba lógico que en el período de la cuarentena más estricta y la lucha contra el Covid-19, con el Parlamento parado durante meses y luego funcionando con una agenda condicionada por la virtualidad, se tratara una ambiciosa modificación del sistema judicial.
Pero el Parlamento le tomó la mano a las reuniones de comisión y las sesiones, aunque el debate de temas ríspidos sigue generando suspicacias. Muchos se preguntan sin embargo si transitando el pico de la enfermedad y con un escenario económico devastado como amenaza ser el post pandemia, resulta conveniente enfrascarse en una reforma judicial como la que propone el Gobierno.
Previsiblemente para la oposición no correspondía, y sí para el presidente Alberto Fernández, que finalmente mandó su proyecto. Porque más allá de las dilaciones, para el presidente ese ha sido siempre un objetivo firme de su gestión. Profesor de Derecho Penal en la UBA, el mandatario tiene especial interés en implementar la reforma que ideó junto a su socia y amiga Marcela Losardo, la ministra de Justicia; Gustavo Beliz, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia; y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia.
¿Cuánto de la letra original de ese proyecto es lo que entró finalmente por el Senado?, es la pregunta del millón. Está claro que allí radicó el meollo de la demora original. La necesidad de conformar a las distintas tribus que componen el heterogéneo Frente de Todos, pero fundamentalmente a la que lidera la vicepresidenta. Especialmente interesada en la reforma judicial en lo que tiene que ver con las causas que comprometen a la exmandataria y su familia, y -no menos importante- sentar en el banquillo a la mayor cantidad de integrantes del Gobierno de Cambiemos.
La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte.
El proceso ya está en marcha y cuenta con un activo fundamental del que goza esta administración en general y el kirchnerismo en particular: que maneja el Senado, donde tiene una mayoría capaz de designar jueces y fiscales, que serán clave -estos últimos- en el futuro esquema judicial. Por eso también es muy importante quién vaya a ser el procurador general de la Nación, a la sazón jefe de los fiscales.
Y ese es justamente un punto débil de esta administración, que hoy no cuenta con los dos tercios en el Senado para designar a Daniel Rafecas, cuyo pliego el Poder Ejecutivo ya mandó a esa Cámara. En ese sentido es que hay que contabilizar la movida puesta en marcha en el seno de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Presidida por el diputado de La Cámpora Martín Doñate (todas las comisiones de esas características fueron monopolizadas por referentes del cristinismo) activaron allí una serie de pedidos de informes dirigidos al procurador general actual, Eduardo Casal, que fue el que quedó a cargo de manera interina cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Mauricio Macri quiso designar a Inés Weinberg de Roca, pero nunca tuvo el número para aprobar su pliego.
El kirchnerismo busca impulsar el juicio político contra Casal, de modo tal de desplazarlo. De producirse esa vacante, la primera en la línea sucesoria sería Laura Monti, procuradora fiscal, quien debería dar un paso al costado -voces interesadas han hecho circular que no le interesaría ocupar ese cargo- para que en lugar de Casal pudiera asumir Víctor Abramovich. También procurador fiscal, fue director ejecutivo del CELS y es el preferido del Instituto Patria.
La movida, que sorprendió a la oposición, es agitada como para permear la resistencia de la oposición que tiene el número exacto para obturar la convalidación de Rafecas. No vaya a ser cosa que les pase como cuando a Cristina Kirchner le voltearon a Daniel Reposo, la primera opción, y terminó designando a Gils Carbó. Peor el remedio… pensó la oposición de entonces.
Pero la reforma judicial no llegó sola al Congreso. Paralelamente, en vísperas del envío del proyecto trascendió la idea de crear un consejo consultivo para analizar temas anexos que originalmente no tenía en mente el presidente, como ampliar la Corte Suprema de Justicia. Vieja sugerencia de Eugenio Zaffaroni, en ese detalle se ve también la mano del kirchnerismo en la reforma judicial que avanzó sin inconvenientes en el Senado, con destino un poco más incierto en Diputados.
Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte.
La conformación del consejo asesor fue desafiante. Sin poder vinculante, resultó curioso que estuviera lleno de peronistas (solo tres no lo son) y ya se sabe de antemano que terminará sugiriendo una ampliación de la Corte. Porque aun antes de escogerlos se sabía qué pensaba al respecto la mayoría de sus miembros. ¿Era necesaria la presencia de Carlos Beraldi, un especialista reconocido, pero en definitiva el abogado defensor de la vicepresidenta? No, pero ese es evidentemente un gesto que se pretendió dar hacia la Justicia en general, concluyen los que interpretan estas actitudes.
En tren de interpretaciones, cómo debería tomarse que en la presentación del proyecto de reforma judicial, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente apareciera rodeado por el consejo asesor elegido por él para asesorarlo en los futuros cambios en la Justicia. Estuvieron además, por parte del Ejecutivo, el jefe de Gabinete, a la derecha de Fernández, y la ministra de Justicia, a su izquierda. En la imagen se veía al mandatario en un escenario cuidadosamente armado, rodeado por doce personas, todas sentadas y respetando la distancia social. Si el consejo asesor es de 11 miembros, y había dos funcionarios del Ejecutivo, ¿quién faltaba? Beraldi, quien había sido puesto justo detrás del presidente, para que no saliera en la foto…
Está claro que la modificación de la estructura de la Corte Suprema de Justicia es el elemento central de las recomendaciones que surgirán de ese consejo de notables. Nadie tiene dudas de que le recomendarán ampliarla, porque eso surge hasta de Alejandro Gil Domínguez, uno de los juristas convocados para integrar el consejo asesor, y tal vez el más alejado de las ideas kirchneristas, quien no solo criticó a la oposición por “no dar el debate”, sino que también sugirió que “hay que cambiar un montón de cosas para que la Corte funcione mejor”, y respecto de la cantidad de miembros, deslizó que “9 es un buen número, da más circulación, más necesidad de consensos”.
Lo de ampliar la cantidad de miembros del Tribunal Supremo no es cosa nueva. A fines de abril de 2013, Raúl Zaffaroni habló de ampliar la cantidad de integrantes de la Corte. Fue en el marco de una charla académica en la Facultad de Derecho de la UBA que Zaffaroni recomendó la ampliación del tribunal que por entonces él integraba, aunque admitió que era “políticamente incorrecto” hablar de eso en ese momento.
El entonces ministro de la Corte argumentó esa vez que según la estructura de ese organismo, la misma debía asumir el doble rol de revisora de la constitucionalidad de las leyes y actuar a su vez como tribunal casación. La mayoría de los casos que llegan a manos de sus miembros corresponde a presentaciones contra sentencias arbitrarias, un mecanismo procesal que debiera ser excepcional que se ha transformado en la regla. Con ello, la concentración de casos era elevada y complicaba el trabajo de los siete miembros del Tribunal. Es que por entonces eran siete los integrantes de la Corte y estaba determinado por ley que fuera a reducirse a cinco.
Sin necesidad de modificar la Constitución, para Zaffaroni se podía ampliar la cantidad de integrantes y diversificar sus actividades. El jurista fue concreto al hablar de sumar una docena de miembros que se dividirían en cuatro salas especializadas que harían las tareas de casación: Penal; Laboral y Previsional; Contencioso Administrativo y Civil.
Zaffaroni citó el caso de Costa Rica, y aclaró luego que no estaba sugiriendo implementar semejante cambio de un día para otro, admitiendo de paso que “hablar de esto en este momento es políticamente incorrecto”. No obstante, recomendó a los alumnos que lo escuchaban que “cuando en el futuro tengan poder decisorio se acuerden de esto”.
En el futuro, el jurista insistiría con el tema cada vez que le preguntaron.
El máximo número que la Corte Suprema de Justicia llegó a registrar en la historia fue 9, cuando en los 90 Carlos Menem amplió el tribunal a través de la Ley N° 23.774, pasando de 5 a 9 integrantes. El propio mandatario riojano se encargó de elegir a los nuevos miembros. Ante esa decisión, Jorge Bacqué, renunció en oposición a la medida, igual que el titular del Tribunal, José Severo Caballero.
Continuaron en sus sillones Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio. Menem sumó a Julio Oyhanarte, Ricardo Levene (h), Julio Nazareno, Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Barra y Eduardo Moliné O’Connor.
Bien se sabe que la intención de Menem de ampliar el tribunal fue recrear lo que se dio en llamar “la mayoría automática”, que fue precisamente lo primero que Néstor Kirchner se abocó a desarmar a poco de asumir. En el marco de la primera cadena nacional que convocó durante su mandato, el santacruceño anunció la decisión de terminar con esa mayoría menemista en el Tribunal y de impulsar el juicio político de su titular, Julio Nazareno, quien renunciaría poco después.
En rigor, la embestida contra los miembros de la Corte se había iniciado durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando la Comisión de Juicio Político que entonces presidía el santacruceño Sergio Acevedo, inició procesos contra los nueve miembros del Tribunal, objetando sus conductas en las sentencias del corralito, el tráfico de armas, la habilitación de la candidatura a gobernador de Raúl Romero Feris, el rebalanceo telefónico y por la investigación del ataque a la Embajada de Israel. Además, se los juzgaba por declarar inconstitucional el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución nacional, que obligaba a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, por la no aplicación de la Ley de Etica Pública en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas, y el manejo administrativo del tribunal, conocido como superintendencia. En la mayoría de los informes, los cargos eran por “mal desempeño”, aunque también por “prevaricato”, y estaban dirigidos en su mayoría a los cinco jueces que formaron la denominada mayoría automática: Julio Nazareno, Guillermo López, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano.
Siete meses después, en octubre de 2002, el oficialismo logró imponer su decisión de evitar el enjuiciamiento contra la Corte Suprema de Justicia, al rechazar esa medida impulsada por buena parte de la oposición y tropa propia contra los nueve miembros del Alto Tribunal.
El dictamen acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia concluyó con el rechazo en el marco de un debate signado por las enfáticas exposiciones de los impulsores de la acusación y por la férrea defensa de los ministros, sostenida por los diputados menemistas. Julio Nazareno fue en quien se concentró el debate por ser el juez sobre el que pesaba la mayor cantidad de cargos. Fue quien más votos cosechó a favor de su enjuiciamiento: 143, que no alcanzaron para permitir el proceso, ya que 89 votaron en contra y hubo dos abstenciones, lo que resultó suficiente para evitar el juicio.
Segundo en esta suerte de ranking negativo resultó Adolfo Vázquez, quien cosechó 140 votos por el enjuiciamiento, 93 en contra y 3 abstenciones; luego figuraron Eduardo Moliné O’Connor (139-95-2), Antonio Boggiano (131-97-8) y Augusto Belluscio (122-109-5). Detrás figuraron Julio Petracchi (72 a favor del juicio, 158 en contra) y Carlos Fayt (85-135). Gustavo Bossert (63 por el juicio y 168 en contra) fue el que menos votos por el juicio cosechó. Aun así, renunció poco después, argumentando que el inconsistente cuestionamiento formulado en su contra por la Comisión de Juicio Político lo había dejado sin “ánimo” ni el “entusiasmo” que el ejercicio de la función judicial requiere.
Para destituir a cualquier miembro de la Corte hacen falta dos tercios del Cuerpo y ni siquiera lo alcanzaron con Nazareno.
Como dijimos, la embestida contra el Tribunal Supremo se reanudó en tiempos de Néstor Kirchner. Tras la salida de Nazareno, el Parlamento fue contra Moliné O’Connor, quien fue destituido en diciembre de 2003. Luego se iniciaron procesos contra Adolfo Vázquez y Guillermo López, que renunciaron, y a continuación fue el turno de Antonio Boggiano, destituido en septiembre de 2005. Una sexta vacante se abrió con la renuncia de Augusto Belluscio, uno de los jueces originales de la Corte de 1983, quien se fue por estar próximo a cumplir 75 años. Al dimitir, Belluscio dijo que por haber firmado la sentencia dictada por la Corte el 19 de agosto de 1999 en la causa “Fayt, Carlos Santiago c/Estado Nacional s/ proceso de conocimiento”, mediante la cual se declaró la nulidad de la cláusula que establecía la caducidad de la designación de los jueces nacionales al llegar a los 75 años, no consideraba ético permanecer en el cargo.
El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público. “No nos interesa conformar una Corte adicta y no nos sirven las viejas prácticas, porque la Corte Suprema necesita ganarse la confianza de la sociedad para dar solidez a sus decisiones”, señaló Kirchner ese día.
Pese a las seis vacantes generadas, sólo fueron cubiertos cuatro cargos. Eugenio Zaffaroni asumió tras la renuncia de Nazareno y luego llegaron Elena Inés Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, en ese orden.
El 19 de junio de 2003, el presidente Kirchner firmó el decreto 222 que impulsaba un nuevo método para la selección de miembros del Alto Tribunal y el Ministerio Público.
Tiempo después, el Gobierno kirchnerista dio un nuevo golpe de efecto en el área judicial, al anunciar la decisión de reducir a cinco el número de miembros de la Corte. El proyecto fue presentado el 9 de noviembre de 2006 por la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner y fue recibido con beneplácito por parte de la oposición y los propios miembros de la Corte, algunos de los cuales reclamaban la reducción de miembros ya que se les hacía complicado conformar mayorías para sacar los fallos. Lorenzetti y Argibay reclamaban una reducción formal, aunque no a 5, sino a los 7 entonces vigentes.
El proyecto de Cristina derogaba la Ley 23.774 que impulsó el menemismo aumentando la Corte a nueve, fijándola en cinco. Como “disposición transitoria” se aclaraba que los siete integrantes de entonces permanecerían en sus cargos, salvo renuncia o fallecimiento, y establecía que a partir de entonces la mayoría sería alcanzada con cuatro firmas. Lo mismo sucedería cuando quedaran seis jueces y, cuando en el futuro fueran cinco, la mayoría sería suficiente con tres votos.
Durante la primera década de su trayectoria en la política grande, el periodismo estaba acostumbrado a contar con Cristina Kirchner como fuente de información. Contrariamente a lo que sucedió con los Kirchner en el poder, ella siempre acudía a las invitaciones para participar en los programas periodísticos, o cualquier requerimiento de entrevistas. Con su esposo en la presidencia, bajó su perfil. Pero para la presentación de su proyecto para reducir la Corte, convocó a un grupo de periodistas a su despacho, a quienes se los detalló y les entregó el texto antes de depositarlo en Mesa de Entrada. Eso sí, fue selectiva: solo convocó a cuatro representantes de medios: los editorialistas de los grandes diarios, y no a los periodistas parlamentarios.
Esa iniciativa mostraba un rasgo del kirchnerismo inicial, aquel que ante situaciones adversas acostumbraba a dar golpes de efecto que resultaran inobjetables para propios y extraños. Recordemos en qué contexto se daba: el entonces gobernador de Misiones, Carlos Rovira, acababa de fracasar en el intento de reelección al ser derrotado por el obispo Joaquín Piña, y con ello todos los proyectos reeleccionistas se derrumbaron como un castillo de naipes. Atento al humor social que el efecto Misiones había generado, Néstor Kirchner no redobló la apuesta, sino que ordenó arriar todas las reelecciones en marcha. Eduardo Fellner en Jujuy y Felipe Solá en Buenos Aires debieron cambiar sus gobernaciones por bancas de diputados. El primero terminó presidiendo la Cámara, postergando al segundo, que poco tiempo después se alejaría del kirchnerismo.
La iniciativa K buscaba desplazar de la atención pública el tema de las reelecciones, retomando el camino de la búsqueda de una mejor institucionalidad.
Predicando con el ejemplo, Néstor Kirchner daba señales de dejar de lado su propia reelección para la cual estaba habilitado, y comenzaba a tomar vuelo la posible candidatura presidencial de su esposa. La presentación de un proyecto auspiciando la reducción de la Corte contribuía a elevar el perfil de ella. Recordemos que el primer proyecto que CFK presentó tras asumir como senadora por la provincia de Buenos Aires fue el que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura.
Otras iniciativas de fuerte importancia impulsadas por CFK fueron la que formalizaba el control de los DNU y la reglamentación del juicio por jurados, una asignatura pendiente de la Constitución, que pese a la firma de Cristina no fue puesta en práctica y en la actualidad vuelve a estar en carpeta.
Al defender en el recinto su iniciativa para reducir la Corte, la entonces primera dama sostuvo que con ello se cerraba un ciclo “sobre cómo se deben manejar las instituciones”. En su discurso en el recinto del Senado hizo un repaso histórico sobre los cambios en la Corte, destacó las medidas tomadas por el gobierno de su esposo para designar a sus integrantes y criticó a los sectores de la oposición que lo acusaban de “populistas” y a su juicio hablaban con “hipocresía sobre calidad institucional”.
Asimismo contó que el Gobierno había decidido iniciar su ofensiva contra los jueces de la denominada “mayoría automática” de la Corte luego de recibir “una amenaza de dolarizar” la economía si no se les otorgaban “cosas” a cambio. Así fue que en medio del debate en el Senado del proyecto para reducir el Alto Tribunal, la primera dama dijo que apenas diez días después de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia “un excolaborador había recibido de su contacto en la Corte, (el juez Adolfo) Vázquez”, la “amenaza de dolarizar” la economía a través de un fallo, y que “a cambio” de no hacerlo pedían “cosas” que no precisó.
“Creo que, con este volver a cinco miembros de la Corte se cierra un ciclo, para este Gobierno y para los que vengan, sobre cómo se deben manejar las instituciones”, sostuvo la entonces legisladora, quien tuvo a su cargo los discursos inicial y de cierre en el debate de la sesión que aprobó el proyecto.
La iniciativa fue sancionada por 57 votos a favor y las abstenciones de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso.
Por ese entonces la Corte Suprema estaba integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Enrique Petracchi. En 2014 quedaron vacantes por fallecimiento los cargos de Argibay y Petracchi, y por jubilación el de Zaffaroni. Fayt se jubiló en noviembre de 2015,
Mauricio Macridesignó en 2016 a Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti, quedando el Alto Tribunal con la conformación de cinco actual.
Un número exiguo para algunos, suficiente para muchos. Inconveniente de alterar en esta coyuntura, según coincide la mayoría. Porque en rigor de verdad hay quienes consideran desde la oposición que la Corte Suprema debería ser ampliada. Miguel Angel Pichetto, por ejemplo.
En 2016, cuando la Cámara alta dio su aval a los candidatos propuestos por Macri para el Alto Tribunal, el entonces presidente del bloque PJ-FpV dejó abierta la puerta a una reforma de la Corte, porque una de cinco miembros “ya no se ajusta a la realidad político-institucional de Argentina”.
En rigor, la posibilidad de ampliar el Alto Tribunal sonó fuerte promediando el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Pero esa posibilidad nunca pudo prosperar, aunque la expresidenta se quedó con las ganas.
Como quedó claro cuando en 2016, ya fuera del poder, volvió a Buenos Aires por los requerimientos judiciales que comenzaron a asecharla. El 21 de abril de ese año, convocó a los senadores nacionales al Instituto Patria. Oscar Parrilli y las senadoras camporistas se ocuparon de cursar las invitaciones, omitiendo deliberadamente invitar a Miguel Pichetto. Asistieron a ese encuentro los senadores Juan Manuel Abal Medina, María Laura Leguizamón, Ana Almirón, Inés Blas, María Inés Pilatti Vergara, Nancy González, Mario Pais, Sigrid Kunath, Liliana Fellner, Hilda Aguirre, Teresita Luna, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Giménez, Juan Manuel Irrazábal, Marcelo Fuentes, María de los Angeles Sacnun, Marina Riofrío, Ruperto Godoy, Silvina García Larraburu, Daniel Pérsico, Carlos “Camau” Espínola y las santacruceñas María Ester Labado y Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner y la primera en llegar. Desde la cabecera de la mesa, flanqueada por los senadores Fuentes e Irrazábal, Cristina criticó en ese encuentro puntualmente la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte, refiriéndose a eso como “un pecado de origen” del Gobierno de Macri. Y esa charla devino entonces en la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del Máximo Tribunal, cosa en la que coincidió Cristina. La expresidenta hizo allí su primera autocrítica: por haber impulsado en 2006 la reducción del número de integrantes del tribunal de 9 a 5. Debió haber hecho lo contrario, dijo, y sugirió la idea de dividir a la Corte en salas especializadas, tal cual la había convencido Zaffaroni.
Habrá que ver si, como todo indica, el consejo asesor termina recomendando su ampliación. Ello puede hacerse a través de una ley aprobada por mayoría simple que retrotraiga lo dispuesto en 2006 a instancias del propio kirchnerismo. Y en ese caso, la oposición ya ha hecho saber que si el Gobierno de Alberto Fernández decide avanzar en ese sentido, no le dará los dos tercios para ninguna designación. Sea quien sea.
