Piden al Gobierno no dar altas a servicios en inmuebles usurpados

Es a través de un proyecto de la oposición que extendería esa disposición a todos los inmuebles judicializados. La autora, Adriana Cáceres, ya pidió aumentar las penas por ese delito.

Desde el Congreso de la Nación, la oposición le reclamó al Gobierno que cancele y no dé altas de servicios de luz, internet y telefonía en todos aquellos inmuebles que se encuentren judicializados por usurpaciones, delitos contemplados en el artículo 181 del Código Penal Argentino. Se trata de un proyecto de declaración presentado por la diputada nacional de Juntos por el Cambio Adriana Cáceres, y cuyo organismo para arbitrarlo sería el Enacom.

“El problema de las usurpaciones no es nuevo en nuestro país”, comentó la legisladora pilarense, quien remarcó que lo que no puede admitirse “es que sigan existiendo estas acciones lamentables, que bien pueden volverse más graves cuando algunos de los factores potencialmente conflictivos de las situaciones existentes toman dimensiones más severas. Es en este sentido que resulta necesario generar una respuesta integral a este problema”.

Cáceres pidió al Estado que “refuerce”  sus políticas de acceso a la vivienda, sin dejar de lado la protección la propiedad privada que en muchos casos es el fruto de años de trabajo de las familias argentinas.

“Una usurpación trae graves perjuicios económicos a los propietarios en cuanto costos del litigio, impuestos y lucro cesante de la propiedad, por lo que aquellas herramientas que contribuyan a disuadir las tomas o que las mismas no persistan en el tiempo, serán muy beneficiosas para quienes buscan recuperar lo que les pertenece”, remarcó Cáceres.

Vale recordar que la legisladora de JxC fue la impulsora del proyecto presentado días atrás que propone aumentar las penas para quienes usurpen propiedades y terrenos, tanto públicos como privados. Se trata de una iniciativa que busca modificar la pena de prisión para el delito de usurpación, que pasaría de la actual escala punitiva, que va de seis meses a tres años, a una que contemple un mínimo de un año de cárcel y un máximo de seis.

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