El Frente de Todos, con apoyo de la misionera Magdalena Solari Quintana, firmó los pliegos enviados por el Gobierno. Los camaristas, que intervienen en la causa de los cuadernos, no concurrieron a la reunión. Juntos por el Cambio tampoco asistió y pidió la impugnación de la audiencia.
Por Melisa Jofré
El oficialismo en el Senado avanzó con el rechazo de los traslados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional Federal, Sala I, de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes intervienen en analizar cada paso de la denominada causa de los cuadernos.
Con el acompañamiento de la misionera Magdalena Solari Quintana, y con la ausencia de los senadores de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos se opuso a los pliegos de ambos, remitidos por el Poder Ejecutivo. Asimismo, firmarán en contra del traslado del magistrado Germán Castelli al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Capital Federal, que tampoco se presentó.
Hacia el final de la reunión, que duró casi cuatro horas, la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, hizo mención a las notas enviadas por los jueces informando que no asistirían a la audiencia pública.
“Es una lástima que el doctor Bruglia haya decidido no asistir a completar una manda constitucional al Senado”, afirmó Fernández Sagasti, al referirse a la primera nota.
En tanto, el jujeño Guillermo Snopek cargó: “Quería dejar en claro cómo el gobierno de Macri arma una compleja estructura para usar las funciones y los procedimientos judiciales para alcanzar sus objetivos tanto políticos como económicos”.
Para el legislador, hubo “armado de causas” por parte de estos jueces, y acusó a la gestión anterior de “hacer renunciar a (Eduardo) Freiler, a (Jorge) Ballestero por jubilación y al propio (Eduardo) Farah por la presión mediática que recibió”. “Está clara la composición y el esquema de utilización de la justicia”, agregó.
También apuntó contra Bruglia el senador Oscar Parrilli, al sostener que “se ve que tiene una gran capacidad” porque “subroga y tiene un traslado, reemplaza a dos jueces”.
Contra el gobierno anterior, criticó “la manipulación por parte del Poder Ejecutivo, la justicia y la complicidad de estos jueces”, por lo que “no es casualidad que se niegue a concurrir”. “Está claramente demostrando por su desprecio a las normas constitucionales y al Senado”, añadió.
Mientras que el fueguino Matías Rodríguez propuso pasar directamente a la firma del rechazo, por “el claro desprecio a todo este proceso y a la Constitución Nacional”. En el mismo sentido, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, remarcó que la decisión de los magistrados lo que hace es “sentar un precedente muy malo”. “Obviamente no podemos dar el acuerdo. Esta falta es grave”, expresó el formoseño.
Nuevamente tomó la palabra Parrilli, para recordar que Bruglia y Bertuzzi presentaron un amparo que fue rechazado por la jueza Alejandra Biotti y “fueron a la Corte Suprema”. “Independientemente de que estamos rechazando el traslado, estos jueces van a seguir actuando en los juzgados en que estaban antes”, advirtió y opinó que “esta actitud debe ser considerada por el Consejo de la Magistratura porque van a seguir siendo funcionarios”.
El resto de los jueces
El primero en exponer fue Juan Manuel Iglesias, quien en 2016 fue trasladado de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia (Chaco).
El magistrado aseguró que el cambio “tuvo que ver con cuestiones meramente familiares” y señaló que ese tribunal “era un tribunal que estaba parado, con muchas dificultades”, en el que “había muy pocas sentencias y juicios”.
Por eso, Iglesias destacó que con su presencia “cien por ciento en la intervención de las causas” se logró “llevarlo a un nivel en donde pasaron de haber 50, 40 sentencias a 130, 140 sentencias”, además de haberse realizado “cuatro, cinco juicios de lesa humanidad”. “Me gustaría continuar en el tribunal para llevarlo al nivel que quiero, que tenga un atraso mínimo”, agregó.
Luego fue el turno de Zunilda Niremperger, quien pasó del juzgado federal de primera instancia N°2 de Resistencia (Chaco) al juzgado federal de primera instancia N°1 de la misma localidad. La magistrada enfatizó que cuando pidió el traslado lo hizo porque “estaba convencida de que las condiciones estaban dadas para ello”.
Al repasar su trayectoria, la jueza recordó que en agosto de 2015 se hizo cargo por subrogancia del juzgado N°1, donde “había una situación de postergación importante y se necesitaba trabajar mucho”. “El juzgado sigue teniendo unas 40 mil causas en trámite y tiene además la competencia electoral”, precisó Niremperger, quien tiene a su cargo causas que involucran a la diputada radical Aída Ayala.
Finalmente, afirmó que su traslado fue “absolutamente regular, legítimo” y añadió: “No creo que en ningún momento haya violado ningún tipo de ley ni que haya sido puesta por un favor”.
A su turno, Federico Villena, trasladado del juzgado federal de primera instancia de Moreno (provincia de Buenos Aires) al juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, se mostró a favor de la revisión: “Este procedimiento resulta necesario, más allá de las opiniones que cada magistrado tenga sobre la legitimidad de sus traslados”.
Para el magistrado -primer juez de la causa de presunto espionaje ilegal durante el macrismo- consideró que con este paso podrán “tener la certidumbre de seguir ejerciendo nuestra magistratura con todas las garantías que necesitamos para ello”.
Villena admitió que en su caso fue designado “con dos excepciones”, referidas a que “no llegaba a los cuatro años y se trataba de un cambio de cámara”. Sobre el juzgado que tiene a cargo, reveló que tiene “aproximadamente 2.500 causas en trámite, sobre narcotráfico, trata de personas, contaminación ambiental y secuestros extorsivos”.
Otro de los jueces que expuso este viernes fue Eduardo Farah, trasladado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional al Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 de Capital Federal y luego al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, provincia de Buenos Aires.
El magistrado, quien fue uno de los que dispuso la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, recordó: “Durante dos meses los medios de comunicación, prácticamente durante las 24 horas del día, criticaron ese fallo” y “pusieron en tela de juicio mi honestidad”.
“Fui denunciado por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y por cohecho”, señaló y argumentó que decidió su traslado, entre otros aspectos, para “ser investigado de un modo en que la función que yo ejercía no se interpretara como un obstáculo”.
Al momento de las preguntas, Parrilli analizó que se rató de “una maniobra perfecta” el hecho de que “Bruglia entró en lugar de Farah”.
Además se presentaron Verónica Skanata, con traslado del juzgado federal de primera instancia de Oberá al juzgado federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas; Gustavo Velázquez, trasladado del juzgado fderal nacional en lo Criminal y Correccional N°36 de Capital Federal al juzgado nacional de Menores N°7 de la Capital Federal; y Esteban Hansen, con traslado del juzgado federal de primera instancia de Libertador General San Martín al juzgado federal de primera instancia N°1 de Jujuy.
Los argumentos de Juntos por el Cambio para impugnar la audiencia
En la nota enviada a la comisión, los senadores aseguraron que la audiencia es “nula de nulidad absoluta”, porque “en la situación actual de los jueces sometidos a acuerdo, el Senado no tiene competencia para considerarlos”.
“No puede soslayarse que los pliegos incluidos en la audiencia pública en cuestión, consisten todos en jueces federales que han sido trasladados por decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, conforme al procedimiento vigente al momento de cada traslado (Resolución del Consejo de la Magistratura 155/2000) y al criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las Acordadas 4 y 7 del año 2018. Estos decretos del PEN se encuentran vigentes”, indicaron.
Los legisladores de la oposición remarcaron entonces que “siendo que los decretos” se “encuentran firmes y consentidos y, además, no fueron impugnados ni administrativa ni judicialmente, resulta evidente que, en el hipotético caso que tuviesen un vicio -lo cual, no ocurre-, solo podrían ser revisados -y, eventualmente, anulados- por el Poder Judicial”.
Por otra parte, cuestionaron la resolución del Consejo de la Magistratura, al considerarla también “nula de nulidad absoluta e insanable puesto que contradice palmariamente la normativa vigente en tanto, al pretender revisar lo dispuesto por un decreto del Poder Ejecutivo, se arroga facultades jurisdiccionales”.
“Además, esta revisión de los traslados efectuados, sin recurrir al procedimiento judicial pertinente, devienen en un mecanismo encubierto de remoción de magistrados, contrario a lo establecido por la Constitución Nación”, advirtieron y adelantaron que todos los actos que se realicen como consecuencia directa de esa resolución “se encuentran viciados de nulidad absoluta”.
Asimismo, los senadores de JxC cuestionaron la “celeridad” de este trámite, algo que “no se advierte en otros asuntos más relevantes para la actualidad nacional”. “Resulta evidente que, este conjunto de actos disparados a partir de lo actuado por el representante del PEN en el Consejo de la Magistratura, son un manifiesto avance sobre la estabilidad de los jueces federales que tienen a su cargo la tarea de investigar al poder político, afectando así de manera directa la independencia del Poder Judicial”, apuntaron.
En la misiva subrayaron que “de admitirse este procedimiento ilegítimo, se está poniendo en cuestión a su vez, a decenas de jueces que alguna vez han sido trasladados por el procedimiento vigente al momento del traslado”.
“Claramente, esta práctica de poner en cuestión permanente la estabilidad de los jueces federales, afecta la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la garantía del juez natural y se proyecta como un ataque al sistema político establecido en nuestra Constitución Nacional”, evaluaron.
También criticaron la modalidad virtual de la audiencia pública, puesto que “no se encuentra prevista en el Reglamento de este Honorable Senado de la Nación”, con lo cual es “improcedente y legalmente nula”. Además, manifestaron que la convocatoria no respetó “el plazo de al menos 15 días corridos” y afirmaron que recibieron “numerosos reclamos de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que no han podido hacer llegar sus observaciones” a los correos oficiales.
La nota fue firmada por Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Julio Cobos, Pamela Verasay, Oscar Castillo y Ernesto Martínez.
La respuesta del oficialismo
Luego que la secretaria de la comisión leyera rápidamente la nota, la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Sagasti, dijo que “parece que la oposición se está acostumbrando a impugnar el procedimiento de comisiones”.
Al informar que la nota entró por mail a las 10.05 y no había tenido “la posibilidad de hacer una contestación por escrito”, la mendocina contestó que “más allá de las valoraciones jurídicas sobre si corresponde o no otorgar acuerdo por parte de este Senado” lo que se hizo es aplicar “el trámite reglamentario correspondiente para dar aprobación o no a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo”.
“No es la primera vez que esta comisión funciona a través de la vía remota, es más, está en curso en el Senado la vía remota hace meses”, destacó y, respecto a la imposibilidad de ciudadanos y organizaciones para enviar sus observaciones, detalló: “Hemos recibido más de 240 impugnaciones, procesadas día por día por esta comisión y enviadas por correo a cada senador”.
Asimismo, la oficialista ratificó que “los correos oficiales funcionaron” porque “de hecho la carta de Juntos por el Cambio ingresó por esa vía”. “La no presencia ha sido una decisión dispuesta por Juntos por el Cambio que nos hemos anoticiado esta mañana”, completó.
En tanto, el chubutense Mario Pais resaltó que “ya con participación activa de la oposición se han realizado audiencias con los propuestos por el Poder Ejecutivo” para cubrir cargo de embajadores, que incluso fueron “ratificados por unanimidad” en el pleno, lo cual “deslegitima parte de esa nota”.
