Frederic abogó por una ley contra la violencia institucional a la que puedan adherir todas las provincias
La ministra de Seguridad consideró que hace falta una normativa porque existe “una gran disparidad” entre las distintas fuerzas policiales.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, abogó por una ley contra la violencia institucional a la que puedan adherir todas las provincias, en medio de numerosos casos que se registraron durante los meses del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La funcionaria remarcó que los distritos “tienen autonomía y pueden adoptar o no nuestras recomendaciones”, en referencia a la vinculación de la cartera que conduce con los hechos de violencia policial en distintos puntos del país.
La ministra mencionó que “hay en danza un proyecto de ley contra violencia institucional que tiene la pretensión de avanzar en ese sentido, para que haya un compromiso de las provincias de adherir y ajustarse a ciertos protocolos y procedimientos de investigación y de sanción de estos hechos”.
Para Frederic, hace falta una norma porque “se ve una gran disparidad en la formación, capacitación y modo de conducción de las policías” provinciales.
“También hay realidades muy diferentes, ya que la de la provincia de Buenos Aires es una prioridad muy complicada porque es una Policía muy grande: tiene tantos efectivos como el total de las fuerzas federales (90 mil) y fue muy castigada, desfinanciada, precarizada y con mucha exigencia”, explicó.
En declaraciones a la radio Futurock, consideró que una ley “contribuiría a equiparar un poco más las condiciones de trabajo y servicio y, algo que creo que debe llegar en algún momento, el reconocimiento a la Policía que trabaja bien y la distinción de aquellos que no lo hacen”.
“En cada denuncia hicimos lo mismo: presentar una carta al gobernador y ministro del área para plantear la importancia de seguir con las investigaciones, retirar a los involucrados de la investigación y pasarlos a disponibilidad, pedir información y ofrecer transferir nuestro programa de uso racional de la fuerza para que lo tomen en consideración y lo utilicen en el futuro”, contó.
La funcionaria aseguró que ese proceso se llevó a cabo en Buenos Aires, Chubut, San Luis, Tucumán y Chaco y “también a través del Consejo de Seguridad Interior, con reuniones virtuales, pero hasta ahí es adonde podemos llegar porque no tenemos capacidad de incidir normativamente sobre las provincias”.