El Frente de Todos en el Senado firmó dictamen de mayoría (11 votos afirmativos) al proyecto de ley que busca aumentar las multas por la pesca ilegal, durante una reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que comenzó con una fuerte discusión entre los senadores Alfredo De Angeli y José Mayans.

Tras la retirada de los legisladores de Juntos por el Cambio, que plantearon su rechazo a tratar una iniciativa que consideran inválida por la forma en que fue votada en la Cámara de Diputados, los oficialistas escucharon a los funcionarios que defendieron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En primer lugar expuso el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien señaló que el proyecto “viene a resolver un problema de administración” porque “la legislación vigente tiene un defecto central”. Y destacó que la iniciativa “no es una medida aislada”, sino que “forma parte de una política estratégica” de soberanía.

Al repasar las acciones realizadas en el área de pesca en estos meses, el funcionario aseguró que “el nivel de coordinación que existe entre distintos ministerios para garantizar la preservación y defensa de nuestros mares es para que nos sintamos orgullosos”.

“En los primeros meses tuvimos tres capturas de buques y el acompañamiento pleno de los Estados de las distintas banderas para acompañar las políticas de defensa de nuestro Estado Nacional”, señaló y abogó por “terminar de ajustar los aspectos punitorios de las infracciones que se cometen en nuestro mar argentino” mediante el proyecto.

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, consideró que este “es un tema central”, que “estaba entre las tres leyes que prometió el presidente el 1ro. de marzo”. “El sentido es defender la soberanía, entendida como una cuestión integral”, sostuvo.

Dijo asimismo que la iniciativa “tiene que ver con la defensa de los recursos naturales”, por eso lamentó “que cuando haya que discutir soberanía haya diputados o senadores que no estén presentes; porque la demarcación de la plataforma continental (que ya se convirtió en ley) estaba lista para hacerla en 2017, y por algo no se hizo durante estos años”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que “lo mismo pasó con las multas” a la pesca ilegal, y subrayó que necesitan una actualización porque “datan del año ’98 con el dólar 1 a 1. No resisten ni un segundo”.

Además, Filmus reveló que a principio de año el senador Esteban Bullrich solicitó discutir la iniciativa con las cámaras pesqueras, algo a lo que el Ejecutivo accedió y se llevaron a cabo reuniones con “la más absoluta apertura”. “Incluso nos hicieron sugerencias interesantes, y las hemos tomado. Por eso nos duele que no la hayan votado en Diputados y que vuelvan a excluirse”, agregó.

Encargado de explicar los aspectos del proyecto, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, resaltó que la propuesta busca que las multas “signifiquen materialmente una sanción”, debido a que las actuales “por producto de algunas corridas inflacionarias han perdido sustancialidad”.

“El proyecto trae no solamente una actualización de los montos, sino además un mecanismo que va a prever de cara al futuro que esto no vuelva a ocurrir”, indicó y detalló que se medirán en Unidades Pesca, siendo cada UP equivalente “a un litro de gasoil grado 2” que es el que se emplea para la pesca.

También, el funcionario ponderó que “antes de hablar de multas y decomiso”, lo “primero que va a tener que enfrentar el buque infractor” son los costos que el Estado haya tenido en realizar la operación de captura. “El Estado Nacional ya no va a quedar perdidoso”, subrayó.

Y resumió: “El proyecto salvaguarda los recursos económicos del Estado Nacional; obtenemos por vía del decomiso todo aquello que había obtenido el buque infractor; y además incrementa las multas”.

El proyecto modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Además, se incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán. En la actualidad, la norma prevé sanciones económicas que van de los 10 mil pesos a un millón de pesos.

La iniciativa indica que “la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil” y “la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”.

“Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”, agrega.

El proyecto establece que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, señala.

En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.

Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54 de la actual ley, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la iniciativa del Ejecutivo incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.

Críticas a Juntos por el Cambio

Al momento de las preguntas, los senadores oficialistas destacaron el proyecto y defendieron las políticas del Gobierno, pero también cuestionaron a los legisladores de Juntos por el Cambio, que se retiraron sin escuchar ni siquiera a los funcionarios.

“Durante los últimos cuatro años la cuestión Malvinas ha sido sumamente castigada, invisibilizada, silenciada”, comenzó la fueguina María Eugenia Duré, quien dijo que los opositores “ya nos tienen acostumbrados al show”. “No les importa la soberanía a la oposición, no les importa la cuestión Malvinas, como no les importó en cuatro años”, cargó.

En tanto, Jorge Taiana manifestó entender “la objeción”, pero apuntó que “la objeción en nada obstaba para que escucharan a los funcionarios e hicieran preguntas”. “Les preocupaba más el show que avanzar en el debate”, opinó y aseveró que “es una lástima porque estos son temas serios, trascendentes para Argentina, una política de Estado”.

El cordobés Carlos Caserio lamentó “el mamarracho” y agradeció a los funcionarios “haber pacientemente estado presentes con todo este circo”. “Ya se terminó la Argentina que habían creado los medios con el gobierno anterior que no tenía Congreso, porque no tenía mayoría, ni siquiera podía dar quórum en ninguna de las dos cámaras”, lanzó.

Muy duro, acusó a la principal fuerza de la oposición de tener “poco apego a recuperar un país que ellos mismos fundieron”. “Tienen muy poco para decir de Malvinas y de soberanía”, coincidió con sus pares y expresó que la gestión macrista tenía “una mentalidad entreguista, donde prácticamente faltaba que le pidan perdón a los ingleses porque nosotros seguíamos peleando por la soberanía”.

“Lo único que hacen con esta actitud, desde el momento en que terminó la elección en Argentina y el pueblo decidió que el presidente sea Alberto Fernández y la vicepresidenta sea Cristina Fernández de Kirchner, ha sido atacar y tratar de deteriorar toda la institucionalidad de la democracia“, sostuvo el pampeno Daniel Lovera.

Finalmente, el titular de la comisión, el puntano Adolfo Rodríguez Saá explicó que “un principio básico del derecho administrativo” es que “todos los actos administrativos se presumen legítimos”. “Lo que ha hecho la Cámara de Diputados se presume legítimo; sino simplemente este mediocre planteo significaría que cualquiera puede presentar un amparo y ya es nulo porque hizo un planteo”, argumentó y añadió: “Lo que están haciendo es un planteo político, crítico”.