En una reunión con duros cruces, el Frente de Todos cuestionó al jefe de los fiscales por no haberle tomado juramento aun al abogado designado por la Cámara alta para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público.
En un nuevo capítulo de la ofensiva contra el procurador general interino, Eduardo Casal, el oficialismo aprobó este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado una cuestión de privilegio contra el jefe de los fiscales, a quien acusaron de protagonizar un “alzamiento institucional inédito” contra la Cámara alta.
El planteo fue impulsado por Martín Doñate, titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y se originó en la demora de Casal en tomarle juramento a César Grau, el nuevo representante del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
Si bien Casal ya le puso fecha a la jura -este viernes 11-, el Frente de Todos impuso su mayoría para avalar la cuestión de privilegio, que fue rechazada por Juntos por el Cambio y el rionegrino Alberto Weretilneck.
Al inicio de la reunión virtual, presidida por María de los Ángeles Sacnun, Doñate afirmó que “la gravedad institucional del asunto que estamos abordando amerita el tratamiento de esta cuestión de privilegio”.
Recordó que el Senado, “en pleno ejercicio de sus facultades y de la Ley 27.148” votó en la anteúltima sesión una resolución para designar a los doctores César Grau y Heliana Magalí Gualteri como titular y suplente en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.
Esa designación, explicó el senador, “emerge de la ilegal designación que tuvieron los anteriores integrantes, porque no se cumplimentó lo que la ley establece, sino que fue a sola voluntad de las autoridades de la Cámara”, puntualmente la exvicepresidenta Gabriela Michetti.
Los representantes de la Cámara alta nombrados en la gestión anterior, y ahora desplazados, fueron los de Mario Laporta como vocal titular y Felipe Ricca como suplente.
“Frente a semejante desaguisado, el Senado modificó una decisión anterior y puso las cosas en su lugar” con “designaciones ajustadas a derecho”, aseguró el rionegrino.
Sin embargo, advirtió que Casal se negó a tomarle juramento a Grau en el plazo de dos días hábiles dispuesto por el Senado.
“Este fiscal se arroga facultades supraconstitucionales, viene a cuestionarnos y a observar la validez de nuestras decisiones”, cuestionó, y agregó: “Me pregunto si hizo lo mismo con las decisiones del anterior gobierno, que dispuso por decreto, de forma ilegal, a los integrantes del Senado (en el Tribunal). No, no lo hizo: no revisó la validez de esas designaciones”.
Doñate comentó que ante esta omisión, el oficialismo intimó a Casal mediante una nota, pero el jefe de los fiscales respondió “en franca rebeldía con este cuerpo”, argumentando que “los plazos fijados por el Senado” para la jura “no resultaban vinculantes”.
Finalmente, Doñate denunció un “alzamiento institucional inédito”. “Casal hace política, de la más obscena y berreta, alzándose con una irreverencia inconcebible. Está juzgando a la política, sin que nadie lo haya ungido para estar en ese cargo”, se quejó.
En nombre del principal espacio de la oposición, Laura Rodríguez Machado aclaró que “el Ministerio Público se ha pronunciado para el juramento de rigor que tanto le preocupa al senador Doñate” y “se ha fijado una fecha”.
Por esa razón, la cordobesa solicitó retirar del tratamiento la cuestión de privilegio, al considerar que “devino en abstracta”, y advirtió además que “nunca se trató una cuestión de privilegio en los cuatro años anteriores ni en este período” en el Senado.
Rodríguez Machado señaló en ese sentido que “no existe un reglamento” para tratar estas presentaciones en la comisión, “salvo que pretenda ser una apretada más contra el doctor Casal”.
“Pretenden ensuciar la trayectoria de una persona que no la puso Mauricio Macri; viene de planta, viene desempeñando históricamente su función, pero parece que les molesta, porque por fin hay una persona imparcial al frente del manejo de los fiscales, que son ni más ni menos que los que investigan las causas de corrupción”, lanzó.
En tono duro, Sacnun se defendió: “El término ‘apretada’ no cabe en términos institucionales. Lo que hemos hecho no fue más que cursar una misiva absolutamente consecuente con la decisión que tomó el pleno del Senado”.
Además, la presidenta de la comisión sostuvo que “de ninguna manera es una cuestión abstracta” la cuestión de privilegio, ya que se está evaluando una denuncia penal contra el procurador “por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, por más que hoy mismo tome juramento” a Grau.
Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó que “el Senado, por una resolución, no tiene potestad para fijar nuevos plazos que sean diferentes a los de la Ley Orgánica del Ministerio Público”. “Por un proyecto de resolución no pueden cambiarse los plazos para un órgano extrapoder a gusto y piacere de nuestro cuerpo”, insistió.
La tucumana explicó que “la asesoría legal le dijo al procurador que todo está en orden y entonces se convocó para el día 11 a que se tome juramento a los representantes elegidos por el Senado. Entonces, ¿dónde está la rebelión? ¿Dónde está la supuesta afrenta constitucional?”.
Asimismo, Elías de Pérez reprochó: “Están rigiendo plazos diferentes en todas partes por la pandemia y ustedes lo califican como una ‘parsimonia exacerbada’. Hay una obsesión enorme para buscar motivos de destitución contra el procurador general”.
En la misma línea, otro radical, Pablo Blanco denunció que “el oficialismo está llevando adelante una campaña de hostigamiento contra el procurador general porque no tienen los números para apartarlo y nombrar a (Daniel) Rafecas como garante de la impunidad K”.
Desde el Pro, Esteban Bullrich dijo que “hay una acción muy clara: están buscando embarrar las causas de corrupción. Este no es un hecho aislado: se enmarca en la reforma judicial, que fue un nombramiento masivo de jueces. Se busca amenazar al Poder Judicial para que se rinda ante el poder político. Se busca impunidad”.
Por el oficialismo, Guillermo Snopek recordó la “persecución sistemática” contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, “presionándola para que renuncie antes de que venciera su mandato”, y además llamó a mirar el caso de su provincia, Jujuy, donde “crearon el Ministerio Público de la Inquisición para perseguir a los diputados provinciales generando causas, y a nivel nacional crearon una ‘mesa judicial’ para crear causas contra quienes pensaban distinto”.
En tanto, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) recordó que en la sesión votó a favor de los nuevos integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, pero sobre la cuestión de privilegio de Doñate expresó: “No me siento agraviado, porque la demora de dos semanas no amerita una denuncia penal. Es un tema que ya está terminado. No vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto”.
Al cierre del debate, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, denunció un “no respeto del Congreso sobre un órgano extrapoder, que tiene sus plazos”. “Hay una clara invasión a la esfera de otro poder. El Ministerio Público Fiscal es autónomo y no está sujeto a instrucciones emanadas de órganos ajenos a su estructura”, puntualizó.
Naidenoff sugirió al oficialismo que ponga en tratamiento el pliego de Rafecas en lugar de intentar destituir a Casal. “Si ustedes quieren transitar el camino del republicanismo, sin atajos, reúnan los números. Y si no hay acuerdo, no hay acuerdo”, dijo.
Por último, la vicepresidenta del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, advirtió: “Se ha dicho que queremos apretar, que buscamos la impunidad, que queremos hacer zafar de la cárcel a funcionarios, cuando lo que queremos es hacer cumplir que el procurador tome juramento a los representantes del Senado”.
La mendocina aclaró que a diferencia de Casal, el Ministerio Público de la Defensa le tomó juramento “en 48 horas” a los designados por el Senado. “Esto no es un amedrentamiento: estamos cumpliendo con lo que indica la ley y la Constitución. Espero que el procurador entienda que estamos cumpliendo nuestra función”, manifestó.
Hacia el final, cuestionó a la oposición por haber judicializado la sesión en la que se aprobó la ley de asistencia al turismo, y por haber impugnado el tratamiento del proyecto contra la pesca ilegal este mismo miércoles. “Cualquier tema que el Ejecutivo establezca como prioridad, va a encontrar un ‘pero’”, lamentó.
